Cientos de líderes religiosos y organizaciones han instado a la Administración Trump a prorrogar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para El Salvador antes de que expire en septiembre.
La designación del TPS otorga al Gobierno de EE.UU. la facultad de proteger de la deportación a los migrantes que cumplan los requisitos, siempre que procedan de países que atraviesen situaciones de peligro, como guerras, catástrofes u otros disturbios. Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), la designación del TPS para El Salvador está prevista que expire el 9 de septiembre. La eliminación de ese estatus legal afectaría a unos 170.000 ciudadanos salvadoreños en EE.UU., según el Servicio de Investigación del Congreso.
En una carta del 21 de agosto dirigida al presidente Donald Trump, al secretario de Estado Marco Rubio y al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, más de 270 líderes religiosos y organizaciones —entre ellos varios obispos estadounidenses y numerosos grupos católicos, incluida la Red Legal Católica de Inmigración (CLINIC, por sus siglas en inglés)— argumentaron que Mullin debería prorrogar la designación del TPS de El Salvador para evitar afectar a las comunidades en Estados Unidos donde los migrantes salvadoreños han echado raíces y para evitar la separación familiar debido a las condiciones de peligro persistentes en ese país.
"Creemos que enviar a cientos de miles de salvadoreños amparados por el TPS de vuelta a un país inestable y desconocido para ellos, que carece de la capacidad para sostener a sus propios ciudadanos, supone un peligro para esas personas y una decisión que tendría graves consecuencias negativas durante los próximos años", se afirma en la carta. "Un análisis detallado de las condiciones actuales en El Salvador, la consideración de sus contribuciones a Estados Unidos como beneficiarios del TPS y la obligación de la Administración de respetar el marco legal que rige el TPS, respaldan una prórroga de la designación del TPS para El Salvador".
En su carta, los firmantes añadieron que, aunque "todos procedemos de diversas corrientes religiosas, tenemos el propósito común de respetar la vida humana, defender la dignidad inherente a cada persona, mantener la unidad familiar y proteger a quienes no pueden regresar de forma segura a su país de origen debido a conflictos, desastres naturales u otras circunstancias extraordinarias".
Entre los numerosos firmantes católicos de la carta se encuentran el arzobispo Thomas G. Wenski, de Miami; el arzobispo Gregory J. Hartmayer, de Atlanta; los obispos auxiliares de Atlanta, y el obispo Stephen D. Parkes, de Savannah. La Oficina Maryknoll para Asuntos Globales, la Red de Solidaridad Ignaciana y CLINIC también están entre los numerosos grupos católicos que firmaron la carta, al igual que órdenes religiosas como las Hermanas de la Misericordia y las Hermanas de San Francisco de la Adoración Perpetua.
En un comunicado, Elnora Bassey, abogada de CLINIC especializada en políticas, argumentó: "Devolver a los beneficiarios salvadoreños del TPS a unas condiciones inseguras, en un momento en el que los deportados en El Salvador están siendo detenidos sin representación legal adecuada, secuestrados o se enfrentan potencialmente a otros tipos de daños, es cruel y puede tener un impacto perjudicial a largo plazo en quienes se ven obligados a regresar".
"En un momento en el que los inmigrantes están siendo blanco de ataques y las protecciones legales son cada vez menos accesibles para quienes las necesitan, la Administración tiene la oportunidad de tomar una decisión que demuestre su capacidad para proteger a las poblaciones vulnerables y que somos una nación que muestra compasión por todas las personas, independientemente de su situación", afirmó Bassey.
A principios de este año, la Corte Suprema de EE.UU. permitió a la Administración Trump poner fin a la designación del TPS para los ciudadanos haitianos y sirios. Los líderes católicos también han instado a que se proteja a los ciudadanos de esos países que se verían expuestos a condiciones peligrosas en sus países de origen.
