WASHINGTON -- Sin nombrar al presidente, la conferencia de obispos salvadoreños cuestionó una serie de acciones promovidas por él y sus aliados, incluyendo una interpretación de la constitución que pueda permitir su reelección, propuestas que podrían legalizar el aborto, y también una reciente ley que convirtió Bitcoin moneda legal en el país.

"El pueblo salvadoreño -- como tantos otros pueblos -- anhela vivir en un Estado de derecho y justicia pleno", dice el comunicado del 12 de septiembre, titulado "Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados", del Evangelio de San Mateo.

Si bien es cierto que el país ha sufrido durante mucho tiempo por "prácticas ilegítimas e improcedentes" como la corrupción, la impunidad y el nepotismo, hacer cambios sin seguir la constitución y el debido proceso "no serían en beneficio para nuestro amado país", dijeron los obispos en el comunicado.

A las pocas horas de tomar poder de la asamblea legislativa, los legisladores aliados con el presidente salvadoreño Nayib Bukele y su partido Nuevas Ideas votaron el 1 de mayo para despedir a cinco de los principales jueces del país, así como el fiscal general de El Salvador, quien se dice que estaba investigando irregularidades en los niveles más altos del gobierno.

La destitución de los jueces alarmó a la comunidad internacional y muchos condenaron las acciones, pero faltaba más. Aunque la constitución del país limita al presidente a cumplir un mandato de cinco años, los que reemplazaron a los jueces despedidos de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, magistrados instalados por el partido político del presidente, interpretaron a principios de septiembre la constitución de manera diferente, abriendo la puerta a la posibilidad de que Bukele pueda volver a lanzar candidatura como presidente cuando termine su mandato en 2024.

La Asamblea Legislativa del país también aprobó un proyecto de ley el 31 de agosto que destituye a todos los jueces y fiscales de 60 años o más o que han servido durante más de 30 años. El comunicado de los obispos, al referirse a la destitución de los jueces y la posible reelección presidencial, dice que aunque el cambio es necesario, se debe llevar a cabo respetando la constitución y los procesos establecidos.

"Aunque en las acciones arriba mencionadas exista el deseo legítimo de cambiar un status quo, que por años ha lastimado a las grandes mayorías, nos parece que, cambiar un sistema injusto por medio de acciones arbitrarias y anticonstitucionales no abona a la transformación de la nación", ellos dijeron.

En cambio, solo daría paso a un nuevo andamiaje, dijeron.

"Por eso elevamos nuestra voz para recordar a las autoridades responsables, que estas acciones solo pueden tener validez si se dan apegadas al derecho constitucional del país porque el fin no justifica los medios", dijeron.

También criticaron posibles cambios a la constitución de El Salvador que se han lanzado, incluso una medida para legalizar el aborto y la eutanasia en el país.

"Nunca será legal el asesinato", dijeron, incluso cuando se cambia el nombre a "muerte digna".

Bukele hizo campaña señalando corrupción de ambos lados políticos, apelando a una población harta de promesas y pocos cambios en las condiciones socioeconómicas mientras los políticos se llenaban los bolsillos. Durante la pandemia, ofreció $300 en ayuda económica a algunos salvadoreños y ha enviado regularmente paquetes de alimentos a pueblos y a vecindarios.

Desde su elección en 2019, Bukele ha disfrutado de algunos de los índices de aprobación más altos en América Latina, incluso un amplio apoyo de los salvadoreños que emigraron por razones económicas o por otras razones. Muchos han aplaudido sus acciones en gran medida y las acciones de su partido, incluso si las acciones parecen eludir las leyes del país.

Sin embargo, cuando sus aliados en la Asamblea Legislativa en junio aprobaron, casi de la noche a la mañana, una ley que legaliza la criptomoneda Bitcoin a partir del 7 de septiembre, obligando a las empresas que la aceptaran como pago, salvadoreños salieron a las calles a protestar y las críticas han aumentado.

El día que entró en vigencia la "ley Bitcoin", la "Chivo wallet", la aplicación del gobierno que se suponía que debían usar los salvadoreños como billetera electrónica, no se pudo descargar por fallas técnicas, y los ciudadanos hicieron cola en las máquinas que dispensaban dólares por Bitcoin para colectar los 30 dólares que el gobierno había dado para gastar en las tiendas que aceptaban la criptomoneda. Pocos pudieron cobrar el efectivo debido a dificultades técnicas, y como Bitcoin cayó casi un 10%, les dio a los pocos salvadoreños que pudieron retirar el dinero una muestra de su volatilidad.

Los obispos dijeron en el comunicado que ante la preocupación y el temor del pueblo salvadoreño "por la imposibilidad de manejar una moneda virtual, pedimos a la Asamblea Legislativa reforme la ley en el sentido de que no sea obligatorio el uso de dicha moneda".

Al citar su apoyo a la democracia y el estado de derecho, los obispos citaron el documento de Aparecida, importante en la vida de la iglesia en América Latina, y producto final de la quinta conferencia general del consejo episcopal latinoamericano (CELAM).

"No puede haber democracia verdadera y estable sin justicia, sin división real de poderes y sin la vigencia del Estado de derecho", dijeron.

La declaración se publicó tras una declaración del cardenal salvadoreño Gregorio Rosa Chávez, quien el 5 de septiembre comparó el estado de la democracia en El Salvador con un paciente en cuidados intensivos.