Un obispo católico de Illinois, cuatro médicos católicos y un hogar de ancianos luterano demandaron al estado de Illinois por una nueva ley que permite el suicidio médicamente asistido, antes de que entre en vigor en septiembre.
La organización legal Thomas More Society presentó el 11 de agosto una demanda, en representación del obispo Thomas J. Paprocki, de Springfield; Lutheran Care Center, de Altamont; y cuatro médicos de Illinois, contra el secretario estatal de Finanzas y Regulación Profesional y el director del Departamento de Salud Pública de Illinois.
La firma jurídica católica, especializada en litigios de interés público, busca que un tribunal federal bloquee la entrada en vigor de la “End of Life Options for Terminally Ill Patients Act” (Ley de Opciones para el Final de la Vida de Pacientes Terminales) antes del 12 de septiembre. La demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois, División Este, sostiene que la ley viola las libertades religiosas y de expresión protegidas por la Primera y la Decimocuarta Enmiendas de la Constitución.
Según la ley, los pacientes con una enfermedad grave cuyo pronóstico sea de seis meses de vida o menos pueden solicitar el suicidio asistido. Dos médicos deben coincidir en el diagnóstico terminal y, de ser necesario, un profesional de salud mental con licencia deberá determinar que el paciente está en condiciones mentales de autoadministrarse una combinación de medicamentos potentes y en dosis elevadas que provoquen la muerte. En el certificado de defunción, la causa de muerte no podrá figurar como suicidio, sino como la enfermedad terminal diagnosticada originalmente.
La ley también establece que “ninguna entidad de atención médica podrá prohibir a un profesional de la salud (...) practicar cuidados de ayuda para morir fuera de su lugar de trabajo”. Si un médico rechaza la solicitud de un paciente y este busca ayuda en otro lugar, deberá transferir su historia clínica al nuevo proveedor “sin demoras indebidas”.
En un comunicado del 11 de agosto en el que anunció la presentación de la demanda, la Thomas More Society afirmó que la ley “amenaza aún más la integridad de la identidad y misión de las instituciones religiosas de atención médica”.
“La institución no puede despedirlos ni sancionarlos por ninguna de estas acciones, incluso si violan las normas religiosas, la misión y la identidad de la institución. Para el obispo Paprocki y Lutheran Care Center, esto ataca directamente el derecho y la autoridad de las instituciones religiosas para administrar sus propios ministerios de salud”, señaló la firma, con sede en Chicago.
El grupo también cuestionó el lenguaje de la ley que establece que “engañar intencionalmente a un paciente o difundir información errónea para impedir el acceso a los servicios contemplados por esta ley constituye coerción o influencia indebida”.
La Thomas More Society calificó esta disposición como una “prohibición vagamente formulada y basada en el punto de vista” que amenaza con imponer sanciones a cualquier centro de salud que describa la práctica como suicidio asistido y “la distinga de la atención médica legítima”.
“Cualquier proveedor que siga su conciencia en lugar de cumplir se enfrenta a multas de hasta 10.000 dólares, la revocación de su licencia y un proceso penal”, afirmó.
Peter Breen, vicepresidente ejecutivo y director de litigios de la Thomas More Society, declaró: “Illinois está obligando a hospitales religiosos, religiosas y médicos a apoyar el régimen de suicidio asistido del estado. La ley ordena a los hospitales católicos, hogares de ancianos religiosos y médicos fieles promover los supuestos ‘beneficios’ del suicidio, derivar a los pacientes a médicos que prescriban los fármacos para suicidarse y luego mentir en los certificados de defunción para encubrirlo. Este esquema inmoral viola flagrantemente la libertad religiosa y la libertad de expresión, y tenemos la intención de detenerlo”.
El obispo Paprocki afirmó en el comunicado: “En el corazón del ministerio de salud de la Iglesia Católica está la obra sanadora de Cristo: acompañar a quienes sufren, consolar a los moribundos y afirmar la dignidad que Dios ha dado a toda vida humana. (...) La ley de suicidio asistido de Illinois socava esa misión al obligar a los hospitales católicos y a quienes trabajan en ellos a impulsar la muerte de sus pacientes más vulnerables”.
Como demandante, el obispo Paprocki, en su calidad de obispo, tiene la responsabilidad de hacer cumplir las “Directrices éticas y religiosas para los servicios de atención médica católica” de los obispos de Estados Unidos, particularmente en los hospitales bajo su jurisdicción. Estas directrices orientan a las instituciones católicas de salud en el tratamiento de una amplia variedad de cuestiones éticas.
Aunque ningún hospital católico figura entre los demandantes, la Diócesis de Springfield alberga dos sistemas hospitalarios católicos: Hospital Sisters Health System y el campus de Springfield de OSF Healthcare.
La demanda sostiene que los dos oncólogos, los dos médicos especialistas en rehabilitación y el centro de enfermería especializada luterano no pueden “cumplir de buena conciencia” con la ley.
“Su compromiso fundamental con la preservación de la salud de los pacientes, junto con su fe cristiana compartida, los obliga a utilizar todos los medios razonables para preservar la vida y decir la verdad. Por ello, se oponen sinceramente, tanto por razones morales como religiosas, a facilitar el suicidio asistido de cualquier manera”, señala la demanda.
En junio, el grupo de defensa de los derechos de los pacientes End Assisted Suicide también presentó una demanda contra Illinois en representación de personas con discapacidad.
