SÃO PAULO, Brasil -- En medio de la peor crisis de seguridad que Haití ha experimentado en varios años -- una que ha sido particularmente dura para los miembros de la Iglesia -- el primer ministro Ariel Henry dimitió después de semanas de caos en la nación caribeña.

La decisión se produjo después de que una escalada de violencia hiciera casi imposible la vida cotidiana en Haití, con al menos el 80% de la capital, Puerto Príncipe, en manos de pandillas y más de 300.000 ciudadanos desplazados.

Henry dijo en un discurso grabado en vídeo a finales del 11 de marzo que su gobierno dejaría el poder tras el establecimiento de un consejo de transición. "Haití necesita paz. Haití necesita estabilidad", afirmó.

Haití se encuentra al borde de la guerra civil, según el arzobispo de Puerto Príncipe, Max Leroy Mésidor, presidente de la conferencia episcopal haitiana. El arzobispo Mésidor comunicó a la organización caritativa pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada que las bandas armadas actúan con una organización alarmante, superando los esfuerzos de las fuerzas del orden. Esto ha obstaculizado gravemente las actividades caritativas de la Iglesia, agravando una situación calamitosa, dijo el prelado.

Los grupos criminales han estado coordinando ataques contra comisarías de policía y en las últimas semanas han conseguido liberar a más de 3.000 reclusos de un centro penitenciario, entre ellos asesinos y secuestradores.

Algunos jefes de pandillas, entre ellos el ex policía y líder pandillero más temido, Jimmy "Barbecue" Cherizier, que encabeza una alianza de nueve bandas conocida como G9, afirmaron que su objetivo era provocar la dimisión del primer ministro. Henry asumió el cargo tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021.

Desde entonces, las bandas han crecido rápidamente y han ampliado su alcance en la sociedad haitiana, agravando una situación ya de por sí caótica en el país.

El 7 de marzo, la Red eclesial Justicia y Paz en la patria grande, que incluye a las comisiones episcopales de justicia en América Latina y el Caribe, hizo público un documento en el que pedía “a las autoridades internacionales y a la comunidad mundial no permanecer indiferentes ante el sufrimiento de los más pobres y los más débiles del querido pueblo haitiano, que una vez más enfrenta la muerte, el hambre y el dolor". La carta pedía una "intervención urgente de fuerzas internacionales de paz".

"Creemos firmemente en la vía democrática en tanto expresión fiel de la voluntad de los pueblos para alcanzar la justicia y la paz en todas las naciones de América Latina y el Caribe, y en este momento especialmente en Haití. Igualmente, en la necesidad de la presencia y vigencia de autoridad política legítima y actuante", decía la declaración, añadiendo que sus firmantes están orando por "los frutos de diálogo, de reconciliación y de paz en Haití".