El cardenal Angelo Becciu, ex prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, habla con los periodistas durante una conferencia de prensa en Roma el 25 de septiembre de 2020. Los fiscales del Vaticano han acusado a 10 personas y entidades, incluido el cardenal Becciu, por cargos que van desde la malversación de fondos hasta el blanqueo de dinero y el abuso de funciones. (CNS photo/Junno Arocho Esteves)
ROMA – Un cardenal de la Iglesia Católica, una espía y un agente inmobiliario entran a los Museos Vaticanos por la puerta de atrás ...
Parece el inicio de una broma, pero no: es un brevísimo resumen del histórico juicio por corrupción que comienza esta semana en el Vaticano. Al centro se encuentra la irregular inversión de unos 350 millones de euros en un edificio en Londres.
El cardenal italiano Angelo Becciu, alguna vez considerado como uno de los hombres más cercanos al Papa Francisco, encabeza la lista de los acusados de corrupción, estafa y malversación de fondos reservados de la Secretaría de Estado vaticana.
Pero la lista también incluye a Cecilia Marogna, una supuesta agente de inteligencia que estaba gestionando la liberación de una religiosa colombiana secuestrada años atrás. A pesar del medio millón de euros que la Santa Sede le giró a Maronga, la religiosa continúa en cautiverio y los informes sobre los registros bancarios de su empresa de fachada eslovena muestran que las transferencias bancarias que recibió se utilizaron en cambio en tiendas de Prada y Louis Vuitton, así como en hoteles boutique.
Maronga es la única mujer en el banquillo de los acusados, y al igual que todos los implicados en el juicio, entre ellos empleados del vaticano y también asesores externos, niega haber actuado mal.
También serán juzgados el bróker italiano Gianluigi Torzi, quien está acusado de haber sobornado al Vaticano con una comisión de 15 millones de euros por la compra-venta del palacio de Sloane Avenue de Londres; el abogado suizo René Brülhart, ex presidente de la Autoridad de Supervisión Financiera de la Santa Sede (AIF), quien debía vigilar la legalidad de las inversiones vaticanas y a quien la Fiscalía acusa de abuso de funciones. Su mano derecha, Tommaso di Ruzza, está acusado entre otras cosas de filtrar información confidencial; y monseñor Mauro Carlino, antiguo secretario del sustituto de la Secretaría de Estado, es acusado de extorsión.
Completan la lista fondos de inversión y otras personalidades menos conocidas del mundo de las finanzas.
Becciu, por ejemplo, afirma que lo único que ha hecho es dedicar su vida a la Iglesia, y confía que el juicio que comienza el 27 de julio servirá para comprobar su inocencia: "Soy víctima de una maquinación deliberada en mi contra, y esperaba desde hace tiempo conocer los cargos que se me imputan, para poder desmentirlos rápidamente y demostrar al mundo mi absoluta inocencia", dijo el 3 de julio, cuando la Sala de Prensa de la Santa Sede anunció el inicio del juicio.
Aunque se espera que haya una segunda audiencia el miércoles, el proceso en contra del cardenal y otros nueve individuos e instituciones financieras probablemente sea pospuesto hasta el mes de octubre, cuando se espera que haya al menos una audiencia a la semana.
El juicio tendrá lugar en una sala de los Museos Vaticanos, refaccionada durante la pandemia, para poder albergar este y otros procesos manteniendo las restricciones de distanciamiento para prevenir los contagios de COVID-19.
Hasta el año pasado Becciu era uno de los hombres más influyentes del Vaticano primero como sustituto en la secretaria de Estado, y posteriormente como director de la oficina que lleva las causas de los santos. Pero se vio salpicado por un escándalo relacionado con inversiones en un edificio de lujo en Londres con fondos de la Santa Sede y en septiembre del 2020 el papa Francisco “aceptó su renuncia.”
Aunque el Vaticano no dio detalles de la abrupta salida del cardenal, que además perdió los derechos que le corresponden como miembro del colegio de cardenales, como participar en la elección del próximo papa, el propio Becciu se encargó de dejar en claro que su renuncia no fue voluntaria sino solicitada por el mismo papa.
El juicio que inició el martes es histórico en varios sentidos, particularmente porque es la primera vez que un cardenal será juzgado por el tribunal del Estado Ciudad del Vaticano, compuesto por magistrados laicos. Francisco modificó el derecho canónico para garantizar que un miembro del colegio de cardenales pueda ser juzgado por este tribunal, de manera pública, en lugar de ser juzgado en privado, sea por el papa o por otros cardenales.
Cabe destacar que Becciu no es el primer cardenal en ser juzgado por corrupción. Ese honor le corresponde a Niccolò Coscia que en 1731 fue encontrado culpable de cometer una serie de abusos financieros cuando dirigía los estados pontificios. El papa lo excomulgó y condenó a diez años de prisión en Castel Sant'Angelo.
Sin embargo, Coscia consiguió que se le conmutara la pena por una multa y finalmente fue restablecido: Participó en las elecciones papales de 1740.
Becciu ingresó en el servicio diplomático de la Santa Sede en 1984 y trabajó en las embajadas papales en República Centroafricana, Sudán, Nueva Zelanda, Liberia, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. En 2001, San Juan Pablo II le nombró nuncio apostólico en Angola, y en 2009, el papa emérito Benedicto XVI lo envió a Cuba, hasta 2011, cuando pasó a ser el suplente de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, o sustituto.
Durante el pontificado de Francisco se convirtió en un hombre de su confianza y en febrero de 2017 fue elegido delegado especial ante la Soberana Orden Militar de Malta. Pero en 2019 estalló el escándalo por el que es ahora juzgado: la prensa italiana publicó que algunos funcionarios del vaticano habían sido suspendidos tras detectarse “graves indicios” de corrupción en un caso de inversiones inmobiliarias.
Las investigaciones revelaron que la compra de un edificio en Londres había contado con fondos del Óbolo de San Pedro, que recoge las donaciones de los fieles de todo el mundo para financiar las obras caritativas de los papas y su actividad.
Monseñor Alberto Perlasca, exjefe de la oficina administrativa de la Primera Sección de la Secretaría de Estado, dirigía la oficina que realmente gestionaba las inversiones de Londres y como tal, fue responsable de la gestión de las inversiones del Vaticano hasta julio de 2019, cuando Francisco lo transfirió a la Corte Suprema del Vaticano.
Sin embargo, en febrero de 2020 sus oficinas fueron allanadas tras los "primeros interrogatorios a los empleados investigados." Los fondos para la compra inicial del inmueble de Londres salieron del Óbolo de San Pedro, que Perlasca se encargaba de supervisar.
Pero Perlasca cambió de bando, aportó "preciosas" contribuciones a la investigación y se convirtió en testigo de la fiscalía.
El arzobispo venezolano Edgar Peña Parra, que asumió el papel de Becciu en la Secretaría de Estado como jefe de gabinete del Vaticano, también fue interrogado por los fiscales, al igual que su jefe, el cardenal italiano Pietro Parolin, pero ninguno de los dos ha sido acusado de delito.
Independientemente del resultado del juicio, este es en sí mismo un proceso histórico en lo que respecta a la búsqueda de transparencia financiera en el Vaticano. El papa Francisco fue elegido, entre otras cosas, para reformar la Curia Romana, es decir, el gobierno central de la Iglesia, y poner fin a la impunidad en casos de corrupción es un aspecto clave de este proceso.
De ser encontrados culpables, Becciu, Maronga y los demás enfrentan penas que incluyen prisión y multas, pero hasta el momento hay pocas esperanzas de que la Santa Sede recupere el dinero perdido entre sobornos y malversación.
El proceso es un paso adelante respecto a dos juicios anteriores del Vaticano relacionados con irregularidades financieras. Conocidos como Vatileaks y Vatileaks II, los escándalos de 2012 y 2015 no sirvieron para disuadir las actividades financieras delictivas con fondos del Vaticano, ya que en el banquillo de los acusados había periodistas y personal vaticano de bajo rango.
El juicio de esta semana, que para los muchos se asemeja a un thriller judicial de John Grisham, tiene el potencial de cimentar la reforma de Francisco, aunque sea a través del miedo ya que, en un futuro, aquellos sospechados de cometer crímenes financieros no podrán ocultarse detrás de su jerarquía eclesial.
Inés San Martin se encuentra en Twitter.