Un oficial de policía del Vaticano monta guardia durante la tercera sesión del juicio de seis acusados de delitos financieros en el tribunal penal del Estado de la Ciudad del Vaticano el 17 de noviembre de 2021. Cuando se reanudó el juicio de 10 acusados el 28 de septiembre de 2022, los fiscales concluyeron su interrogatorio de Fabrizio Tirabassi, ex funcionario de la Secretaría de Estado, y comenzó a escuchar testimonios de testigos. (CNS photo/Vatican Media)
CIUDAD DEL VATICANO -- El auditor general del Vaticano dijo que estaba sorprendido por la falta de estándares éticos demostrados por los funcionarios que consideran oportunidades de inversión, incluyendo un acuerdo fallido de desarrollo inmobiliario en Londres.
Durante el juicio en el Vaticano de 10 acusados que enfrentan varios cargos relacionados con malversación financiera, Alessandro Cassinis Righini, auditor general de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano, criticó la mala gestión de los fondos, así como la asociación del Vaticano con personas "con claros conflictos de intereses", que resultó en la pérdida de millones de euros.
"Esa no era la forma de administrar los fondos de Peter's Pence", expresó Cassinis a la corte el 30 de septiembre, refiriéndose al fondo papal utilizado para la caridad y para apoyar el funcionamiento de la Curia romana y las embajadas del Vaticano en todo el mundo.
Cuando los fiscales del Vaticano le preguntaron si estaba seguro de que los fondos de la colecta anual se usaron en el acuerdo inmobiliario de Londres, Cassinis respondió: "Sí".
El juicio, que se reanudó el 28 de septiembre después de un largo receso de verano, se originó de una investigación sobre cómo la Secretaría de Estado compró una propiedad en el afluente distrito londinense de Chelsea y por qué dicho trato generó pérdidas tan grandes.
Entre 2014 y 2018, se cree que la Secretaría de Estado del Vaticano invirtió 200 millones de euros (más de $240 millones en ese momento) para comprar la propiedad de Londres. Adicionalmente, los pagos a intermediarios y las deudas cobradas de la propiedad elevaron la inversión total a 350 millones de euros.
Cassinis dijo que su oficina notificó a las autoridades del Vaticano en 2019 sobre las discrepancias en el acuerdo de propiedad de Londres.
Al testificar como uno de los 27 testigos de la acusación, Cassinis dijo que, en el verano de 2018, el papa Francisco le pidió que realizara una revisión financiera y que entregara un informe de sus hallazgos al arzobispo Edgar Peña Parra, quien acababa de ser nombrado secretario sustituto de asuntos generales del Vaticano.
El papa a menudo solicitaba tales revisiones, reveló. Pero cuando comenzó su revisión, Cassinis descubrió "inmediatamente" algunas cosas "que eran muy extrañas" con el acuerdo inmobiliario de Londres, incluyendo la falta de evaluaciones independientes del valor de la propiedad, estados de cuenta bancarios, y saldos.
Cassinis también recordó las discusiones de funcionarios del Vaticano que consideraron invertir millones de dólares en una plataforma petrolera en alta mar en Angola en 2012.
Aunque la propuesta de inversión finalmente fue rechazada, el auditor general dijo que estaba "estupefacto" de que incluso se considerara, ya que la propuesta "era contraria a los criterios ambientales incluidos en 'Laudato Si'", la encíclica del papa Francisco sobre el medio ambiente.
Durante la sesión judicial del 28 de septiembre, Fabrizio Tirabassi, exfuncionario de la Secretaría de Estado, fue interrogado durante más de tres horas por los fiscales.
Tirabassi, acusado de corrupción, extorsión, malversación de fondos, fraude, y abuso de poder, fue interrogado por el fiscal del Vaticano Alessandro Diddi sobre aspectos de sus finanzas personales y las de su esposa.
Describiendo los ingresos del funcionario del Vaticano como "estables", Diddi mostró al tribunal un extracto bancario suizo de 2015 de una cuenta a nombre de Tirabassi con un estimado de 1.3 millones de euros.
Tirabassi manifestó que el dinero provenía de los fondos del Vaticano, de los cuales Mons. Gianfranco Piovano, exjefe de la oficina administrativa de la Secretaría de Estado, le había otorgado un poder notarial a partir de 2004.
Sin embargo, Tirabassi dijo que el poder notarial fue retirado en 2009 por el sucesor de Mons. Piovano, Mons. Alberto Perlasca.
Mons. Perlasca fue visto inicialmente como un posible sospechoso después de que la policía del Vaticano incautara documentos, computadoras, e incluso disquetes de su casa y oficina en 2020. Sin embargo, la información que proporcionó voluntariamente a los fiscales lo convirtió de sospechoso a testigo estrella.
Está previsto que el tribunal escuche más testimonios de testigos en las próximas semanas, y el comisionado de policía del Vaticano, Stefano De Santis, subirá al estrado el 12 de octubre.