ROMA – Después de que colectivos feministas vandalizaran la Catedral de Santa Cruz, la Conferencia Episcopal de Bolivia anunció que emprenderá acciones legales contra quienes realizaron estas manifestaciones promoviendo el odio y la discriminación, argumentando que se trató de un ataque a la libertad religiosa.

La decisión fue anunciada por el abogado integrante del equipo jurídico de la los obispos bolivianos, Carlos Busch.

Las protestas, lideradas por la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, y diversos colectivos feministas, tuvieron lugar después de que la Iglesia Católica se manifestara en contra de que una niña de 11 años abusada en Yapacaní se sometiera a un aborto para terminar con el embarazo producto de esa violación.

Según Busch, el 27 de octubre, Cruz encabezó un acto público a las puertas de la sede de la conferencia episcopal, con actos de improperio y de intolerancia. Por otra parte, también utilizaron pintura roja para manchar la fachada de la histórica Catedral de Santa Cruz, además de registrarse violentas agresiones físicas e insultos discriminatorios.

"La iglesia no puede tampoco quedarse de brazos cruzados. Entonces vamos a decir que se van asumir las acciones legales pertinentes y esto porque raya mucho más allá del ejercicio de una libertad de expresión, raya mucho más allá en el ejercicio de la libertad de reunión que están garantizados en la propia Constitución, porque también se tiene que decir: hay una afectación a lo que significa la libertad religiosa que está garantizada como un derecho", señaló el jurista en entrevista con ERBOL.

Precisó que se está analizando recurrir a los tipos penales de discriminación e incitación a la discriminación en contra de organizaciones o asociaciones que han manifestado agresiones verbales, además de daño a la propiedad privada y allanamiento a instituciones a la Iglesia.

El integrante del equipo jurídico de la CEB indicó que también se emprenderá las acciones legales contra la Defensoría del Pueblo, por los mismos tipos penales relacionados a la discriminación. En la sede de la conferencia episcopal, después del ataque se leían frases como: “Niñas no madres”, “violadores”, “no son provida son proviolación”, “saquen sus rosarios de nuestros ovarios”, “si hay violación hay interrupción”, “violadores y curas perversos”.

Consideró como "una vergüenza absoluta" que la Defensora, en lugar de defender los derechos fundamentales de todos, se parcialice y además emita una serie de comentarios "fuera de lugar".

En declaraciones a la BBC, la defensora del pueblo, Nadia Cruz, acusó a la Iglesia Católica y a grupos provida de ejercer presión sobre la niña y su madre “para que cambiaran de opinión y desistieran de continuar con la interrupción del embarazo”.

La menor fue violada por un hombre de 61 años, que es el padre de su padrastro. Los abusos ocurrieron durante los 10 meses que tuvo que convivir con este hombre en una localidad de Santa Cruz, mientras su madre y su padrastro trabajaban en La Paz. El violador está actualmente en prisión. Hace seis años, la hermana mayor de la niña también había sido abusada, pero por su propio padre, que también está en prisión.

Algunos medios de comunicación cubrieron el hecho de que iba a producirse el aborto, sin embargo, la niña y su madre se opusieron al procedimiento. El sábado 23 de octubre, con una carta escrita a mano, la niña desistió formalmente de proseguir con el aborto y fue dada de alta el martes 26 de octubre. La niña, quien salió del hospital y por decisión de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia fue llevada a un centro católico de acogida para muchachas que se encuentran en situaciones similares. Uno de los policías que se hicieron cargo del caso informó que la Iglesia ofreció pagar una mensualidad a la familia para ayudar a la niña y para que no se aborte al bebé de cinco meses.

En un comunicado, la institución religiosa señaló que “la única solución es salvar, cuidar y apoyar con amor las dos vidas” y ofreció “acogida y atención a la niña y a la criaturita que tiene en su vientre, dando hospitalidad gratuita en el Centro de Madres Adolescentes Madre María, asegurando el apoyo material, médico, psicológico y espiritual para la maternidad y el tiempo de posmaternidad”.

Hablando con la prensa lcoal, Víctor Hugo Valda, delegado episcopal de Salud de la Arquidiócesis de Santa Cruz de la Sierra, desmintió que la Iglesia Católica haya intervenido en la decisión de la menor, y, por el contrario, aseguró que “desde el inicio ha demostrado cercanía y apoyo concreto”.

“Ahora incluso nos critican por ofrecer, por ayudar materialmente a la niña con hogar, educación, medicina, tratamiento psicológico”, lamentó.