ROSARIO, Argentina - En la madrugada del 16 de noviembre de 1989, soldados de élite del ejército salvadoreño entrenados por un comando estadounidense entraron en el campus de la universidad católica de San Salvador y masacraron a seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres.

Hasta el día de hoy, nadie ha sido condenado. Pero a principios de este mes, el más alto tribunal de El Salvador ordenó la reapertura de una investigación penal sobre la masacre. La decisión es consecuencia de un recurso presentado por el Fiscal General del país, Rodolfo Delgado.

En el pasado se ha intentado procesar a los autores de las matanzas que tuvieron lugar durante la guerra civil del país. Una amnistía declarada en 1993 lo impidió, pero en 2016 fue declarada inconstitucional, abriendo la posibilidad de que estos crímenes sean juzgados.

Aproximadamente 75.000 ciudadanos fueron asesinados y 8.000 desaparecieron en la guerra civil librada entre las fuerzas gubernamentales respaldadas por Estados Unidos y los combatientes rebeldes marxistas.

Este caso en particular, sin embargo, se cerró en 2020, sin acusar a los culpables del crimen que acabó con la vida de los seis sacerdotes, su ama de llaves y la hija de esta.

Al reabrir el caso el 6 de enero, la Corte de Constitucionalidad dio diez días al tribunal penal del país para que inicie una investigación sobre quienes fueron señalados como posibles autores intelectuales de los asesinatos: el ex presidente Alfredo Cristiani, los generales Humberto Larios, Juan Bustillo, Francisco Fuentes, Rafael Zepeda y René Ponce, y el coronel Inocente Montano, que ya fue condenado en España a 130 años. (Cinco de los jesuitas procedían de España).

El momento del anuncio es importante, ya que se produce sólo unos días antes de la beatificación, el 19 de enero, de cuatro mártires de la guerra civil del país: El padre franciscano Cosme Spessotto; el padre jesuita Rutilio Grande, que fue martirizado junto con Manuel Solórzano, un sacristán de más de 70 años; y Nelson Rutilio Lemus, un niño en su adolescencia.

Adoradores sostienen imágenes del padre jesuita Rutilio Grande, y del padre franciscano Cosme Spessotto, durante la beatificación en San Salvador, El Salvador, el 22 de enero de 2022. (Foto CNS /Jose Cabezas, Reuters)

 

"Voces nacionales e internacionales llevan años exigiendo justicia para este caso: les prometemos que perseguiremos a los responsables y lograremos la justicia", dijo Delgado ante el anuncio de la reapertura.

Las reacciones de la Iglesia católica salvadoreña, sin embargo, parecen ser menos entusiastas: no porque no quieran justicia, sino porque no están seguros de que vaya a llegar.

El cardenal Gregorio Rosa Chávez, obispo auxiliar de San Salvador y otrora estrecho colaborador del santo y mártir Óscar Romero, dijo que el crimen de los sacerdotes jesuitas no es "un crimen cualquiera" y que está "bien documentado".

"El caso de la masacre de la Universidad Centroamericana puede constituir una primera respuesta al lamento de las víctimas de El Salvador que no han tenido verdadera justicia, sino resoluciones judiciales inmorales y sesgadas", dijo. "El asunto puede dar lugar a una seria reflexión sobre cómo hacer justicia en El Salvador".

Aun así, el cardenal Rosa Chávez cree que el proceso de reapertura del caso "no fue correcto" en su ejecución, y dijo que la noticia le pareció "sorprendente" y que ni la Iglesia ni la universidad fueron "consultadas" previamente. Enterarse después, dijo, fue "desagradable".

El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, se pronunció en términos similares, pero en un tono ligeramente distinto, calificando la reapertura del llamado "Caso Jesuitas" como un acto de "justicia para las víctimas", no de venganza, y viendo en ello la esperanza de descubrir por fin quiénes estuvieron detrás del crimen.

La Universidad Centroamericana (UCA), el colegio dirigido por los jesuitas donde tuvo lugar la masacre, señaló en un comunicado que el caso ha recorrido "un largo, complejo y tortuoso camino" durante años y pidió que se haga justicia, pero no para el beneficio político de algunos.

Y al igual que el Cardenal Rosa Chávez, la dirección de la escuela dijo que el anuncio también les pilló por sorpresa, quejándose de que la perspectiva de los que realmente conocen el caso había sido ignorada y obviada por los fiscales.

Aunque prometió participar en el proceso del caso, la universidad se unió a los obispos y a los jesuitas del país para pedir que no se les "instrumentalice políticamente".

"En sí mismo, la reapertura del caso es algo bueno porque va en favor de la justicia", dijo el arzobispo Alas. "Pero, ¿se va a hacer justicia o no? Esa es la cuestión: si se ha reabierto el caso, que se haga justicia. Si no, sería un sinsentido, sería una re-victimización".

Sus preocupaciones no son ciertamente infundadas. Casos similares en El Salvador y en toda América Latina tienen fama de ser manipulados por los políticos. Aquí, sin embargo, los autores intelectuales de la masacre están asociados al partido de derechas derrotado por el actual presidente Nayib Bukele en las últimas elecciones presidenciales, y que hoy se perfila como una fuerte oposición.

Vale la pena señalar, como lo hizo el Cardenal Rosa Chávez, que aunque la "Masacre de los Jesuitas" es uno de los crímenes más conocidos internacionalmente asociados a la guerra (junto con el asesinato de San Oscar Romero), lamentablemente está lejos de ser el peor de los no resueltos.

En la Masacre de El Mazote, por ejemplo, casi 1.000 personas fueron asesinadas de la noche a la mañana por los militares en diciembre de 1981. ¿Por qué, se preguntan ahora muchos salvadoreños, la vida de ocho personas merece más la atención del gobierno que la de tantas otras?