El gobierno del presidente Daniel Ortega convenció a 222 presos políticos de que firmaran su propia deportación, y los envió en un avión con rumbo a Estados Unidos, informó el exembajador nicaragüense en la OEA, Arturo McFields, y familiares de los detenidos.

Fuentes con conocimiento de la causa, confirmaron a Ángelus que los 4 sacerdotes, dos seminaristas y el camarógrafo arrestados junto a Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, se encuentran entre los que aceptaron ser deportados.

Monseñor Álvarez, sin embargo, quien tiene un juicio programado para el 15 de Febrero, acusado de atentar contra la integridad del estado y difundir noticias falsas, se habría negado a firmar su deportación. El prelado, de 56 anos, se había visto obligado al exilio en la década del ’80, cuando Ortega llego al poder por primera vez.

Citando fuentes del Departamento de Estado, McFields dijo este jueves que en un avión que salió de Managua por la mañana “viajan 222 presos políticos” rumbo a Washington. “Vinieron los que querían venir, entre ellos sacerdotes”, agregó.

Ninguno de los dos gobiernos confirmó de inmediato las liberaciones.

McFields no precisó cuántos ni quiénes continuarían detenidos en Nicaragua. Según cifras de la oposición nicaragüense, la cifra de “presos políticos” ascendía a 245 personas hasta esta semana.

Por su parte, la periodista Berta Valle, esposa del excandidato presidencial opositor Félix Maradiaga, dijo que el Departamento de Estado le confirmó la noticia y que su marido es uno de los excarcelados que viaja en el avión.

Obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua, Álvarez fue puesto bajo arresto domiciliario la madrugada del viernes 19 de agosto por agentes policiales. Esto vino después de 15 días de confinamiento forzoso en el palacio episcopal junto a cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo.

El gobierno de Ortega y Rosario Murillo comenzó a reprimir a la oposición en abril de 2018, cuando una serie de protestas pacíficas fueron violentamente oprimidas por el ejército, la policía y grupos paramilitares. Los obispos fueron entonces llamados a coordinar una mesa de dialogo, pero cuando este intento de dialogo fracaso ante la negativa de los mandatorios a dimitir, el matrimonio presidencial condenó a la jerarquía católica, tildando a los obispos de golpistas financiados por poderes extranjeros.

En el ultimo ano, sin embargo, la opresión contra la Iglesia Católica se fue incrementando, luego de que el gobierno encarcelara a todos los lideres políticos de la oposición, incluidos los candidatos a presidente que amagaron con presentarse a las elecciones nacionales del 2022.

El marzo de 2022, Ortega expulsó al nuncio papal, el principal diplomático del Vaticano en Nicaragua. En septiembre, el gobierno expulsó a las monjas de la orden religiosa de las Hermanas de la Caridad de la Madre Teresa y prohibió los trabajos de la mayoría de las ONGs con vínculos con la Iglesia católica. El 19 de agosto arresto a Monseñor Álvarez y siete de sus colaboradores, incluidos 4 sacerdotes.