El presidente nicaragüense Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, asisten a una sesión de diálogo mediada por la Iglesia en Managua el 16 de mayo de 2018. Nicaragua calificó al Vaticano de Estado de "depravado" y "pedófilo" después de que el obispo nicaragüense de Matagalpa, Rolando Álvarez, concediera su primera entrevista televisada el 7 de febrero de 2025, tras ser exiliado a Roma. (Foto OSV News/Oswaldo Rivas, Reuters)
El régimen sandinista que gobierna Nicaragua ha expropiado un reconocido colegio católico, alegando sin pruebas que fue un "centro de tortura" durante protestas pasadas, y ha rebautizado el centro educativo con el nombre de un militante fallecido.
El Colegio San José de Jinotepe, un proyecto de las Hermanas Josefinas, fue "transferido al Estado" el 12 de agosto, según anunció la copresidenta Rosario Murillo.
El colegio fue renombrado como "Héroe Bismarck Martínez", a quien los simpatizantes del régimen sandinista afirman que fue torturado y asesinado en Jinotepe durante las protestas de 2018, cuando miles de nicaragüenses salieron a las calles para exigir la salida del entonces presidente Daniel Ortega —quien hoy comparte la presidencia con su esposa, Murillo. Una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que 355 personas murieron durante "la represión de las protestas sociales".
Los detalles de la desaparición y muerte de Martínez siguen siendo confusos, pero en 2019 Ortega criticó a los obispos del país por no condenar su muerte.
"En Jinotepe, un centro donde hubo tortura y asesinato; el golpe de Estado, durante la nefasta y criminal ocupación de la ciudad de Jinotepe, ahí fueron torturados y asesinados compañeros. ¿Y dónde ocurrieron esos crímenes? En el colegio San José, lamentablemente", declaró Murillo en comentarios difundidos por canales progubernamentales y repetidos en redes sociales.
"Tenemos una nueva escuela. Esto es un logro de la paz, de la paz que vivimos, de la paz que cuidamos, de la paz que merecemos", añadió.
El medio independiente Confidencial informó que las autoridades del colegio se habían negado a ceder ante la presión del sandinismo para izar la bandera negra y roja del movimiento —en lugar de la bandera oficial azul y blanca del país— y para obligar a los alumnos a participar en actividades "patrióticas".
En Washington, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE. UU. denunció la expropiación en una publicación en X, calificándola como "otra prueba de que la crueldad de la dictadura Murillo-Ortega no tiene límites".
La confiscación del Colegio San José de Jinotepe es parte de la ofensiva del régimen sandinista contra la Iglesia católica y sus proyectos educativos —en un país donde incluso la disidencia más leve no es tolerada y los sacerdotes deben medir cuidadosamente sus palabras durante la Misa. Cuatro obispos han sido exiliados de Nicaragua, junto con más de 250 sacerdotes, religiosas y seminaristas, según Martha Patricia Molina, abogada nicaragüense exiliada que documenta la persecución religiosa en el país centroamericano.
El régimen ha obligado al cierre de más de 5,000 organizaciones no gubernamentales, incluidas filiales de Cáritas y universidades católicas. La Universidad Centroamericana, dirigida por los jesuitas, fue expropiada por el gobierno en 2023 tras ser calificada como "centro de terrorismo".
"Es un robo por parte de la dictadura a los propios ciudadanos", publicó en X el padre Edwin Román, sacerdote nicaragüense exiliado en Miami. "No solo les están robando infraestructura, sino también una educación integral y valores espirituales".
La referencia de Murillo a las protestas de 2018 revela el afán de venganza persistente del régimen contra la Iglesia. Parroquias y colegios —incluidos la Universidad Centroamericana y el Colegio San José de Jinotepe— ofrecieron refugio a manifestantes heridos por la represión policial, y facilitaron atención médica. La Conferencia Episcopal de Nicaragua también convocó un diálogo nacional, que finalmente abandonó por falta de voluntad del gobierno.
"Están tratando de castigar a una Iglesia que ha sido sensible, que ha estado cercana al sufrimiento del pueblo", dijo a OSV News Arturo McFields, exdiplomático nicaragüense.
"Esta misión evangelizadora y humanitaria de la Iglesia está siendo castigada".