ROMA - Mientras continúan los ataques esporádicos contra instituciones religiosas en Chile, los líderes de las religiones presentes en el país sudamericano se reunieron para pedir a la comisión encargada de reescribir la Constitución nacional que garantice la libertad religiosa.
El documento de 7 páginas firmado por líderes cristianos, judíos y musulmanes se refiere a la libertad religiosa "como un valor esencial de la vida democrática y social del país".
Entre otras cosas, solicitan que, al reescribir la Constitución, el Estado considere la fe como "un factor determinante en la vida de las personas y las comunidades" e invitan a la comisión que la reescriba "a tener en cuenta los tratados y normas internacionales en esta materia."
Los firmantes del documento afirman que "pocas cosas son más fundamentales, más importantes, para el ser humano que sus creencias religiosas o morales personales."
Firmado por 11 líderes de las 10 principales confesiones religiosas de Chile, entre ellas la Iglesia Católica, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Unión Nacional Evangélica del país y los responsables de los centros islámicos y judíos, el documento está dirigido a Elisa Loncon Antileo, presidenta de la Convención Constitucional, y por extensión, a todos los encargados de reescribir la Constitución.
La decisión de Chile de escribir una nueva Constitución sigue a un referéndum celebrado en octubre de 2020, que fue impulsado por una serie de manifestaciones tanto pacíficas como violentas a finales de 2019 que sacudieron al que hasta entonces era uno de los países más estables y aparentemente exitosos de América Latina.
En el centro de las protestas estaban la ira por la falta de oportunidades y el acceso inadecuado y desigual a la atención médica, las pensiones y la educación. La convención constituyente fue la solución propuesta por una clase política desacreditada, que en noviembre de 2019 buscó una salida pacífica a un conflicto peligroso.
En mayo, 155 personas fueron elegidas por votación popular para redactar la nueva Constitución de Chile. Entre ellos hay una gran variedad de personas, como abogados, profesores, un ama de casa, científicos, trabajadores sociales y periodistas. La mitad son mujeres y 17 representan a grupos indígenas.
"En Chile existe una separación entre las confesiones religiosas y el Estado", escribieron los líderes religiosos en su carta, presentada a principios de esta semana. "Dicha separación implica el reconocimiento y la existencia de las confesiones religiosas, que son un factor social esencial en la búsqueda del bien común, siendo sus límites el orden público, las buenas costumbres y la moral".
El hecho de que el Estado reconozca las confesiones religiosas no implica que promueva una determinada fe religiosa ni que asuma una específica, sino "que la considera como un factor determinante en la vida de los individuos y las comunidades, que es accesorio a la misión propia del Estado de promover el bienestar material y espiritual de los ciudadanos sin distinción alguna."
Asimismo, argumentaron que, dado que quienes siguen una religión son también ciudadanos, entienden que "los valores y principios éticos y morales que se desprenden de la vivencia de una confesión religiosa son un elemento muy importante para el desarrollo de las virtudes cívicas y la convivencia social y la amistad cívica."
"Entendemos que pocas cosas son más fundamentales, más importantes, para el ser humano que sus creencias religiosas o morales personales", continúa la carta, y añade que "por ello, creemos que los redactores de la nueva Constitución deberían tener en cuenta todo el conocimiento y la sabiduría adquirida en el pasado con respecto a la libertad religiosa, de conciencia y de creencias. Animamos a los redactores de la nueva Constitución a que estudien detenidamente esta cuestión y apliquen las verdades que la humanidad ha aprendido sobre la importancia y el significado de la libertad de religión".
El documento fue entregado en mano el martes, un día después de que la Asamblea Constitucional comenzara a trabajar en ocho grupos diferentes para elaborar el primer borrador.
Horas antes, un grupo de desconocidos que, al parecer, conmemoraban el segundo aniversario de las protestas que dieron lugar a la nueva Constitución, saquearon e incendiaron las oficinas de la Diócesis de Talca, situada en la zona central de Chile.
"Ser víctimas de esta violencia irracional -continúa el comunicado- nos ayuda a comprender y empatizar con el dolor que tantas personas han experimentado en circunstancias similares en los últimos tiempos", señala un comunicado difundido por la diócesis. "Pensamos especialmente en quienes se han visto afectados en sus fuentes de trabajo".
La Diócesis de Talca reitera que "la paz y el diálogo son el camino hacia la justicia y el desarrollo. Esta violencia no representa las aspiraciones de la inmensa mayoría del país porque no contribuye a resolver los problemas de Chile, especialmente los de los más vulnerables."
El año pasado, durante protestas similares, se incendiaron dos iglesias católicas en Santiago, la capital del país. En la región del sur de Chile, varias iglesias de diferentes denominaciones han sido atacadas en lo que se conoce como el "conflicto mapuche", a través del cual la población indígena del país lucha por sus derechos. Estas protestas son a menudo violentas y tienen como objetivo iglesias, a pesar de que la mayoría de los mapuches se definen como cristianos.