Ojalá los médicos compartieran los elevados estándares éticos de los veterinarios.
Reconozco que esta afirmación puede sonar extraña, especialmente viniendo de un médico. Pero permítanme explicar por qué lo digo.
Hace algunos años teníamos una mascota muy querida llamada Poochie. Era una perrita mestiza, pequeña y desgreñada, de pelaje blanco y carácter excepcional. Los chicos estaban muy apegados a ella. Cuando ya era bastante mayor, Poochie sufrió una fractura de cadera. Después de examinarla mientras gemía y temblaba sobre la fría mesa metálica, la veterinaria nos recomendó una costosa operación que exigiría una recuperación larga y dolorosa. Durante semanas habría que cuidarla, darle medicamentos y sacarla en brazos varias veces al día para que hiciera sus necesidades. Al final de todo ese proceso, seguiría siendo una perra anciana, con una cojera y probablemente dolores crónicos.
Hice rápidamente un cálculo mental en el que evalué el sufrimiento de la perra, su edad y el arduo trabajo que implicaría cuidarla, una tarea que recaería sobre mí, que tenía un empleo y cinco hijos. Le pedí a la veterinaria que la sacrificara mediante eutanasia. Me pareció que era la decisión más compasiva y sensata que podía tomar.
Pero la veterinaria se negó a aceptar mi propuesta. Miró a la pobre Poochie y vio en ella a un ser vivo valioso, que merecía recibir cuidados hasta el final natural de su vida, por difícil y costoso que fuera. En su consultorio, se veía a sí misma como defensora y aliada de sus pacientes, y actuaba en consecuencia. Defendió con firmeza a Poochie y, finalmente, me dijo que, si yo consideraba que lo mejor era practicarle la eutanasia, tendría que acudir a otro lugar.
Aquel día aprendí a sentir vergüenza de mi propia profesión médica. Como colectivo, sencillamente no respetamos la vida de algunos de nuestros pacientes tanto como los veterinarios respetan la de los suyos. Si lo hiciéramos, sería muchísimo más difícil acceder a un aborto electivo. Una mujer que buscara poner fin voluntariamente a la vida de su hijo por nacer encontraría entre ella y su objetivo una barrera firme y sólida de profesionales dispuestos a defender al niño. Bastaría con mencionar esa posibilidad para que su obstetra-ginecólogo reaccionara con incredulidad, después de haberse formado durante años para aprender a proteger al niño por nacer de los peligros del embarazo y el parto.
El lenguaje utilizado por las dos organizaciones profesionales que establecen pautas éticas deja clara la diferencia. La Asociación Estadounidense de Medicina Veterinaria (AVMA) afirma: “Un veterinario no tiene la obligación ética de brindar atención ni realizar procedimientos solicitados por un cliente cuando considera que causarían dolor y sufrimiento innecesarios al paciente”.
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Llaman al animal "paciente" y consideran al dueño simplemente un "cliente". En cambio, el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) sostiene que la única paciente es la mujer embarazada. Recomienda a los profesionales de la salud que eviten utilizar la palabra “bebé”, porque eso «centraría el procedimiento en el feto, en lugar de hacerlo en la persona embarazada, que es la paciente del médico». Según esta institución, las obligaciones del médico se dirigen a la madre y a sus deseos, no al niño por nacer. Además, considera que todos los abortos son «atención de la salud» y ni siquiera reconoce el concepto de aborto electivo, pese a que estos constituyen la gran mayoría de los abortos y se realizan por conveniencia de la madre, no por motivos de salud.
Esta discrepancia ética explica en buena medida cuánto se han distanciado ambas profesiones. El código de la AVMA sigue poniendo en el centro al ser vivo que no puede hablar por sí mismo. En cambio, las directrices de la ACOG indican a los profesionales que no pongan en el centro a ese ser indefenso. Los veterinarios actúan con nobleza cuando protegen a un paciente que es propiedad de otra persona, y han construido toda una identidad profesional en torno a la defensa de sus pacientes, incluso cuando eso entra en conflicto con la conveniencia de sus dueños.
La ética profesional de los obstetras y ginecólogos, tal como la define su propia asociación, hace lo contrario: le niega al ser dependiente la condición de paciente para evitar que se cuestionen las motivaciones de quien toma la decisión, incluso cuando esas razones podrían considerarse una cuestión de conveniencia en el consultorio de un veterinario.
Por supuesto, la mujer embarazada no es la dueña del feto, sino el cuerpo a través del cual este puede recibir atención médica. La autonomía corporal es importante, pero no explica por qué una asociación profesional debería tratar a un grupo de seres humanos como si carecieran de valor moral, ni por qué calificaría un aborto en una etapa avanzada del embarazo, cuando el bebé está sano, como “atención médica esencial”.
Comprendí la diferencia allí mismo, en el consultorio veterinario. Sabía que, en mi ciudad, una mujer embarazada podía acceder a un aborto por cualquier motivo en numerosos lugares, sin que nadie se opusiera ni le hiciera preguntas. Conocía a muchos obstetras y ginecólogos que trataban al feto como un paciente valioso hasta que la madre dejaba de querer al niño; entonces, podían convertirse fácilmente en "asesinos a sueldo", como los llamó el papa Francisco en una expresión memorable.
Pero mi veterinaria no. Ella defendió con firmeza la vida de Poochie. Ni ella ni sus colegas pasarían tan fácilmente de defender a sus pacientes a convertirse en asesinos a sueldo.
Todo esto me hizo sentir una profunda vergüenza por mi propia profesión, que ha perdido el rumbo.
