El jueves por la noche, la abogada y defensora de los derechos humanos Martha Patricia Molina confirmó en Twitter que la Policía Nacional de Nicaragua secuestró a Monseñor Ulises Vega, Vicario Judicial de la Diócesis de Matagalpa y párroco de San Ramón, y a Monseñor Edgar Sacasa, Vicario de Pastoral y párroco de San Isidro. Ambos pertenecen a la Diócesis de Matagalpa, dirigida por el obispo Rolando Álvarez, quien se encuentra exiliado tras más de 500 días bajo arresto.

La mañana del viernes 8 de agosto, Molina informó que el clero de Matagalpa y Estelí amaneció en estado de zozobra, con la parroquia Inmaculada Concepción de María en Sébaco rodeada de antimotines. La feligresía teme por la seguridad de sus párrocos.

El clima de persecución religiosa en Nicaragua se ha intensificado desde 2018, cuando el clero del país abrió las puertas de las iglesias para dar acogida a cientos de manifestantes que pacíficamente protestaron contra el gobierno del presidente Daniel Ortega y su mujer, la vice presidente Rosario Murillo. La Policía Nacional, bajo el control del régimen Ortega-Murillo, prohibió recientemente la ordenación sacerdotal de tres diáconos en la catedral Nuestra Señora del Rosario de Estelí. La ceremonia, que debía realizarse el 27 de julio, fue cancelada por orden policial sin explicaciones claras. Los diáconos afectados son Kelin José Martínez Rayo, Wendell Fuentes Chavarría y Ervin Joel Hernández Umanzor. La diócesis de Estelí está también bajo jurisdicción de Monseñor Álvarez, ya que el Papa Francisco lo había nominado administrador apostólico.

El mismo viernes 26 de julio, horas después de que los oficiales de la policía notificaran que "no estaba autorizada la ordenación sacerdotal" de los tres diáconos, el padre Frutos Valle Salmerón, de casi 80 años de edad, fue trasladado al Seminario Nacional Nuestra Señora de Fátima, en Managua. Según manifestó la abogada e investigadora Molina, el sacerdote tiene "seminario por cárcel: está vigilado para que no escape".

El sacerdote Valle Salmerón había sido nombrado hacía siete meses como administrador ad omnia de la diócesis de Estelí

Desde las protestas de 2018, la represión del gobierno de Ortega contra la Iglesia Católica ha sido constante. La Iglesia ha sido acusada de incitar la violencia y desestabilizar el país, con Murillo denunciando que los obispos y sacerdotes católicos son "hijos del diablo". El gobierno expulsó a las Misioneras de la Caridad tras acusarlas de terrorismo, y forzó al exilio a tres obispos, Silvio Báez, auxiliar de Managua que se encuentra en Miami desde 2019, Rolando Álvarez e Isidoro Mora del Carmen Ortega, desterrados al Vaticano el 13 de enero de 2024. En los últimos 12 meses, al menos 32 sacerdotes han sido expulsados del país centroamericano.

La comunidad católica y los defensores de derechos humanos han expresado su preocupación por estas acciones. El diácono Wendell Fuentes, cuya ordenación fue cancelada, pidió a los fieles seguir rezando por las vocaciones sacerdotales, esperando que pronto puedan servir como presbíteros.

Los familiares de 15 diáconos que se ordenarían sacerdotes el próximo 16 de agosto en la catedral metropolitana de Managua también manifestaron su preocupación, temiendo que enfrenten los mismos obstáculos. Han pedido oraciones para que las ordenaciones puedan realizarse sin problemas.

Recientemente, el Grupo de Expertos de Naciones Unidas sobre Nicaragua, presentó un informe sobre la persecución religiosa en el país, en el que denunciaron que sacerdotes católicos que estuvieron presos fueron torturados y sufrieron "desnudez forzada", además de los impedimentos impuestos para realizar las procesiones que acostumbra la iglesia católica.

"La persecución de miembros de la Iglesia católica y de otras confesiones cristianas también violó el derecho de miles de personas de practicar libre y públicamente su derecho a la libertad de religión, con efectos en otros derechos, como la libertad de conciencia, expresión y opinión", se expresó en dicho informe.