El 30 de junio, la Corte Suprema de los Estados Unidos ratificó las leyes de los estados de Idaho y West Virginia que exigen a los estudiantes deportistas competir en equipos deportivos correspondientes a su sexo biológico, en lugar de a su identidad de género auto percibida.
El fallo se produce después de que, en 2025, el alto tribunal ratificara una ley del estado de Tennessee que prohibía ciertos tipos de procedimientos médicos o quirúrgicos de reasignación de género para menores que se identifican como transgénero.
En una opinión mayoritaria, el magistrado Brett Kavanaugh escribió que el Título IX "permite a las escuelas ofrecer equipos deportivos separados para mujeres y hombres definidos por el sexo biológico".
El tribunal también determinó que "West Virginia e Idaho no violaron la Cláusula de Igualdad de Protección de la Decimocuarta Enmienda al mantener equipos deportivos femeninos para mujeres biológicas".
"Para ofrecer igualdad de oportunidades a las atletas, las escuelas no se limitan simplemente a mantener, por ejemplo, un equipo de fútbol, uno de baloncesto, uno de hockey sobre hielo y uno de lacrosse que estén abiertos por igual a deportistas mujeres y hombres", escribió. "Ese enfoque negaría la igualdad de oportunidades a las atletas porque, como todos reconocen, las mujeres y los hombres presentan diferencias físicas inherentes que son relevantes para el rendimiento deportivo".
Kavanaugh señaló que, para "garantizar la igualdad de oportunidades para las atletas, las escuelas suelen mantener equipos deportivos separados para mujeres y hombres", y que las normas del Título IX "exigen que las escuelas proporcionen a los equipos femeninos y masculinos equipamiento, instalaciones, horarios y aspectos similares que sean equivalentes".
"La cuestión que se le plantea a la Corte es: ¿En virtud del Título IX y de la Cláusula de Igualdad de Protección de la Decimocuarta Enmienda (de la Constitución de EE.UU.), pueden las escuelas mantener los deportes para mujeres y niñas reservados a las mujeres biológicas? En otras palabras, ¿pueden las escuelas determinar la elegibilidad para los deportes de mujeres y niñas basándose en el sexo biológico? La respuesta es sí", escribió.
Kavanaugh añadió que, si bien 27 estados "han promulgado leyes que reservan los deportes para mujeres y niñas a mujeres biológicas", el fallo se limitaba a considerar las leyes promulgadas por Idaho y West Virginia.
A la opinión de Kavanaugh se sumaron el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, y los magistrados Amy Coney Barrett, Clarence Thomas, Neil Gorsuch y Samuel Alito. Gorsuch y Thomas también presentaron opiniones concurrentes. La magistrada Sonia Sotomayor presentó una opinión concurrente en parte y disidente en parte, a la que se adhirieron las juezas Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson. Jackson también presentó una opinión concurrente con el fallo en parte y disidente en parte.
En su opinión concurrente en parte y disidente en parte, Sotomayor escribió: "Este litigio implica cuestiones profundamente delicadas, polémicas y en constante evolución".
"Estas circunstancias exigen ejercer moderación judicial, no apresurarse a responder de manera concluyente preguntas difíciles sin un desarrollo probatorio suficiente", afirmó.
"Al optar, por lo contrario, la mayoría muestra gran empatía hacia aquellos a quienes favorece: las niñas y mujeres cisgénero que practican deportes. Yo comparto esa empatía. La práctica deportiva puede reportar beneficios incalculables, y es comprensible que muchos se interesen por garantizar que la participación siga siendo justa y segura", dijo. "Sin embargo, dado que la mayoría impone una carga a aquellos a quienes no favorece sin brindarles la oportunidad justa y plena que exige la Constitución para litigar sus argumentos, disiento respetuosamente".
Los casos, que el tribunal examinó mediante alegatos orales conjuntos en enero, versaban sobre impugnaciones a dichas leyes presentadas por estudiantes que buscaban competir en equipos deportivos femeninos --uno en un equipo de campo traviesa (también conocido como cross country) de secundaria en West Virginia y otro en un equipo universitario de atletismo y campo traviesa en Idaho— que no correspondían a su sexo biológico. Los fiscales generales de dichos estados solicitaron al alto tribunal que ratificara las leyes de sus respectivos estados, las cuales habían sido bloqueadas previamente por tribunales de instancias inferiores.
Durante los alegatos orales del 13 de enero sobre los casos conjuntos de Idaho y West Virginia, los demandantes argumentaron que las prohibiciones contravenían la Cláusula de Igualdad de Protección --parte de la Enmienda 14--, ya ??que discriminan por motivos de sexo. Por su parte, los estados sostuvieron que sus leyes tienen como objetivo preservar el deporte femenino para las mujeres.
En un escrito de "amicus curiae" presentado en el marco de estos casos, la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos sostuvo que, "si las escuelas católicas se vieran obligadas a permitir que los varones compitieran en sus equipos femeninos, o contra ellos, tendrían que abandonar los programas deportivos o dejar de aceptar fondos federales. Esto se debe a que permitir dicha competencia socavaría las enseñanzas católicas fundamentales sobre las diferencias inmutables, dadas por Dios, entre los sexos".
"Ciertamente, el Título IX contempla una exención para las escuelas religiosas que estén 'controladas por una organización religiosa'; dicha exención se aplica a aquellos requisitos que sean incompatibles con los principios religiosos de la organización", continuaba el escrito. "Sin embargo, tal exención carece de un desarrollo normativo suficiente. Además, obligar a las escuelas a acogerse a ella supondría importantes costos de litigio, malgastando así unos recursos que se emplearían mejor en beneficio de los alumnos".
En unas directrices sobre políticas y prácticas de atención médica publicadas en marzo de 2023, el Comité de Doctrina de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos manifestó la oposición de la Iglesia a aquellas intervenciones que "implican el uso de técnicas quirúrgicas o químicas destinadas a cambiar las características sexuales del cuerpo de un paciente por las del sexo opuesto o por simulaciones de las mismas".
"Cualquier intervención tecnológica que no se ajuste al orden fundamental de la persona humana como unidad de cuerpo y alma, incluida la diferencia sexual inscrita en el cuerpo, en última instancia no ayuda, sino que perjudica a la persona humana", afirmaba el documento.
No existen datos claros sobre cuántos estudiantes deportistas que se identifican como transgénero compiten en equipos distintos a los correspondientes a su sexo biológico en Estados Unidos, ya que muchas asociaciones deportivas no llevan un registro de estas cifras. Charlie Baker, presidente de la NCAA y exgobernador republicano de Massachusetts, declaró ante una comisión del Senado en diciembre de 2024 que, del total de más de 500.000 estudiantes deportistas universitarios que formaban parte de la organización en aquel momento, estimaba que menos de 10 se identificaban como transgénero.
Un estudio de 2022 del Instituto Williams de la UCLA reveló que en Estados Unidos hay aproximadamente 1,6 millones de personas que se identifican como transgénero, y que cerca de la mitad de esa población tiene entre 13 y 24 años.
Sin embargo, un estudio publicado en "JAMA Pediatrics" en enero de 2025 halló que menos de 1.000 adolescentes estadounidenses --con seguro médico comercial y un diagnóstico relacionado con el género-- recibieron bloqueadores de la pubertad entre 2018 y 2022, y ninguno de ellos era menor de 12 años. El estudio no incluyó a menores cubiertos por Medicaid.
