Durante el último mes, Magdalena Chávez y sus hermanas han pasado sus días orando por su sobrino de 17 años.
Han incluido el nombre del adolescente salvadoreño en la lista de intenciones de la misa, rezan el rosario a diario y piden la intercesión divina para que llegue a EE.UU. sano y salvo.
"Esa es nuestra petición más urgente", dijo Chávez, quien periódicamente se comunica con sus familiares para ver si alguno de ellos ha recibido la noticia que más desean escuchar: que está vivo y que logró superar la peligrosa travesía desde México hacia Estados Unidos.
El adolescente salió de su pueblo de Las Pilas, en el norte de El Salvador el 1 de marzo con un "coyote", un contrabandista, sin avisar a su familia extendida, dijo Chávez a Catholic News Service (CNS) el 11 de marzo.
La familia descubrió que había partido sólo después de que otro familiar les dijera que estaba en Guatemala. Pocos días después, las noticias volvieron a llegar, esta vez con una foto del joven de 17 años enviada por el contrabandista diciendo que habían llegado a México y que pronto cruzarían la frontera.
El adolescente quería reunirse con sus padres, dos inmigrantes salvadoreños que viven en Estados Unidos sin documentos y que no lo han visto en cinco años, dijo Chávez. Los padres acordaron pagarle al contrabandista 4.500 dólares si su hijo cruzaba el Río Grande de manera segura. Pronto, podría formar parte de un número récord de menores en la frontera entre México y Estados Unidos, muchos de los cuales están llenando rápidamente los albergues del lado estadounidense.
El Washington Post informó recientemente que más de 8.500 niños y adolescentes inmigrantes no acompañados --como el sobrino de Chávez-- se encuentran ahora en albergues del Departamento de Salud y Servicios Humanos, esperando que familiares o patrocinadores que viven en Estados Unidos los reclamen. El periódico también informó que más de 3.500 --también una cifra récord-- están en las estaciones de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. esperando que haya espacio disponible en los albergues.
El pasado 13 de marzo, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS) informó en un comunicado que, durante los próximos 90 días, estaba desplegando a funcionarios de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para ayudar a "recibir, albergar y trasladar de forma segura a los niños no acompañados que hacen la peligrosa travesía a la frontera suroeste de EE.UU.".
El comunicado también advierte a padres o familiares de los menores que "el viaje que emprenden los niños solos desde sus países de origen, es extremadamente peligroso y el peligro es más severo durante la pandemia de COVID-19".
Incluso si ellos logran cruzar la frontera con vida, se enfrentan a una posible exposición al COVID-19 durante el viaje, en los albergues o centros de detención que los albergan temporalmente --hasta que un familiar, patrocinador o sus padres los recogen.
Dylan Corbett, director ejecutivo del Instituto Esperanza en la Frontera (Hope Border Institute) en El Paso, Texas, una organización sin fines de lucro que aboga por los migrantes en la frontera, dijo en una entrevista con CNS el 11 de marzo que los menores se enfrentan a las mismas condiciones que otros inmigrantes: ser transportados por las instalaciones y, a veces, de una ciudad a otra sin que se les haga la prueba del coronavirus.
Aunque gran parte del auge de menores ocurre en el sur de Texas, cerca de la zona de Brownsville y McAllen, cerca del Río Grande, las autoridades están llevando a los inmigrantes en avión a lugares como El Paso para procesarlos a través del sistema federal.
El obispo de El Paso, Mark J. Seitz, dijo que el 7 de marzo, la red local de albergues que ayudan a los inmigrantes y refugiados en la ciudad fronteriza recibió la noticia de la Patrulla Fronteriza de que llegarían entre 250 y 300 inmigrantes desde el sur de Texas y el flujo desde entonces ha sido constante. Llegan sin que se les haya hecho la prueba del COVID-19 "porque la Patrulla Fronteriza dice que no pueden hacerlo", dijo el obispo Seitz. "Están teniendo que trasladar a grandes grupos de personas y algunos pueden ser COVID positivos".
Para ser justos, dijo el obispo Seitz, "las personas que han estado cruzando la frontera tienen un índice de infección menor que las que están aquí. Más bien el riesgo es que nosotros les contagiemos a ellos con el COVID, pero en cualquier grupo grande, va a haber alguien que tenga el virus".
Y aunque los menores de edad son el foco de atención en las recientes noticias, Corbett dijo que hay muchos grupos que llegan a través de la frontera sur: solicitantes de asilo que fueron rechazados durante la administración Trump, personas que cruzan la frontera repetidamente y algunos que buscan alivio económico después de que las tormentas tropicales causaran estragos en sus naciones. Sin embargo, las pruebas para cualquiera de ellos son escasas.
Corbett dijo que su organización envió una carta dirigida al secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, pidiendo que, sea cual sea el grupo, el DHS garantice la realización de pruebas a los inmigrantes que están llegando. La carta hizo hincapié en la necesidad de un plan para atender y aislar a los que den positivo, "pero no recibimos respuesta", dijo Corbett.
Ahora esa falta de pruebas, "una oportunidad perdida", está siendo utilizada por aquellos "que explotarían una situación como esta con fines políticos", dijo Corbett.
Los republicanos rápidamente empezaron a atacar a la administración Biden en los programas de noticias políticas del 14 de marzo, siguiendo el ejemplo de otros miembros del GOP, como el gobernador de Texas, Greg Abbott.
"La administración Biden está liberando imprudentemente a cientos de inmigrantes ilegales que tienen COVID en las comunidades de Texas", tuiteó el gobernador el 3 de marzo.
Algunos republicanos también dijeron que la nueva administración había dado señales de que está bien cruzar la frontera, impulsando a los migrantes a enviar a sus hijos al norte.
Pero Chávez dijo que para su sobrino, que estaba esperando para cruzar el Río Grande el pasado 14 de marzo, era simplemente una cuestión de un menor que quería reunirse con sus padres, sobre todo después de experimentar una pandemia sin ellos.
Y si bien es cierto que ha habido un aumento de la actividad de los inmigrantes en la frontera, dijo Corbett, la actividad "no es sin precedentes", sino que fue producto del aumento del hambre, las economías debilitadas por el COVID, el cambio climático y la crisis en otros lugares.
Lo que está causando gran parte del drama que aparece en las noticias en estos días, dijo Corbett, apunta a una administración que intenta reconstruir una infraestructura que el gobierno anterior dejó con "una empobrecida" capacidad para acoger a los inmigrantes.
Encima, una pandemia que requiere que las personas mantengan distancia entre sí, ha erosionado el poco espacio que existía al final de la presidencia de Trump para atender a los inmigrantes que llegan.
Hasta el 15 de marzo, el gobierno de Biden no había difundido los detalles de su plan para albergar a los menores, si los alojaría en tiendas de campaña u otras estructuras para responder al auge surgido.
El obispo Seitz dijo que, si bien hay que retener a los menores hasta que se investigue en qué situación vivirían en Estados Unidos, tampoco es necesario retenerlos como si estuvieran en prisión.
Y ya sea en casos de menores como de adultos, las comunidades fronterizas siempre han estado dispuestas a intervenir para ayudar.
"Mi mayor preocupación no es si podemos atender a los refugiados", dijo el obispo Seitz. "Mi mayor preocupación es cuál será la reacción si los que están en contra de cualquier tipo de inmigración convencen con su saturado discurso de que estos inmigrantes son una amenaza para nosotros, que hay un caos en la frontera y todo eso".
"Eso me preocupa porque la gente se deja llevar fácilmente por ese miedo al otro, al extranjero, como lo llamamos", continuó. "Así que eso me preocupa más que nada. Son personas que hacen exactamente lo que tú o yo haríamos en la misma situación. Sólo necesitan un poco de compasión en el camino, y lo harán bien".