Una jueza nicaragüense condenó el lunes a cuatro sacerdotes católicos a 10 años de prisión, tras acusarlos de "traición a la patria" y "difusión de noticias falsas", en medio de lo que los grupos de derechos humanos califican de creciente represión contra los críticos del presidente Daniel Ortega.
Dos seminaristas católicos que estudiaban para el sacerdocio también fueron condenados a una década entre rejas por los mismos cargos.
Los sentenciados son los sacerdotes Ramiro Tijerino, rector de la Universidad Juan Pablo II y encargado de la parroquia San Juan Bautista; José Luis Díaz y Sadiel Eugarrios, primer y segundo vicario de la catedral Matagalpa de San Pedro, respectivamente, y el diácono Raúl Vega González.
También los seminaristas Darvin Leiva Mendoza y Melkin Centeno, y al camarógrafo Sergio Cárdenas.
Los siete estaban presos desde el 19 de agosto de 2022, cuando fueron detenidos junto a Monseñor Rolado Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, de donde provienen todos.
Álvarez, de 56 años y muy crítico con el Gobierno de Daniel Ortega, enfrentará el juicio para responder por los mismos delitos que los sacerdotes el próximo 28 de marzo.
La jueza Nadia Camila Tardencilla, titular del Juzgado Segundo Distrito de los Penal de Managua anunció la sentencia en una audiencia celebrada a puertas cerrada, indicó la Unidad de Defensa Jurídica, integrado por abogados que defienden a los religiosos.
En la última semana también fue condenado a 10 años de prisión por el delito de "traición a la patria" el sacerdote Óscar Danilo Benavidez Dávila, párroco de la parroquia Espíritu Santo, en el municipio de Mulukuku, en la Región Autónoma del Caribe Norte de Nicaragua.
"Condenamos estas acciones perversas del régimen, que violan los derechos humanos", escribió el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos en un mensaje en Twitter.
El grupo también pidió la liberación inmediata de los hombres.
Diversos grupos de derechos humanos han acusado al Presidente Daniel Ortega de violar la libertad religiosa, dentro del marco de un atropello generalizado de la libertad del pueblo a contradecir al régimen que lidera desde el 2007 junto a su mujer, la vicepresidente Rosario Murillo.
Ortega acusó a los obispos católicos de intentar derrocarlo cuando sirvieron como mediadores con grupos de protesta durante los disturbios de 2018 que se cobraron más de 300 vidas.
Desde entonces, el gobierno de Ortega ha expulsado a monjas y misioneros católicos, ha cerrado emisoras de radio y televisión católicas y ha detenido a más de una docena de sacerdotes.
Según la sentencia, la jueza Tardencilla impuso al grupo de religiosos cinco años de cárcel por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, y otros cinco por el delito de propagación de noticias falsas, ambos en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad, además de las "penas accesorias", detalló la Unidad de Defensa Jurídica.
Las penas accesorias, según ese grupo de abogados, consisten en "800 días multas, inhabilitación de forma perpetua para ejercer la función pública en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular e inhabilitación perpetua de sus derechos ciudadanos".
