ROMA - Cuando se trata de abordar los abusos sexuales del clero, el papel de los laicos es fundamental, según los expertos.

Sin embargo, según una de las laicas colombianas que está en el centro de la respuesta de los obispos del país, hay demasiadas personas que evitan abordarlo, porque piensan que no es un problema que les afecte.

Ilva Myriam Hoyos, ex procuradora colombiana de la infancia, la adolescencia y la familia, es la responsable del grupo de trabajo de los obispos para la protección de los menores.

"Estamos obligados a actuar cuando tenemos conocimiento de la violencia contra un menor de edad, pero la realidad es que todavía hay una cierta indiferencia, una actitud de dejar el problema a otro porque el tema 'no me toca directamente'", dijo a Crux.

Crux habló con Hoyos sobre lo que está haciendo la Iglesia en Colombia para enfrentar la crisis de los abusos clericales, incluyendo los errores cometidos por los obispos, los laicos y los medios de comunicación. Lo que sigue son extractos de la conversación de una hora.

¿Cómo empezó usted a trabajar en el tema de la prevención de abusos?

Soy abogada, doctora en derecho, muy vinculada a la actividad académica: fui decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Sabana y directora del Instituto de Humanidades. Y a su vez, siempre estuve vinculada a la Iglesia.

¿En qué sentido?

Desde el año 1992 empecé a asesorar a la Iglesia en temática de vida, familia y libertad religiosa y esa asesoría me llevó a representar a la Conferencia Episcopal en diversas actividades, como intervenciones ante la Corte Constitucional o Congreso de la República y a su vez a vincularme a la nunciatura apostólica. A su vez, en su momento, el presidente del pontificio consejo para la familia era el cardenal colombiano Alfonso López Trujillo y con él tuve la posibilidad de trabajar muy cercanamente estos temas. Y también tuve el privilegio de participar en la asamblea latinoamericana en Aparecida y en el Sinodo de la Familia en 2014.
Por otro lado, en 2009 asumió el cargo nacional de procuradora general de infancia, adolescencia y familia. Los 8 anos en este cargo me llevaron a conocer la realidad de infancia y adoleslcencia en todas sus esferas, donde me tocó trabajar temáticas muy complejas relativas a violencia sexual contra niños, como asi tambien la de los grupos armados. Entonces se empezaron a conjugar temas que ya no era solamente la vida, sino realmente vinculados a los abusos.

Como continúe asesorando a la Iglesia, eventualmente llegaron las primeras consultas sobre las demandas que van presentando en Colombia los primeros casos de abuso, donde no fui la abogada de la Iglesia, pero si asesore en materia jurídica. Y ya en el 2018, cuando la Conferencia Episcopal empieza a advertir la urgencia de estos temas, fui convocada para una asamblea extraordinaria, donde presenté un poco el panorama jurídico, en particular una sentencia de la Corte Suprema que determina la responsabilidad civil a una diócesis. Ahí nace el consejo nacional de prevención, y me nombran presidente del mismo.

Usted mencionó que en el 2018 la Iglesia la convoca para la asamblea extraordinaria de los obispos. ¿Hubo un hecho que causó ese punto de inflexión porque digamos que fue bastante después de que estallara la situación en Estados Unidos, Irlanda o Australia?

Digamos que ya había habido algunas llamadas de alerta por casos que se presentaron y que tuvieron cierta repercusión en los medios.Y también por la decisión de la Corte Suprema de Justicia para determinar responsabilidad de carácter civil a una diócesis. Igualmente, no quiero decir que antes del 2018 no se haya hecho nada porque eh la Iglesia en Colombia, que tiene sus líneas guía desde el año 2014, pero no era una temática especialmente importante en la agenda de la conferencia episcopal, como si lo ha sido en los últimos años que en todas las asambleas.

¿Cuáles son en su experiencia los errores más comunes que comete la jerarquía al momento de tratar con casos de abusos?

Yo no dudo de la buena intención de los obispos, pero en ocasiones creo que no tienen suficiente conocimiento en torno a estos temas. Se han cometido muchos errores en la interpretación normativa tanto del derecho canónico como del derecho estatal, y con una mentalidad de no pronunciarse sobre estos temas, de trabajarlo de una manera muy silenciosa y silenciada. Esto se ha ido rompiendo poco a poco, pero todavía sigue siendo un tema difícil de abordar. Por un lado, porque ha sido muy difícil establecer una metodología de trabajo común, y resulta muy difícil conocer cuál es la situación en relación con el tema de los abusos de la Iglesia en Colombia.

Dentro de los errores, está el tema de la obligatoriedad de comunicar las denuncias a las autoridades estatales, y esto no solo por parte de los obispos, sino también de los abogados, con una respuesta “formal.” Por motivos de un concordato del año 1974, la Iglesia tiene total autonomía, “protegida” de la legislación. Hoy en día hay al menos una intención de trabajar en el tema y ser asesorados.

Otra de las falencias es la falta de personal cualificado, y también fondos, para hacer frente a estos temas, particularmente en las diócesis más chicas.

¿Cuáles son en su experiencia los errores más comunes que cometen los laicos en Colombia?

Hay que tener en cuenta que Colombia tiene una temática de violencia muy acentuada, de todos los tipos: violencia política, económica, sexual. Pero hay que entender que la violencia es prevenible, y ese es nuestro punto de partida. No es algo natural, pero en alguna medida, se ha naturalizado.

Hemos tratado de justificar la violencia al interior de las familias, y en alguna manera, el papel de los laicos en relación con la Iglesia no es muy distinto al de la sociedad civil. Tenemos la obligatoriedad de actuar cuando uno tiene conocimiento de violencia contra un menor, pero la realidad es que hay aún una cierta indiferencia, un dejarle el problema a otro porque el tema “no me toca de manera directa.” Incluso, cuando estábamos formando el consejo, hubo personas que dijeron que no, no solo porque es algo ad honorem, pero también porque es un tema que marca mucho, es un tema difícil.

Por otro lado, no tenemos asociaciones de víctimas, o personas que puedan darles una voz, visibilizar el problema en los medios, con muy pocos periodistas incluso tocando el tema de abusos eclesiales.

Si una víctima de Colombia quiere hacer una denuncia a nivel eclesiástico, ¿son claros y públicos los modos para hacerlo?

Te diría que hemos avanzado a nivel normativo, pero es necesario todavía defender a las localidades, con una labor pedagógica informativa. En relación con los pasos para hacer este tipo de denuncias, no todas las diócesis tienen una oficina aún, y cuando salimos al terreno, visitamos las diócesis, vemos que aún hay mucha desinformación.

Pero si las hubiera, a nivel ciudadano hay una gran desinformación en torno al tema. Por este motivo, uno de los proyectos para el próximo semestre es la formación, en particular en las ciudades donde hemos advertido que hay mayor nivel de violencia, no solo clerical, sino en la sociedad toda.

Usted forma parte del consejo Latinoamericano dedicado a la prevención de abuso infantil por parte del clero, de alguna manera iniciada por CEPROME, el centro de prevención de la Universidad de México. ¿Qué tan importante es este trabajo en red para hacer frente al problema?

Es verdaderamente providencial. Hemos creado realmente una familia dedicada a la prevención y a la formación, pero nos apoyamos los unos en los otros, colaboramos, compartimos buenas prácticas. Los cursos de formación que hemos lanzado, y las publicaciones que hemos hecho son verdaderamente un importante aporte de la Iglesia Latinoamericana a la universal.

Por otro lado, hay mucha complementariedad entre nosotros, somos laicos y sacerdotes, pero particularmente, somos varias mujeres. Y sabiendo que somos pocos los que trabajamos en el tema, porque hay muchos que, como te dije, prefieren no involucrarse, es bueno saberse acompañado.

Este trabajo en equipo, ya consolidado, nos permite servir a la Iglesia promoviendo el respeto por la dignidad humana y lo que significa una estructura del buen trato.

Usted habla mucho sobre el apostolado de la prevención. ¿De qué se trata?

En realidad es una idea del Papa Francisco, que utilizó en dos mensajes que envió al CEPROME. Es evidente que todos tenemos que involucrarnos cuando se trata de prevenir: el estado, la sociedad, la Iglesia. Y si bien la Iglesia tiene que cumplir con todos los parámetros establecidos por la ley, los estándares y los indicadores. Todo tenemos que aplicar. Pero además, la Iglesia tiene que prevenir de una mirada distinta. Y va más allá de reconocer que es una violacion a los derechos humanos, que es un problema de política pública. Tenemos que asumirlos con una visión superior, porque somos Iglesia. Y como somos Iglesia, nuestra acción no es la de una ONG; es un apostolado, un servicio, una parresia, el compromiso de darnos.

Ese apostolado de la prevención es un acto de amor, un acto de entrega, de donación. Este apostolado nos tiene que llevar a admitir que aunque tenemos retos y limitaciones, hay algo más, y tenemos que dar ese testimonio de fe, presentarlo de una manera tal que nadie quiera ser excluido de ese amor. El bien es difusivo, decían los clásicos. Tenemos que difundir esto.

Somos apóstoles, y como tal, tenemos una gracia, un don, una oportunidad de servir, y el servicio a la víctima, al victimario, a la comunidad y a la Iglesia tiene que ser esperanzador. La nuestra no es simplemente una política de derechos humanos, ni tampoco una en la que solo se hable de sanciones. Tener una política de prevención no es suficiente.

Creo que la Iglesia tiene que ser consciente de que la misión de la Iglesia es evangélica y, obviamente, anunciar la buena nueva. Pero también tiene que dar la buena nueva en torno a estos temas. Reconocer la dignidad de las personas viene del hecho de que somos hijos de Dios, tiene que hacer que nuestro trabajo sea aún más exigente que el que se exige en la sociedad civil.