En medio de una crisis social y política cada vez más profunda, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha presentado una reforma constitucional que consolida su control sobre todas las esferas del país, incluida la Iglesia Católica. El artículo 14 de esta propuesta, actualmente en trámite en la Asamblea Nacional, busca limitar la influencia de instituciones religiosas extranjeras y restringir las actividades religiosas bajo el pretexto de preservar el orden público.
El paquete de reformas, enviado el martes a la Asamblea Nacional por el presidente Daniel Ortega con “carácter de urgencia”, fue aprobado en primera legislatura con el voto de la mayoritaria bancada sandinista el viernes 22 de noviembre y podría ser aprobado- y adoptado- de manera definitiva en enero.
Un modelo de control a la "manera china"
Monseñor José Antonio Canales, obispo de la Diócesis de Danlí en Honduras, describió la reforma como un intento de replicar el modelo chino de control sobre las instituciones religiosas. En declaraciones a 100% Noticias, afirmó: “Quieren una Iglesia sumisa a ellos, sin comunión con Cristo ni con el sucesor de Pedro”. Según el obispo, este modelo, que ha fracasado incluso en China por su impacto negativo en las relaciones con la Santa Sede, refleja la intención de Ortega de designar obispos leales al régimen.
“El gobierno va a querer nombrar a los obispos, manipular todo aquello. Esto ya se veía venir porque, en Nicaragua, quieren convertir el país en una isla y cortar toda conexión extranjera en todos los aspectos. Ya es claro que ha sido una constante con la eliminación de las ONG”, añadió Monseñor Canales. Esta política ya ha sido evidente en la eliminación de ONG extranjeras y la suspensión de relaciones diplomáticas con el Vaticano.
El artículo 14 y su impacto en la Iglesia
El polémico artículo 14 establece que el Estado garantiza la libertad de culto, fe y prácticas religiosas, pero con una “estricta separación entre el Estado y las iglesias”. Sin embargo, advierte que “al amparo de la religión, ninguna persona u organización puede realizar actividades que atenten contra el orden público” y prohíbe cualquier tipo de control extranjero sobre las organizaciones religiosas. Según expertos y líderes religiosos, estas disposiciones son una herramienta para justificar la persecución de aquellos que critiquen al régimen.
Fuentes de la Iglesia confirmaron a Angelus que esta medida podría ser utilizada para consolidar el control estatal sobre la Iglesia, limitando su autonomía y bloqueando su conexión con la Santa Sede. La expulsión de tres obispos en el último año, incluido Monseñor Carlos Enrique Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua la semana pasada, es una clara señal de esta tendencia. Herrera fue forzado al exilio tras denunciar públicamente un sacrilegio perpetrado por un alcalde sandinista, convirtiéndose en el tercer obispo expulsado por el régimen en lo que va del año. Los otros dos son los obispos excarcelados Rolando Álvarez, de la diócesis de Matagalpa, e Isidoro Mora, de la diócesis de Siuna. Al menos estos últimos dos, por cuanto pudo saber Ángelus, siguen teniendo el rol de pastores en sus respectivas diócesis, y así será hasta que el Vaticano diga lo contrario.
Una Iglesia bajo asedio
La Iglesia Católica en Nicaragua enfrenta la peor persecución de su historia, según el Colectivo Nicaragua Nunca Más. Esta situación ha sido exacerbada por el distanciamiento diplomático entre Nicaragua y el Vaticano, tras la expulsión del nuncio apostólico y el retiro de la embajadora nicaragüense ante la Santa Sede.
En declaraciones hechas esta semana, el Cardenal Baltazar Porras, arzobispo emérito de Caracas, Venezuela, describió a la Iglesia nicaragüense como una "Iglesia mártir," enfrentando una persecución implacable por parte del régimen de Ortega y Murillo. “En estos momentos no hay duda que la Iglesia de Nicaragua es una iglesia mártir, es una Iglesia que está siendo sometida, pues prácticamente a desaparecer. Vemos como cinco obispos nada más, no hay representante pontificio, y cantidad de sacerdotes y de laicos exiliados,” señaló el cardenal.
La reforma constitucional de Ortega no solo amenaza la libertad religiosa, sino que profundiza la represión de la sociedad civil y consolida un modelo de gobierno autoritario. La comunidad internacional, incluida la Organización de Estados Americanos (OEA), ha condenado esta iniciativa como una violación flagrante de los derechos humanos.
