Un grupo de obispos de Estados Unidas, que en su mayoría dirigen diócesis cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, escribió el 20 de mayo una carta a los miembros del Congreso en la que expresaban su "profunda preocupación" por la legislación presupuestaria que destinaría 72.000 millones de dólares adicionales para medidas de aplicación de las leyes de inmigración.
La carta se envió el mismo día en que los republicanos del Senado en el Comité de Presupuesto impulsaron la medida, y al día siguiente de que fuera impulsada por el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado.
La carta a los miembros del Congreso fue firmada por 14 obispos estadounidenses, entre ellos el arzobispo Gustavo García-Siller de San Antonio; el arzobispo John C. Wester de Santa Fe, Nuevo México; el obispo Mark J. Seitz de El Paso, Texas; y el obispo Michael M. Pham de San Diego, California.
Escribieron que los posibles fondos adicionales seguirían a una legislación anterior que ya "proporcionó una cifra sin precedentes de 142.000 millones de dólares al DHS (Departamento de Seguridad Nacional) para el arresto, la detención y la deportación de inmigrantes en todo el país", haciendo referencia a la ley conocida como a la Ley One Big Beautiful Bill, que promulgó puntos clave de la agenda legislativa del presidente Donald Trump en temas que incluyen impuestos e inmigración.
"Como pastores, seguimos profundamente preocupados por la forma en que los inmigrantes --cuya gran mayoría no ha cometido ningún delito y ha contribuido al desarrollo del país-- se han convertido en blanco de detenciones, viendo violadas a diario su dignidad y sus derechos humanos, dones otorgados por Dios", escribieron.
Haciendo referencia a una declaración anterior emitida en febrero por muchos de los mismos obispos firmantes antes del primer discurso sobre el Estado de la Unión de Trump en su segundo mandato, los obispos instaron a los legisladores a exigir al DHS que introduzca cambios en sus prácticas de control migratorio actuales "para garantizar que se respeten plenamente los derechos humanos y la dignidad de todas las personas", tales como protecciones más sólidas para el debido proceso, esfuerzos para prevenir la separación de familias y la garantía de que lugares sensibles como lugares de culto, escuelas y hospitales estén a salvo de las acciones de aplicación de la ley.
"Les pedimos que apoyen estos cambios recomendados y trabajen para incluir tantos de ellos como sea posible en esta segunda medida de reconciliación. Si no se incluyen ninguno de estos cambios en el proyecto de ley o si son insuficientes estos requisitos de aplicación de la ley de inmigración, les pedimos respetuosamente que se opongan a la legislación", dijeron.
Otra parte del paquete de financiamiento, que otorgaría mil millones de dólares para proyectos del Servicio Secreto, como "mejoras" al salón de baile de la Casa Blanca de Trump, aún se debatía en comisión.
El debate sobre el paquete se produce en un momento en que las encuestas muestran que la opinión pública está cada vez más descontenta con las políticas de control migratorio de la administración Trump. Una encuesta del AP-NORC Center publicada en mayo reveló que el 61% opinaba que Estados Unidos solía ser un gran lugar para los inmigrantes, pero que ya no lo es, y solo el 27% consideraba que el país es actualmente un gran lugar para los inmigrantes. Otro 10% afirmó que Estados Unidos nunca fue un gran lugar para los inmigrantes.
Un estancamiento entre los legisladores en torno al debate sobre posibles reformas relativas a los agentes federales de inmigración dio lugar a un prolongado cierre parcial del DHS tras las muertes de Renee Good y Alex Pretti, dos ciudadanos estadounidenses asesinados por agentes federales en incidentes separados en Minnesota.
Los legisladores acordaron recientemente un paquete para financiar el resto de ese departamento, pero aún no han llegado a un acuerdo sobre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza.
