En noviembre, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas llevará a cabo el Examen Periódico Universal de Grecia e Irlanda, un proceso que evalúa aproximadamente cada cuatro años y medio el historial de derechos humanos de todos los Estados miembros de la ONU.
Organizaciones que trabajan por la abolición de la gestación subrogada están aprovechando este momento para cuestionar los marcos legales de ambos países en esta materia. La práctica figuró entre las 13 violaciones de la dignidad humana condenadas en la declaración vaticana Dignitas infinita, publicada en abril de 2024.
Entre los grupos que expresaron su preocupación se encuentra Juristes pour l’Enfance, una asociación francesa de profesionales del derecho dedicada a la defensa de los derechos de los niños. La organización presentó dos observaciones formales ante el Consejo de Derechos Humanos, en las que sostiene que Irlanda y Grecia han revestido de compasión y altruismo lo que, en esencia, sigue siendo un acuerdo comercial, cuyas consecuencias terminan recayendo sobre los niños.
EWTN News habló con Matthieu Le Tourneur, jurista francés de Juristes pour l’Enfance, quien explicó que la principal preocupación de la organización es que “un niño nunca debe ser objeto de un contrato”, ya que eso lo convierte en una mercancía. Añadió que “la gestación subrogada, ya sea comercial o presentada como altruista o regulada, implica tratar a un ser humano como un bien. Esto es inaceptable”.
“Los niños no son contratos”, afirman los defensores de la abolición
De los 27 Estados miembros de la Unión Europea, 16 prohíben expresamente la gestación subrogada y 7 carecen de un marco legal claro. Sólo cuatro —Grecia, Irlanda, Chipre y Portugal— la permiten formalmente.
Grecia e Irlanda son consideradas las jurisdicciones con las aperturas legales más amplias para la gestación subrogada, aunque ambas describen sus sistemas principalmente como “altruistas”, es decir, sin pago directo a la mujer gestante por llevar adelante el embarazo y dar a luz al niño.
Juristes pour l’Enfance cuestiona esa caracterización. Le Tourneur explicó que, conforme a la Ley de Salud (Reproducción Humana Asistida) de 2024 de Irlanda, una gestante puede recibir compensación por hasta 12 meses de ingresos perdidos, además del reembolso de una amplia gama de gastos. En Grecia, se permiten pagos fijos de 10.000 euros —que pueden aumentar a 15.000 euros en caso de embarazos múltiples— como compensación por lo que la ley denomina “sufrimiento” o “fatiga”.
“¿Altruista para quién?”, preguntó Le Tourneur. “Nunca es altruista para el niño, que llevará durante toda su vida la marca invisible de haber sido vendido o entregado, de haber sido objeto de un contrato. El término ‘gestación subrogada altruista’ sólo se refiere a los adultos; no se refiere al niño”.
Los defensores de la abolición citan con frecuencia la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, en particular el artículo 7, que garantiza el derecho del niño a conocer y ser criado por sus padres. Argumentan que la gestación subrogada rompe deliberadamente el vínculo materno en el momento del nacimiento y constituye una forma de venta de niños en virtud del artículo 35 y de su Protocolo Facultativo, incluso cuando el acuerdo no implica un precio explícito.
Tráfico de personas, vulnerabilidad y los límites de la regulación
Los límites de la regulación de la gestación subrogada quedaron de manifiesto en 2023, cuando las autoridades griegas descubrieron una presunta red criminal que operaba desde el Instituto Mediterráneo de Fertilidad, en Creta. Los investigadores hallaron indicios de mujeres migrantes víctimas de trata, principalmente procedentes de Europa del Este, que habían sido reclutadas como gestantes. El caso incluía documentos falsificados, transferencias embrionarias fraudulentas y lo que los fiscales describieron como una gestión de embriones a escala industrial.
“La legalización de una práctica nunca elimina la trata fuera del marco legal”, afirmó Le Tourneur. “En algunos casos, la existencia de un mercado legal incluso fortalece el tráfico ilegal”. El jurista estableció un paralelismo con los debates sobre la legalización de las drogas, donde la oferta legal no siempre ha logrado eliminar los mercados clandestinos.
También señaló que la legalización puede actuar como un factor de atracción para mujeres vulnerables, ya que saben que durante aproximadamente 12 meses recibirán apoyo económico, atención y, “en ocasiones, alojamiento”.
Estas preocupaciones han sido cada vez más compartidas por expertos de la ONU. Le Tourneur citó las conclusiones de 2018 de la entonces relatora especial Maud de Boer-Buquicchio, un informe de 2019 del Comité de los Derechos del Niño y un informe de 2025 de la relatora especial Reem Alsalem, todos ellos críticos con la gestación subrogada por considerarla una forma de explotación que afecta a mujeres y niños.
Un debate decisivo para Europa
La atención sobre la gestación subrogada llega en un momento en que Europa se encuentra cada vez más dividida respecto a esta cuestión. Mientras sus defensores la presentan como un acto de generosidad entre adultos que consienten libremente, la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea —incluidos Francia, Alemania, España y Polonia— siguen considerándola una forma de explotación incompatible con la dignidad humana.
Italia ha adoptado una de las posturas más estrictas de Europa, al clasificar la gestación subrogada como un delito universal. Según una ley que entró en vigor en noviembre de 2024, los ciudadanos italianos pueden ser procesados por recurrir a servicios de gestación subrogada en el extranjero, incluso en países donde la práctica es legal. Las condenas contemplan penas de hasta dos años de prisión y multas que oscilan entre 600.000 euros y 1 millón de euros.
En este contexto, Le Tourneur afirmó que Grecia e Irlanda son importantes no sólo por lo que sucede dentro de sus fronteras, sino también por el precedente que establecen. Si el Consejo de Derechos Humanos emite recomendaciones contrarias a sus leyes sobre gestación subrogada, enviaría una señal poderosa a otros gobiernos que estudian adoptar legislaciones similares.
“Esperamos que, gracias a nuestras alertas, el Consejo inste a los países afectados a modificar su legislación nacional”, señaló Le Tourneur. “Estas recomendaciones también podrían disuadir a otros países de aprobar leyes que el Consejo de Derechos Humanos consideraría violaciones de los derechos humanos”.
Bryan Lawrence Gonsalves
Bryan Lawrence Gonsalves es un apologista y ensayista nacido en los Emiratos Árabes Unidos que actualmente reside en Lituania. Su obra se centra en la doctrina social católica, la teología, la dignidad humana y los problemas sociales contemporáneos.
