Una jueza de Nicaragua admitió una acusación contra Monseñor Rolando Álvarez y envió el caso a juicio oral y público por los supuestos delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información”.

Obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua, Álvarez fue puesto bajo arresto domiciliario la madrugada del viernes 19 de agosto por agentes policiales. Esto vino después de 15 días de confinamiento forzoso en el palacio episcopal junto a cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo.


En una nota divulgada por la Dirección de Prensa del Complejo Judicial Central Managua y recogida por 100%Noticias, de Nicaragua, se informó que este martes se llevó a cabo la audiencia inicial contra Álvarez.

“Se llevó a cabo la audiencia inicial del proceso penal en donde compareció Rolando José Álvarez Lagos en su calidad de acusado por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüenses”, lea la nota de prensa.

La autoridad judicial revisó las medidas cautelares decretadas en la audiencia preliminar el pasado mes de diciembre, resolvió mantener el arresto domiciliario, asimismo, admitió el intercambio de información de pruebas y remitió la causa a juicio.

La audiencia inicial fue a puertas cerradas, y hace meses que el obispo no tiene comunicación con sus seres queridos ni nadie de su circulo cercano.

En la misma causa se encuentra acusado por los mismos delitos el sacerdote exiliado Uriel Antonio Vallejos, y la jueza mantuvo vigente el oficio a la Interpol para su captura, según el parte judicial.

Debido a la poca información oficial, no está claro si la acusación de intentar dañar al gobierno se desprende exclusivamente de las homilías de Álvarez, quien bogo por la democracia y la libertad del pueblo nicaragüense, siempre siguiendo las escrituras y la dignidad de la persona humana, o si se trata de otros actos verdaderamente criminales, como el tráfico de armas o la represión violenta.

El juicio contra el obispo es último capítulo de la represión contra la Iglesia por parte del gobierno de Ortega y Rosario Murillo. En septiembre, el gobierno expulsó a las monjas de la orden religiosa de las Hermanas de la Caridad de la Madre Teresa.

En marzo, Nicaragua expulsó al nuncio papal, el principal diplomático del Vaticano en Nicaragua.

El 8 de diciembre, Ortega y su esposa intentaron prohibir la fiesta religiosa de la Inmaculada, pero la piedad popular fue mas fuerte que el miedo, y miles de personas salieron a la calle y participaron de la Misa celebrada por el Cardenal Leopoldo Brenes, de Managua, que desde hace meses se encuentra vigilado por la policía desde una garita ubicada frente a su residencia.

Monseñor Álvarez se encuentra bajo arresto domiciliario desde el 19 de agosto. Había sido una voz religiosa clave en las discusiones sobre el futuro de Nicaragua desde 2018, cuando una ola de protestas contra el gobierno de Ortega condujo a una amplia represión contra los opositores.

El gobierno de Ortega arrestó a decenas de líderes de la oposición el año pasado, incluidos siete posibles candidatos presidenciales. Fueron condenados a prisión este año en juicios rápidos cerrados al público.

Ortega ha sostenido que las protestas prodemocráticas fueron un intento de golpe de estado llevado a cabo con respaldo extranjero y con el apoyo de la Iglesia católica.