Líderes católicos nicaragüenses han denunciado una serie de actos represivos dirigidos hacia partidos e individuos opuestos al actual gobierno, antes elecciones nacionales en noviembre.

Los prelados también pidieron unidad, ya que la oposición hacia el cada vez más tiránico presidente Daniel Ortega sigue fracturada.

"No podemos continuar viviendo como si se estuviera en guerra de todo contra todos", dijo el obispo Rolando Álvarez de Matagalpa en su homilía de Pentecostés el 23 de mayo. "Postergar esa responsabilidad seria hipotecar el futuro de la nación".

El obispo Álvarez, presidente de la conferencia episcopal nicaragüense, concluyó su homilía diciendo:

"En este contexto histórico se hace más urgente y necesario un proceso electoral transparente, justo y libre, producto del cual pueda generarse un dialogo entre todos los sectores políticos, sociales, y económicos, sindicales, académico para tener un consenso social mínimo sin exclusión".

El gobierno de Ortega ha reprimido a disidentes desde que protestas surgieron en 2018 y los manifestantes exigieron su destitución. La policía, los fiscales y las instituciones repletas de compinches de Ortega han intentado más recientemente intimidar o descalificar a posibles oponentes que enfrentará en las elecciones de otoño.

El 18 de mayo, funcionarios nicaragüenses anularon el estatus legal del Partido de Restauración Democrática, que según los observadores podría haber unido a la oposición en una sola coalición.

"El gobierno está burlando las elecciones, desde luego no quieren que se preste la voluntad popular porque ellos pierden", dijo Mons. Carlos Áviles, portavoz de la Arquidiócesis de Managua.

"Están desanimando a la gente para que no vote 'cerramos este partido, cerramos este candidato' para que la gente diga 'hey, ya no voy a votar' y eso le facilita a ellos el fraude o el partido que vaya de oposición llegaría con un voto dividido".

El 20 de mayo, la policía allanó las oficinas del grupo no gubernamental Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia y dijo que estaba investigando a su exdirectora, Cristiana Chamorro, por supuesto lavado de dinero. Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Chamorro, no ha descartado la posibilidad de postularse a la presidencia contra Ortega. Ella negó cualquier irregularidad en las finanzas de la fundación.

La policía también allanó las oficinas del diario Confidencial el mismo día. El periódico está dirigido por Carlos Chamorro, hermano de Cristiana Chamorro.

Ortega ha acusado al periódico y a la fundación de planear un golpe de estado en su contra, lo que llevó a Carlos Chamorro a pasar un año exiliado en Costa Rica antes de regresar a Nicaragua. La fundación se cerró a principios del 2021 después de que el gobierno de Nicaragua aprobara una ley de agentes extranjeros, que prohíbe a los grupos no gubernamentales aceptar fondos extranjeros.

El obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, tuiteó su consternación por el allanamiento de Confidencial, calificándolo como un "nuevo atropello de la dictadura contra este medio informativo. La verdad engendra libertad, por eso le temen tanto. ¡Nicaragua no puede seguir secuestrada!"