SÃO PAULO -- El número de conflictos por tierras, aguas o territorios forestales ha crecido en Brasil en 2023, alcanzando los 2.203 casos y afectando a más de 950.000 personas, según la Comisión de Pastoral de la Tierra de la conferencia episcopal. Esas han sido las cifras más altas en la historia del informe elaborado cada año desde 1985 por la comisión, conocida como CPT.
En 2022, la comisión identificó 2.050 conflictos, con 923.000 personas afectadas por ellos.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometió durante la campaña presidencial de 2022 que garantizaría los derechos de los pueblos indígenas y apoyaría a los trabajadores sin tierra. Pero el primer año de su mandato ha sido decepcionante para muchos, incluidos los agentes de ECAP.
"El actual gobierno se ha mostrado abierto al diálogo con nosotros y ha tomado medidas importantes, como expulsar a muchos invasores del territorio yanomami el año pasado. Pero no es suficiente, no es lo que esperábamos", dijo Ronilson Costa, uno de los coordinadores de la CPT, a OSV News.
Los miembros de pueblos indígenas encabezan la lista de víctimas de la violencia relacionada con disputas por la tierra, según el informe.
Los yanomami son la mayor tribu relativamente aislada de Sudamérica. Viven en las selvas y montañas del norte de Brasil y el sur de Venezuela. Costa afirmó que los grileiros siguen robando tierras públicas y que el gobierno no ha tomado acciones al respecto.
Las comunidades tradicionales y los pequeños agricultores han luchado por sus territorios durante las últimas décadas, encontrando apoyo en la constitución promulgada en 1988. El documento determinaba que todos los pueblos indígenas debían recibir oficialmente sus tierras en un plazo de cinco años -cosa que no se ha hecho- y establecía varias normas para el programa gubernamental de reforma agraria.
Con el fracaso de las administraciones posteriores a la hora de atender a esas comunidades, las disputas por la tierra, el agua y los bosques han ido creciendo cada vez más a lo largo de los años. Durante el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), esos problemas se intensificaron enormemente con su apoyo a los grileiros y otros invasores de tierras y su decisión de no conceder tierras a los pueblos tradicionales y a los trabajadores sin tierra.
El presidente da Silva prometió durante la campaña presidencial de 2022 que garantizaría los derechos de los pueblos indígenas y apoyaría a los trabajadores sin tierra. Pero el primer año de su mandato ha sido decepcionante para muchos, incluidos los agentes de ECAP.
El número de muertes ocurridas en 2023 como resultado de disputas por la tierra -- 31 -- ha disminuido en comparación con 2022, cuando 47 personas fueron asesinadas. El territorio total en disputa en Brasil cayó un 26,8% entre 2022 y 2023, y ahora corresponde a unas 134.000 hectáreas. Pero todas las demás cifras fueron negativas.
