El gobierno de Nicaragua, bajo la dirección de Daniel Ortega, ha anunciado la liberación de 12 sacerdotes católicos que estaban injustamente encarcelados. Los mismos fuero "transladados" a Roma. La movida se da en respuesta a un acuerdo alcanzado con la Santa Sede tras "fructíferas conversaciones".
Sin embargo, la lista de sacerdotes liberados no incluye al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, quien fue sentenciado a 26 años y cuatro meses de prisión por "traición a la patria" en febrero. Su notable ausencia ha levantado interrogantes, ya que Álvarez ha sido una de las voces más críticas de la Iglesia en oposición al gobierno sandinista.
El Vaticano no ha confirmado- ni negado- la información del comunicado del gobierno de Nicaragua, recogida por Associated Press.
El gobierno nicaragüense ha destacado que este acuerdo refleja su "voluntad y compromiso permanente de encontrar soluciones" en medio de la actual crisis política y social que enfrenta el país. Los sacerdotes liberados serán recibidos en Roma por personal de la Secretaría de Estado del Vaticano.
El comunicado no hace referncia, sin embargo, al hecho de que Nicaragua rompió unilateralmente relaciones diplomáticas con la Santa Sede, primero declarando al embajador del Papa persona non granta, y luego "interrumpiendo" el diálogo diplómatico después de que el Papa Francisco criticara públicamente a Ortega y el encarcelamiento de Monseñor Álvarez.
Un manifestante sostiene un crucifijo durante una protesta contra el gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega en Managua el 15 de mayo de 2018. (Foto OSV News/Oswaldo Rivas, Reuters)
Martha Patricia Molina, una investigadora nicaragüense exiliada, ha tachado el envío de los sacerdotes a Roma como un "traslado forzoso", insinuando que esta decisión de Ortega busca debilitar a la Iglesia Católica en el país. Molina advierte que, a pesar de esta liberación, las tensiones entre el gobierno y el Vaticano persistirán, con posibles futuros ataques y encarcelamientos.
Sin ir más lejos, en estos días se conocío la noticia de que 8 sacerdotes han sido transferidos a una cárcel local conocida por los abusos y torturas.
El clero nicaragüense ha denunciado en varias ocasiones la creciente represión gubernamental, que se ha manifestado en la forma de vigilancia durante servicios religiosos, agresiones y medidas legales como detenciones y confiscaciones de propiedades.
Esta situación se enmarca en un contexto más amplio en el que, en febrero pasado, más de 200 presos políticos fueron expulsados a Estados Unidos, la mayoría de ellos críticos del gobierno de Ortega.
