El régimen nicaragüense canceló la personería jurídica de los jesuitas y ordenó la expropiación de todos sus bienes, con lo que la Compañía de Jesús ya no podría operar legalmente en el país centroamericano.
La revocación del estatus legal de los jesuitas el 23 de agosto sigue a la confiscación de la Universidad Centroamericana, dirigida por la orden, la semana anterior. Las autoridades acusaron a la escuela de albergar un "centro de terrorismo" y confiscaron su campus en la capital, Managua.
La Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús condenó la cancelación, diciendo en una declaración del 23 de agosto que esta nueva agresión está enmarcada en un contexto nacional de "represión sistemática calificada como 'crímenes de lesa humanidad'" por la ONU y "que todo ello está encaminado al pleno establecimiento de un régimen totalitario".
"La decisión se tomó sin que conste que se hayan realizado los procedimientos administrativos establecidos por ley", continúa el comunicado.
La provincia "responsabiliza al Presidente y a la Vicepresidenta de Nicaragua por estar, por lo menos, cohonestado estos hechos e impidiendo que existan condiciones de independencia y neutralidad judicial que permita tomar medidas para frenarlos, revertirlos y sancionarlos".
El Ministerio del Interior nicaragüense acusó a los jesuitas de carecer de la supervisión adecuada para un grupo no gubernamental y de no presentar información fiscal al gobierno entre 2020 y 2022. El estatus de los jesuitas que no son ciudadanos sigue siendo incierto, ya que la orden carecería del estatus legal para patrocinar sus visas de inmigración.
La cancelación de la personería jurídica de los jesuitas en Nicaragua culmina una campaña de hostilidades contra la orden y el que había sido su proyecto más conocido en el país, la Universidad Centroamericana.
La universidad fue confiscada a los jesuitas, pero reabrió recientemente con un nuevo nombre (Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro), un equipo directivo considerado cercano al régimen, y la bandera negra y roja del partido sandinista ondeando sobre el campus.
Seis jesuitas afiliados a la Universidad Centroamericana fueron desalojados de su casa el 21 de agosto, a pesar de que presentaron un título que demostraba que la propiedad no pertenecía a la universidad. Otros proyectos de los jesuitas en Nicaragua incluyen los centros educativos Fe y Alegría, que atienden a más de 55.000 estudiantes, junto con programas para campesinos y personas con discapacidades.
La universidad entró en conflicto con el régimen del presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, después de que los estudiantes participaran en protestas que pedían la destitución de Ortega en 2018 y los funcionarios de la escuela abrieran el campus a los manifestantes heridos que huían de la policía y los paramilitares.
Luego, funcionarios de la escuela y estudiantes participaron en un diálogo nacional facilitado por la conferencia episcopal nicaragüense para encontrar una salida a la crisis nacional -- pero los obispos se retiraron más tarde, alegando mala fe por parte del gobierno.
"La Universidad era el último bastión de la libertad" en Nicaragua, dijo a OSV News Enrique Pumar, profesor de sociología en la Universidad de Santa Clara, California, que es dirigida por los jesuitas.
Él describió la relación entre los jesuitas y los sandinistas gobernantes, que tomaron el poder por primera vez en una revolución en 1979, como de "amor-odio". Algunos jesuitas apoyaron con entusiasmo a los sandinistas e incluso sirvieron en el gobierno, pero muchos en la orden y en la Iglesia Católica "apoyaron un cambio más gradual" que Ortega, según Pumar.
En los últimos cinco años, el régimen Ortega-Murillo ha tomado medidas enérgicas contra la Iglesia Católica, acosando, encarcelando y expulsando a sacerdotes por acompañar a las familias de presos políticos y denunciar graves violaciones de derechos humanos.
El obispo Rolando Álvarez sigue encarcelado con una condena de 26 años, dictada tras negarse a unirse a los 222 presos políticos enviados al exilio y despojados de su ciudadanía en febrero.
El régimen ha cancelado la personería jurídica y expulsado a otras órdenes religiosas, incluidas las Misioneras de la Caridad de la Madre Teresa en 2022, con acusaciones similares, no probadas, de desgobierno interno. Más de 3.000 grupos no gubernamentales en Nicaragua han perdido su estatus legal.
