Los obispos de Guatemala han condenado la violencia que ha dejado al menos 13 muertos desde diciembre.

El conflicto afecta a dos comunidades -los Nahualá y los Ixtahuacán de Santa Catarina- en la región de Sololá, que llevan más de 150 años luchando por los derechos sobre el agua y la delimitación de la frontera entre sus territorios tradicionales.

Desde el siglo XIX, los enfrentamientos han causado la muerte de cientos de personas. El 17 de diciembre de 2021 murieron 12 personas, entre ellas cinco mujeres y cuatro niños. El 7 de enero, policías y fiscales fueron emboscados cuando se disponían a realizar una redada en el municipio de Nahualá para encontrar a los responsables de los asesinatos. Un policía fue asesinado y otros ocho resultaron heridos.

"Hechos violentos hacen indefendibles las perspectivas de quienes creen tener razones válidas para defender sus derechos y reivindicaciones", escribieron los obispos en un comunicado difundido esta semana.

"Al expresar nuestra indignación, condenamos el uso de la violencia como método para conseguir los propios objetivos. La violencia sólo engendra más violencia", dijeron los obispos, y añadieron que "también hoy, Dios reclama por la sangre inocente derramada", como ocurrió cuando Caín mató a Abel en la Biblia".

"Hacemos un llamamiento a los habitantes de estos pueblos hermanos, y especialmente a sus líderes reconocidos, para que busquen medios pacíficos y conformes a la ley para argumentar sus posiciones o salvaguardar sus derechos", prosigue el comunicado.

El origen de la animosidad entre los dos pueblos indígenas es prácticamente imposible de rastrear, ya que la documentación de la época de la colonización española de las Américas apunta a que ambos eran un pueblo guerrero. En un intento de "reducir" a las poblaciones indígenas, los españoles unieron varios pueblos y construyeron "centros" europeos que los agrupaban a todos.

Cuando Guatemala se independizó, muchas de estas tribus siguieron viviendo juntas, pero los nahualá y los ixtahuacán, se separaron. Los nahualá construyeron su propia iglesia y desde entonces hubo una guerra no declarada entre las dos comunidades.

Muchas comunidades de Guatemala sufrieron esta "reducción" colonial, pero con el tiempo consiguieron arreglar sus diferencias a pesar de que se sabe que tienen orígenes diferentes.

Este no fue el caso de Ixtahuacán y Nahualá, que vivían en zonas grandes y densamente pobladas.

Aunque se constituyeron como dos pueblos diferentes con un "colchón" entre ellos, el crecimiento los fue acercando, lo que agravó el conflicto. Luego, la naturaleza lo empeoró todo: en 1998, un huracán obligó a los ixtahuacanos a adentrarse en el territorio que había sido la zona de amortiguación.

La violencia se reavivó a finales del año pasado por las tierras de cultivo y otros recursos naturales, pero hay un tercer elemento en juego: El crimen organizado.

En Guatemala se produjeron 60.000 asesinatos violentos en la última década, y Sololá es una de las regiones más violentas del país, afectada no sólo por el narcotráfico sino también por los "coyotes", delincuentes que trafican con seres humanos desesperados por emigrar de Centroamérica.

En un comunicado, los obispos guatemaltecos lamentaron "los hechos de creciente violencia, polarización y conflicto" entre las dos comunidades, señalando que los asesinados eran personas inocentes que buscaban honestamente mantener a sus familias.

Pero los prelados también instaron a "desenmascarar" al crimen organizado, condenando el uso de la violencia como método para lograr sus objetivos porque "sólo engendra más violencia."

"En la medida en que haya crimen organizado detrás de los hechos, debe ser desenmascarado, capturado, perseguido y condenado", dijeron.

"Los mecanismos de diálogo deben seguir siendo los canales fundamentales para la resolución de los problemas que han generado polarización y conflicto", continuaron los obispos.

También instaron a las autoridades nacionales y locales a no dejar de buscar soluciones para acabar con la violencia. "La historia nos enseña que el abandono de los problemas no los resuelve".

El enfrentamiento entre las dos comunidades llevó al presidente Alejandro Giammattei a declarar el estado de sitio en los dos municipios en diciembre.

El 11 de enero, el gobierno abrió un diálogo entre ambas comunidades para llegar a acuerdos concretos.