Nicaragua ha aprobado una ley que aumenta el control del gobierno sobre las instituciones educativas y le quita fondos a la Universidad Centroamericana, dirigida por los jesuitas, la cual no ha estado de acuerdo con el gobierno.
La medida fue aprobada el 31 de marzo por el Congreso y permite que el Consejo Nacional de Universidades se involucre en asuntos como los planes de estudio y los nombramientos de profesores, según la agencia de noticias Reuters. Actualmente, el consejo opera como una institución asesora.
La medida también excluye a la Universidad Centroamericana del consejo, lo que la priva de una parte del 6% del presupuesto nicaragüense destinado a la educación superior.
El presidente nicaragüense Daniel Ortega y tres de sus hijos estudiaron en la Universidad Centroamericana. La decisión de incluir la escuela en el Consejo Nacional de Universidades para que pudiera recibir financiación fue autorizada en 1990 por el Frente Sandinista de Liberación Nacional de Ortega.
La universidad no ha hecho un anuncio público sobre la nueva ley. El centro de estudios reconoció haber recibido 8.1 millones de dólares para su funcionamiento en 2018, según Reuters. Esa financiación se redujo a 38,000 dólares en 2022.
Los observadores calificaron los recortes de fondos como una "venganza" por el papel del centro académico en las protestas de 2018 contra Ortega, quien se resistió a los llamados para su destitución. La Universidad Centroamericana y otras universidades nicaragüenses permitieron que los estudiantes que protestaban buscaran protegerse de la policía y los paramilitares en el recinto durante las manifestaciones.
"Es un acto mezquino de venganza contra las autoridades jesuitas (en el centro educativo) porque abrieron las puertas de la universidad" a los manifestantes, dijo Álvaro Leiva, de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, a Catholic News Service desde Costa Rica, donde ha trabajado desde que huyó de Nicaragua en 2018.
Monseñor Carlos Avilés, vicario general de la Arquidiócesis de Managua, calificó la acción de "venganza política, porque todas las instituciones eclesiales están apoyando al pueblo ante la impopularidad de este gobierno".
La decisión de quitarles a las universidades su autonomía y recortar la financiación de la Universidad Centroamericana es la última medida del gobierno, a principios de este año, de cerrar una serie de universidades privadas y proyectos educativos diocesanos.