CIUDAD DE MÉXICO -- En Argentina, la Iglesia Católica dejará de recibir fondos públicos, marcando la conclusión de un proceso establecido por la conferencia episcopal del país para lograr que la Iglesia se autofinancie.

La decisión de retirar los fondos coincide con la reciente asunción del presidente Javier Milei, quien ha impulsado un programa de recortes del gasto público, privatizaciones y desregulación. Esto ocurre en un momento en que Argentina atraviesa una profunda crisis económica, marcada por una fuerte inflación y un elevado índice de pobreza.

El 28 de diciembre, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) comunicó que concluyó el "proceso de renuncia de los arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares" a los fondos mensuales previstos en la ley 21.950.

Los prelados percibían hasta ahora un subsidio mensual de los fondos públicos de unos 67 dólares (equivalente a 55.000 pesos argentinos). Sin embargo, el valor de esa suma se ha visto afectado negativamente debido a una inflación de más del 200% en el año 2023. Según el diario argentino La Nación, los seminaristas diocesanos también dejarán de percibir aportes económicos en los próximos meses, al igual que las parroquias que atienden regiones fronterizas.

Sin embargo, algunos prelados que hubieran cesado en sus cargos por razones de edad o de invalidez seguirán recibiendo un estipendio de 120 dólares según un acuerdo firmado en 2023 con el gobierno federal. Las instituciones educativas católicas también continuarán recibiendo una ayuda económica del estado, equivalente a la asignada a otras escuelas. Anteriormente, el monto global asignado mediante las subvenciones públicas suponía aproximadamente el 7% del presupuesto anual que administra la Iglesia en Argentina.

"(La medida) no tiene mucho impacto, porque muchos obispos ya renunciaron en los últimos años al aporte estatal del Estado", dijo a OSV News Mariano De Vedia, periodista especializado en temas de religión para el diario La Nación.

La Iglesia Católica ha ocupado históricamente una posición especial en Argentina, recibiendo respaldo financiero del Estado. Sin embargo, la decisión de la Iglesia de renunciar a estos fondos podría indicar un cambio en su influencia y estatus en un país que se está volviendo cada vez más secular.

El artículo 2 de la Constitución argentina establece lo siguiente: "El Gobierno Federal sostiene el culto católico apostólico romano". Sin embargo, ciertos requisitos, como que el presidente deba ser católico, han sido descartados.

Según una encuesta realizada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la proporción de la población católica disminuyó del 77% en 2008 al 63% en 2019.

Rodolfo Soriano-Núñez, un sociólogo mexicano especializado en el estudio del catolicismo latinoamericano, explicó a OSV News que estos fondos estaban vinculados a la percepción y comprensión de cómo la fe católica desempeña un papel fundamental en la identidad católica a nivel nacional.

La Conferencia Episcopal Argentina había acordado renunciar progresivamente a la financiación pública en 2018, tras llegar a un acuerdo con el Gobierno del entonces presidente Mauricio Macri para reducir la financiación a finales de 2023. La ayuda estatal ascendía a unos 4,6 millones de dólares según el tipo de cambio de 2018, equivalente a 130 millones de pesos, un respaldo que generó críticas en diversos sectores de la sociedad.

Según Soriano-Núñez, en ocasiones las subvenciones resultaron polémicas, ya que fueron utilizadas por los presidentes argentinos en un intento de controlar a la Iglesia o conseguir el respaldo de los obispos para sus iniciativas.

"Lo mismo ocurre en los países donde todavía existen estos subsidios", dijo.

Milei, quien asumió el cargo el 10 de diciembre, promulgó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que entró en vigencia el 29 del mismo mes, con más de 300 medidas destinadas a desregular rápidamente la economía argentina. Esto provocó protestas callejeras y amenazas de huelga general por parte de los sindicatos. Su gobierno también devaluó el peso en un 54%. El decreto marcó formalmente el inicio del "desmantelamiento del Estado argentino", según informó el diario El País el 21 de diciembre, permitiendo la privatización de empresas estatales como la petrolera YPF. Además, abrió la puerta a las operaciones en dólares, con el objetivo de flexibilizar también el mercado laboral y el sistema de salud.

"No hay plata", dijeron repetidamente Milei y sus funcionarios.

Los líderes eclesiásticos argentinos han mantenido en su mayoría un perfil bajo con respecto al nuevo presidente, quien previamente acusó al Papa Francisco de predicar el “comunismo”. El 21 de noviembre, el obispo Óscar Ojea de San Isidro, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, expresó en una declaración lanzada en X, anteriormente conocido como Twitter, que reza "al Señor para que ilumine a las nuevas autoridades elegidas".

Algunos católicos que trabajan con personas de bajos recursos se han manifestado en contra del decreto. Según un grupo de ministerios sociales diocesanos en el sur de la Patagonia, esto "atenta contra nuestra vida democrática".

"No podemos permitir que se ignore la división de poderes de este modo, para seguir imponiendo un modelo económico que siga concentrando la riqueza en grupos monopólicos privilegiados", señala el comunicado de las pastorales sociales de las diócesis de San Carlos de Bariloche, Viedma y Alto Valle del Río Negro.

"Como Iglesia venimos denunciando el avance del liberalismo con su desregulación del mercado, porque propone una sociedad basada en el individualismo y la competencia, y no en la justicia social, la solidaridad y la fraternidad. Este (decreto) golpea duramente el corazón de nuestras familias", indica el comunicado.

En su mensaje de Navidad, Mons. Ojea expresó su preocupación ante el aumento de la pobreza en Argentina, sobre todo porque la subida de los precios amenaza con privar de alimentos a muchas familias.

"Tenemos verdaderamente una preocupación seria para que el alimento pueda llegar a todos los chicos y chicas de nuestra Patria", dijo.

El Observatorio de Deuda Social de la Pontificia Universidad Católica Argentina reportó que la tasa de pobreza en diciembre fue del 44.7%.

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David Agren escribe para OSV News desde la Ciudad de México.