La Iglesia en México denunció que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador “ha continuado con prácticas de militarización y represión” contra los migrantes indocumentados en el país.

En un comunicado difundido el 14 de octubre, Mons. José Guadalupe Torres Campos, Obispo de Ciudad Juárez y responsable de la Dimensión Episcopal de Pastoral de la Movilidad Humana de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), dijo que la forma en la que el gobierno de López Obrador trata a los migrantes ha llevado a “múltiples violaciones a los derechos humanos”.

Mons. Torres Campos compartió la tristeza de quienes en la Iglesia trabajan por ayudar a los migrantes al ver “que la actual política migratoria del Gobierno de México ha recrudecido sus acciones de contención a los flujos migratorios”.

Al actuar así, indicó, “se aleja cada vez más de una visión humanitaria para la atención integral de las personas en contexto de migración”.

Entre las “violaciones a los derechos humanos” que sufren los migrantes, continuó, se encuentran “secuestros, desapariciones forzadas, homicidios, detenciones ilegales, hacinamientos, por mencionar algunos”.

“Consideramos que el Gobierno de México ha evadido su responsabilidad de proteger y garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las personas en situación de vulnerabilidad, como lo son las personas migrantes”, señaló el Prelado.

Además, señaló que “el Gobierno de México ha delegado a las Casas del Migrante de la Iglesia Católica, de otras Iglesias y de la sociedad civil en general, la responsabilidad de atender a las personas en contexto de migración”.

El Prelado indicó que para la Iglesia “existen caminos más fraternos para la movilidad humana en general”.

“Por ello, seguimos extendiendo nuestra mano al Gobierno de México, siempre en beneficio de las personas migrantes y de las personas mexicanas, sabedores de que creemos en un mundo en el cual somos hermanas y hermanos, hijas e hijos de un mismo Dios, sin fronteras, prejuicios, odios o xenofobia”.

Mons. Torres Campos remarcó luego que “no queremos un México en donde se separen a las familias migrantes” ni “un país en donde las autoridades municipales, estatales y federales sean cómplices de la delincuencia organizada”.

“No queremos que un México en donde se trafique con el cuerpo y el dolor de personas extranjeras que decidieron migrar para encontrar una vida mejor”, dijo.