El nuevo líder de Chile pone en guardia a los obispos por el legado de los abusos

ROMA - Gabriel Boric, el carismático ex activista estudiantil que llegó a la presidencia de Chile en diciembre pasado y es ahora el segundo jefe de Estado más joven del mundo, cumplió el viernes su primera semana en el cargo.

Hay al menos un grupo en Chile que fue prontamente avisado de que hay un nuevo sheriff en la ciudad: los obispos católicos del país, que presidieron la crisis de abusos clericales más masiva de toda América Latina.

El sábado, tras su toma de posesión y siguiendo la tradición, Boric participó en un acto ecuménico de oración celebrado en la catedral de Santiago y dirigido por el cardenal Celestino Aos, de origen español, que también es relativamente nuevo.

El domingo, el presidente volvió a ser protagonista en un acto por la conclusión de su investidura, y el político de izquierdas, de 36 años, dejó entrever cuál será su relación con los obispos durante los próximos cuatro años.

"Hay algo que me molestó ver ayer en la Catedral. Me molestó ver al señor (cardenal Ricardo) Ezzati. Me molestó ver a personas que han actuado para encubrir graves delitos contra los niños".

Al usar la palabra "personas", Boric pareció referirse también al cardenal retirado Francisco Errázuriz, que había sido miembro del consejo de cardenales del Papa Francisco hasta 2018, cuando no se renovó su mandato. (El mandato de otro consejero papal, el cardenal australiano George Pell, tampoco fue renovado después de que dejara Roma para enfrentarse a acusaciones de abusos sexuales en Australia, hecho por el que fue eventualmente absuelto).

Errázuriz, que no acepta las acusaciones en su contra, respondió al nuevo líder en una entrevista con el medio local La Segunda.

"Hasta los presidentes de la República pueden cometer errores", dijo, insistiendo en que no se sentía ofendido por las palabras del nuevo presidente, pero ofreciendo una vigorosa defensa de las acciones de la Iglesia chilena contra el abusador local más infame, el difunto padre Fernando Karadima.

"Al parecer, el señor Gabriel Boric no sabe todo lo que hicimos para conocer los abusos de Karadima, que fueron encubiertos por muchos de sus discípulos, el juicio que le abrimos, levantando la prescripción de los hechos y el castigo que le impuso el Vaticano, apartándolo del sacerdocio", dijo Errázuriz.

De hecho, la primera acusación contra Karadima -que murió en 2020, un año después de ser destituido del sacerdocio- se hizo en 2003, y si se llevó a cabo alguna investigación -hasta el día de hoy, no está claro qué pasó- Karadima no enfrentó ninguna consecuencia. No fue hasta que tres supervivientes, entre ellos uno que hoy es miembro de la comisión papal para la protección de menores, hicieron públicas las denuncias años después, que se llevó a cabo una investigación adecuada.

Karadima fue declarado culpable y apartado del ministerio en 2011. Siete años más tarde, fue retirado del sacerdocio.

Algunos observadores podrían tener la tentación de descartar los comentarios de Boric como una retórica política bastante rutinaria, reduciéndolos a comentarios políticamente incorrectos de un político de izquierdas cuya coalición de gobierno incluye al partido comunista de Chile.

Sin embargo, muchos expertos creen que Boric estaba haciendo algo más que apelar a su base. Al señalar la presencia de Ezzati y Errázuriz, estaba planteando inadvertidamente una pregunta que no ha sido respondida ni por el Vaticano ni por el sistema judicial chileno.

Para entender bien el contexto, hay que remontarse a 2018/2019, cuando tras una serie de denuncias develaran que durante décadas miembros del clero en Chile habían abusado de menores y varios de los obispos habían encubierto los delitos, el Papa Francisco purgó la conferencia forzando una renuncia masiva. El 30% del episcopado chileno fue destituido en un lapso de 12 meses.

Sin embargo, tres años después, las heridas siguen abiertas, en parte porque hay demasiadas preguntas sin respuesta. Por ejemplo, no se ha dado ninguna explicación concreta de por qué algunos obispos menores de 75 años -la edad obligatoria para que un prelado presente su dimisión- fueron apartados de sus cargos. Y varios prelados mayores de 75 años también fueron apartados sin ofrecer respuestas a los interrogantes en torno a su accionar. La gente se preguntaba si habían sido abusadores, si habían encubierto abusos o si había algo más.

Al menos un obispo tuvo que enfrentarse a acusaciones de antiguos seminaristas que afirmaban que había abusado sexualmente de ellos. El caso del obispo Juan Barros, otrora obispo castrense de Chile, fue quizá el que más llamó la atención. Fue trasladado por Francisco en 2015 a la diócesis sureña de Osorno. Sin embargo, cuando se anunció la decisión, tres de los sobrevivientes de Karadima acusaron públicamente a Barros de haber encubierto al sacerdote abusador, quien fuera su mentor. (Es uno de los cuatro obispos que han sido acusados de este hecho).

Francisco mantuvo su decisión y defendió públicamente a Barros durante su viaje a Chile en 2018. Sin embargo, a su regreso a la Ciudad Eterna, envió a dos asesores de confianza para investigar las acusaciones. El informe de 2.300 páginas que elaboraron llevó al Papa a convocar a todo el episcopado chileno a Roma, donde los prelados presentaron su renuncia en masa. Francisco también se reunió con los supervivientes y les pidió perdón públicamente, reconociendo que había sido "parte del problema" en la gestión de la crisis de los abusos en el país.

En el plano canónico, varios abusadores han sido apartados del sacerdocio, incluido Karadima. Sin embargo, los obispos y cardenales que se enfrentaron a las acusaciones han sido apartados de sus cargos, pero no del ministerio y permanecen en el limbo: Sus nombres han sido manchados por la sospecha, pero son libres de hacer lo que quieran, incluso de asistir a eventos como el del sábado.

Por el lado civil, forzado en parte por las implacables acciones de los supervivientes que encontraron una plataforma en los medios de comunicación tanto nacionales como internacionales, se iniciaron una serie de investigaciones. Se llamó a declarar a cardenales y obispos, pero hasta la fecha, muy pocos sacerdotes han sido realmente condenados, y no ha habido ningún seguimiento de las acusaciones de encubrimiento.

Podría decirse que uno de los pocos resultados tangibles de la crisis fue que el ex presidente Sebastián Piñera levantó la prescripción de los abusos sexuales a menores en 2019, aunque no es retroactiva.

Las víctimas de los abusos han acusado durante mucho tiempo a Errázuriz de encubrir a Karadima y a otros, y cuando Francisco aceptó su renuncia en 2019, Ezzati se enfrentaba a una investigación por encubrimiento de abusos por parte de las autoridades civiles. Sin embargo, desde hace casi tres años, la fiscalía no ha dicho nada sobre la investigación, y parece estar estancada.

Como nota a pie de página, el fiscal que originalmente se encargaba de muchos casos contra la iglesia fue apartado de la investigación tras una larga cadena de filtraciones.

Aunque obispos como Errázuriz y Ezzati han sido condenados en el tribunal de la opinión pública, ni el Vaticano ni la justicia chilena los han condenado. Sin embargo, las declaraciones del nuevo líder chileno sugieren que la batalla por transparencia y justicia puede estar recomenzando.