La Iglesia Católica en Nicaragua enfrenta una nueva ola de arrestos de sacerdotes, con la detención de ocho presbíteros y un diácono este viernes 2 de agosto, la mayoría pertenecientes a la Diócesis de Matagalpa. Este incremento en la represión eleva a doce el número de religiosos detenidos en los últimos días, según informa una ONG de derechos humanos que opera desde el exilio en Costa Rica.
La organización Universitarios Católicos detalló que se trata de Monseñor Ulises René Vega, Monseñor Edgar Sacasa, el Padre Jairo Pravia, el Padre Víctor Godoy, el Padre Marlon Velasquez, el Diácono Ervin Aguirre, el Fray Silvio José Romero, el Fray Ramón Morras, y los Padres Antonio López, Raúl Francisco Villegas y Salvador de las Calabazas.
‼️ ¡En Nicaragua, al menos 11 sacerdotes y diáconos fueron secuestrados ayer por la dictadura sandinista!
Lista de los sacerdotes secuestrados en dos días por la policía sandinista:
1- Monseñor Ulises René Vega
2- Monseñor Edgar Sacasa
3- Padre Jairo Pravia
4- Padre Victor… pic.twitter.com/TjUrvIPu3p— Universitarios Católicos (@UniCatolicos_es) August 3, 2024
La escalada de arrestos comenzó el 27 de julio con la detención del sacerdote Frutos Constantino Valle Salmerón, de casi 80 años, administrador ad omnia de la Diócesis de Estelí. Posteriormente, el 1 de agosto, fueron detenidos otros dos sacerdotes en plena fiesta religiosa de Santo Domingo de Guzmán.
El Colectivo Nicaragua Nunca Más, una ONG de derechos humanos, reportó que viernes y sábado se intensificó la represión contra sacerdotes en el departamento de Matagalpa. "Varias parroquias han sido asediadas y al menos 12 sacerdotes detenidos arbitrariamente, algunos de ellos con paradero desconocido y en situación de desaparición forzada", indicó la organización en un comunicado.
La abogada e investigadora Martha Patricia Molina, exiliada en Estados Unidos, confirmó en la red social X que la policía nicaragüense realizó operativos en parroquias de las diócesis de Matagalpa y Estelí. La activista de derechos humanos Haydee Castillo también señaló el sábado que "anoche Matagalpa estuvo asediada por fuerzas policiales y paramilitares".
Hasta el momento, el gobierno de Nicaragua no ha emitido declaraciones oficiales sobre estas detenciones. El presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, han acusado a la Iglesia de apoyar las protestas de 2018, que dejaron más de 300 muertos según la ONU, y que el gobierno considera un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington. Murillo ha llegado a calificar a los religiosos de "hijos del demonio" y "agentes del mal".
Este aumento en la represión es la mayor arremetida desde diciembre de 2023, cuando fueron detenidos otra docena de sacerdotes. En enero, una treintena de religiosos fueron excarcelados y exiliados al Vaticano, entre ellos el obispo de Metagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, quien estuvo preso 11 meses, después de meses bajo arresto domiciliario. Había sido condenado de antentar contra el régimen y "traición a la patria" con una sentencia de 26 años.
La semana pasada, un grupo de expertos de las Naciones Unidas denunció que el gobierno de Nicaragua mantiene ataques "sistemáticos" contra la Iglesia Católica y otras confesiones cristianas desde las protestas de 2018. Desde abril de 2018 hasta marzo de 2024, dicho grupo documentó "73 casos de detenciones arbitrarias de miembros de la Iglesia Católica y otras confesiones cristianas", aunque la cifra real podría ser mayor.
El informe dedicó un apartado al caso de Monseñor Álvarez, quien “permaneció detenido por más de 11 meses con largos períodos en régimen de aislamiento en la sección de máxima seguridad de la cárcel La Modelo”.
Puntualmente, el escrito detalló que estuvo recluido en una zona conocida como “El Infiernillo”, que es una sección que está compuesta de celdas oscuras, insalubres, sin ventilación, sin suficiente luz natural y expuestas a la humedad, el frío y el calor extremo. Además, no tuvo visitas familiares durante los primeros 43 días de su detención.
En el reporte titulado “Violaciones y abusos de los derechos humanos contra miembros de la Iglesia Católica y otras denominaciones cristianas en Nicaragua”, dado a conocer en el 55° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos (CoDH), el Grupo de Expertos indicó que logró documentar una serie de actos u omisiones cometidos en centros de detención de la Policía Nacional, como el complejo policial de la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como “El Nuevo Chipote”. Lo mismo ocurrió en “La Modelo”, la prisión de máxima seguridad del país.
“Estos actos incluyen: largos interrogatorios, amenazas, desnudez forzada, prohibición de comunicarse con otras personas detenidas, comida inadecuada y en algunos casos en porciones más reducidas que las correspondientes a presos comunes, luz artificial continua, y condiciones de aislamiento e incomunicación constantes”, denunció el Grupo de Expertos.
La situación en Nicaragua sigue siendo crítica, con la comunidad religiosa bajo constante amenaza y una falta de respuesta oficial por parte del gobierno, lo que agrava la incertidumbre y el temor entre los fieles y clérigos del país.