ROMA - Panamá y Nicaragua atraviesan una crisis social, y ambos recurrieron a la Iglesia católica para que les ayudara a aliviar la situación. Sin embargo, el gobierno nicaragüense terminó volviéndose contra la jerarquía cuando las cosas no mejoraron. Panamá, por su parte, es optimista en cuanto a la posibilidad de una solución pacífica.
Panamá
Los manifestantes han salido a las calles durante más de una semana en Panamá. La gente está enfadada por los precios de los combustibles, que casi se han duplicado, y por la inflación, que no se experimentaba desde hace años.
En un intento de evitar una escalada de la crisis, el gobierno ha pedido a la Iglesia Católica que medie en el diálogo.
Panamá, un país de cuatro millones de habitantes, el 70% de los cuales son católicos, ha mantenido históricamente una economía bastante estable basada en los servicios y que utiliza el dólar estadounidense como moneda oficial. Esto ha mantenido la inflación a raya, pero ahora ha alcanzado el 4%.
Algunas de las concentraciones han desembocado en violentos enfrentamientos con la policía.
El presidente Laurentino Cortizo prometió el lunes extender la congelación de los precios de la gasolina en el transporte público a todos los panameños, pero los manifestantes no han dado marcha atrás. Miles de personas marcharon en Ciudad de Panamá y otras ciudades del país, mientras que los bloqueos de carreteras paralizaron el tráfico en la carretera Panamericana.
Como todos los dirigentes de la región, Cortizo culpó a la pandemia del COVID-19 y a la invasión rusa de Ucrania de los problemas económicos del país.
"Ante el llamado del gobierno a jugar un papel mediador para encontrar una salida inclusiva y participativa a la situación que vive el país, comunicamos a la ciudadanía que la Iglesia Católica acepta la invitación a ser mediadores en la construcción de los consensos necesarios para la convivencia pacífica", dijo el arzobispo de Ciudad de Panamá, José Domingo Ulloa.
En un comunicado difundido el miércoles, instó a todos los "llamados a este diálogo a darnos la oportunidad de tomar las decisiones adecuadas para el bien común. Los pueblos merecen honestidad, coherencia y respeto por parte de todos, sin posiciones rígidas ni condiciones previas que impidan el diálogo".
En este contexto, se pone a disposición "el aporte de los expertos en mediación que la Iglesia tiene en la Pastoral Social Cáritas y en la Universidad Católica de Santa María la Antigua".
Las labores de diálogo, que serán supervisadas por la iglesia, reunirán al gobierno, a las asociaciones y a los movimientos representativos que, en los últimos días, se han manifestado en distintos puntos del país en rechazo al aumento de los combustibles, de los alimentos básicos y de las medicinas.
"El pueblo merece honestidad, coherencia y respeto por parte de todos, sin posiciones rígidas ni condiciones previas que impidan el diálogo", dijo Ulloa en un mensaje de vídeo.
Nicaragua
La persecución del presidente Daniel Ortega a la Iglesia católica continúa en Nicaragua.
Tras expulsar a las Misioneras de la Caridad la semana pasada, el miércoles la policía sandinista detuvo al padre Leonardo Urbina, de la iglesia del Perpetuo Socorro en Boaco, en el centro del país, a unas dos horas de Managua, la capital.
En 2018, cuando el país atravesaba su propio levantamiento civil, el gobierno nicaragüense también se dirigió a sus obispos católicos para pedirles ayuda como mediadores en un proceso de diálogo. Sin embargo, cuando se hizo evidente que no se llegaría a ningún acuerdo, Ortega y su vicepresidenta-esposa Rosario Murillo tildaron a los obispos de golpistas y de hijos del diablo.
Desde entonces, la represión contra la Iglesia ha ido en aumento, agravándose en los últimos cuatro meses tras la expulsión del representante papal en Nicaragua, el arzobispo Waldemar Sommertag.
Fuentes de la Arquidiócesis de Managua han dicho que los cargos contra Urbina son por abusar sexualmente de una niña de 14 años. Sin embargo, no se han presentado pruebas ni se sabe nada de la supuesta víctima.
Es la segunda vez en un mes que la policía detiene a un sacerdote que se ha manifestado en contra del régimen de Ortega bajo acusaciones de abuso sexual. El padre Manuel Salvador García fue detenido tras las denuncias de una mujer de que había abusado de ella. Sin embargo, cuando llegó el momento de declarar, dijo que las acusaciones eran falsas.
La mujer que acusó a García fue condenada a cinco años de cárcel, mientras que el sacerdote fue condenado a dos años por blandir un cuchillo en los locales de su parroquia. Intentaba disuadir a una multitud violenta de entrar en la puerta y atacarle.
Estos no son los primeros miembros del clero afectados personalmente por el impulso anticlerical de Ortega.
El obispo Silvio José Báez está exiliado en Miami desde 2019. El padre Edwin Román, que se opuso abiertamente a la represión de las fuerzas gubernamentales a las protestas civiles en 2018, se vio obligado a exiliarse a principios de este año y está con el obispo en Miami. Desde allí, ambos se han mantenido firmes en sus críticas a lo que describen como un régimen dictatorial.
Durante casi todo el mes de mayo, dos parroquias de Managua estuvieron sitiadas durante varias semanas, y los militares y policías prohibieron la salida de un sacerdote y un obispo. Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, tuvo que refugiarse en la parroquia del Santo Cristo de las Colinas, en la capital del país, después de haber sido acosado durante todo el día y de que su casa familiar fuera invadida por las autoridades.
El 20 de mayo, el gobierno expropió el canal de televisión católico, dirigido por la conferencia episcopal; pocos días después, se había transformado en una señal progubernamental, financiada por el Estado.
El 6 de julio, las 15 monjas de la orden fundada por la Madre Teresa de Calcuta salieron de su casa en Managua, escoltadas por las autoridades de inmigración, acusadas de lavado de dinero, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
