ROMA - Calificando la medida de "incomprensible", el Vaticano confirmó el sábado que su representante en Nicaragua ha sido expulsado por el gobierno del presidente Daniel Ortega.
En un comunicado, el Vaticano recibió "con sorpresa y dolor" la comunicación de que el gobierno de Nicaragua decidió retirar la aceptación diplomática del arzobispo polaco Waldemar Stanislaw Sommertag, quien se desempeñaba como nuncio o embajador del Papa en el país desde 2018.
Según el Vaticano, se le obligó "a abandonar el país inmediatamente después de notificarle esta medida."
Aunque el Vaticano calificó oficialmente la medida como "incomprensible", fuentes han dicho a Crux que consideraban esa posibilidad desde el 18 de noviembre de 2021, cuando el gobierno nicaragüense anuló por decreto la figura de "decano del cuerpo diplomático". En la mayoría de los países de mayoría católica, el nuncio papal ejerce tradicionalmente como decano del cuerpo diplomático.
Sommertag fue destituido como decano poco después de que empezara a utilizar el término "presos políticos", que había evitado durante los tres años anteriores, cuando actuaba como interlocutor entre bastidores entre el gobierno y las familias de las personas encarceladas por el gobierno de Ortega.
Entre los detenidos se encuentran todos los candidatos de la oposición que habían manifestado su intención de enfrentarse a Ortega en las elecciones presidenciales celebradas el año pasado.
En su comunicado, el Vaticano elogió la labor de Sommertag como mediador para la liberación de muchos de estos líderes políticos.
La "disposición es incomprensible ya que, durante su misión", Sommertag "trabajó incansablemente por el bien de la Iglesia y del pueblo nicaragüense, especialmente por los más vulnerables, buscando siempre favorecer las buenas relaciones entre la Sede Apostólica y las Autoridades de Nicaragua."
"Su participación como testigo y acompañante de la Mesa de Diálogo Nacional entre el Gobierno y la oposición política, en vista de la reconciliación nacional y la liberación de los presos políticos, merece una mención especial", dijo el Vaticano.
Normalmente, cuando se expulsa a un embajador de un país, la otra nación también expulsa al enviado del primero. Sin embargo, la embajadora nicaragüense Eliette Ortega Sotomayor dejó su puesto en agosto de 2021 tras sólo seis meses y Ortega nunca la sustituyó, por lo que el papel está vacante.
La situación entre la Iglesia y el Estado es tensa desde hace tiempo en Nicaragua, pero se complicó aún más durante, y después, de una revuelta civil en 2018. La chispa que encendió el fuego de las protestas masivas fue un anuncio del gobierno de cambios en el sistema de pensiones que habría tenido un impacto profundamente negativo en los ancianos.
Desde la revuelta de 2018, las iglesias católicas han sido atacadas, incluida la catedral de Managua en 2020. En 2019, el obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, fue esencialmente obligado a abandonar su diócesis a petición del Papa Francisco, tras recibir varias amenazas de muerte.
El año pasado, los Ortegas llamaron a los obispos "golpistas", "hijos del diablo", "agentes extranjeros", y también los acusaron de predicar un falso cristianismo. Han enviado a la policía para intimidar a los obispos y sacerdotes, e incluso han instalado una caseta policial frente a la casa del cardenal Leopoldo Brenes Solórzano, arzobispo de Managua.
Se desconoce si Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, aceptarían otro nuncio papal, pero fuentes han dicho a Crux que, por el momento, el Vaticano no tiene previsto enviar un sustituto.
El aumento de la persecución de la jerarquía católica local ha merecido la atención de la Comisión para la Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos. La situación pone al Vaticano en un aprieto, ya que los obispos del país han sido reconocidos durante mucho tiempo como las únicas voces de la "oposición" que no han sido encarceladas.
La expulsión de Sommertag deja a esos obispos más desprotegidos, por lo que se espera que la embajada del Vaticano en Nicaragua siga abierta a pesar de la ausencia de un embajador, al menos mientras el gobierno lo permita.
