ROSARIO, Argentina - Más de 18.000 personas apoyaron la propuesta de incluir un debate sobre la libertad religiosa y la objeción de conciencia en el proceso de redacción de la nueva Constitución de Chile, tarea encomendada a 155 personas elegidas para tal fin.

La propuesta fue presentada en octubre por un grupo interreligioso coordinado por el obispo católico Juan Ignacio González, miembro del Opus Dei. Todos los chilenos pueden hacer una propuesta, pero para que se discuta en la asamblea constituyente, es necesario que al menos 15.000 chilenos se conecten a internet y voten a favor.

La propuesta interreligiosa incluye tres artículos que cuentan con el apoyo de líderes católicos, anglicanos, ortodoxos, evangélicos, judíos y musulmanes, así como de tres pueblos indígenas, entre ellos el mapuche, el más numeroso de Chile.

Uno de ellos habla específicamente de la libertad de conciencia y de religión, que incluye "su libre ejercicio, la libertad de profesar, conservar y cambiar de religión o de creencias, así como el derecho de asociarse, profesar y difundir la religión o las creencias, tanto en público como en privado, siempre que no sean contrarias a la moral, a las buenas costumbres o al orden público".

El segundo artículo establece que las confesiones y creencias religiosas son reconocidas como sujetos de derecho y gozan de plena autonomía, se permiten los acuerdos de cooperación, las tradiciones confesionales tienen derecho a construir nuevos lugares de culto, "exentos de toda clase de impuestos", y los daños intencionados a estos lugares y a quienes ejercen sus derechos religiosos "se considerarán una vulneración de los derechos humanos de los afectados."

Por último, los padres y tutores deben tener el derecho de determinar la educación religiosa, espiritual y moral de sus hijos.

"Las confesiones religiosas presentes en Chile, las iglesias católica, ortodoxa y anglicana, las distintas denominaciones evangélicas, las comunidades musulmana y judía y tres grupos autóctonos con sus creencias, vieron que era necesario regular de manera mucho más concreta la libertad de culto y de conciencia", dijo Gonzales a Crux por teléfono el martes.

La iniciativa será ahora discutida por la asamblea constituyente, pero esto no garantiza que los tres artículos lleguen al proyecto final, y ese documento deberá ser aprobado a través de otro referéndum.

Gonzales señaló que se estima que el 85% de la población total de Chile está representada por la dirigencia que redactó la iniciativa, diciendo que esto se debe a que "los chilenos son por naturaleza, religiosos. Pueden no ser católicos o evangélicos, o musulmanes, pero son religiosos y están preocupados por la libertad religiosa".

El prelado también afirmó que los líderes religiosos no están pidiendo "que se protejan las religiones, sino que se proteja lo que significa la religión en el orden social."

"Si vamos a proteger a los pueblos originarios, que obviamente son un elemento esencial de nuestra nacionalidad; si vamos a proteger a las personas que sufren, que son un elemento muy importante en nuestro país; también tenemos que proteger el hecho religioso, que es una realidad social que está por encima de todas las demás porque es parte de la esencia de la naturaleza humana", dijo Gonzáles.

El asunto de la libertad de conciencia, dijo el obispo, podría surgir si el presidente electo lleva a cabo su promesa de legalizar el aborto y la eutanasia, porque muchas religiones y confesiones creen que la dignidad humana debe ser protegida y garantizada desde la concepción hasta la muerte natural, y no pueden en conciencia participar en un aborto o en un suicidio asistido.

Gonzales dijo que los líderes religiosos temen que las cuestiones de fe no sean consideradas importantes por algunos miembros de la asamblea constitucional.

"Por ejemplo, la presidenta de la convención, Elisa Loncón, considera que el cristianismo es una imposición extranjera, un mal presente en Chile sólo porque fue parte del proceso de invasión de Europa a América", señaló.

"Con esta norma también se salvaguarda el derecho de los pueblos originarios a vivir y practicar, individual o colectivamente, sus creencias", dijo el obispo.

La propuesta de los líderes religiosos es la tercera hasta ahora que alcanza el apoyo popular necesario para ser considerada. Las otras dos son "Será ley", que busca legalizar el aborto como un derecho constitucional, y "Con mi plata no", una iniciativa que busca proteger la propiedad de los ahorros previsionales.

La nueva Constitución chilena es presentada por algunos como una "reinvención" del país. Llega después de meses de protestas por varios agravios en 2019.

La Convención Constituyente es el órgano constituyente encargado de redactar una nueva constitución tras la celebración de un referéndum nacional en octubre de 2020. El órgano se reunió por primera vez el 4 de julio de 2021. El borrador debería llevar nueve meses, con una posible prórroga de tres meses más. Un segundo referéndum indicará si el país la acepta o no.

El trabajo de las 155 personas elegidas marcará la forma de gobernar este país de 19 millones de habitantes, y también tendrá un impacto en su economía, ya que una de las cosas que se están determinando es, por ejemplo, la explotación de las riquezas naturales del país, como el cobre, el carbón y el litio, uno de los metales más codiciados, necesario para la fabricación de baterías. Algunas de las preguntas que se plantean son: ¿cómo debe regularse la minería y qué voz deben tener las comunidades locales sobre la misma? ¿Debe Chile mantener un sistema presidencialista? ¿Debe la naturaleza tener derechos? ¿Y las generaciones futuras?

La constitución actual de Chile fue redactada en 1980, por personas elegidas por su entonces presidente de facto Augusto Pinochet. Abrió el país a la inversión minera y permitió la compra y venta de derechos de agua. El país prosperó gracias a la explotación de sus recursos naturales, convirtiéndose en uno de los países más ricos de América Latina. Sin embargo, aumentaron las frustraciones por la desigualdad, ya que las zonas ricas en minerales se convirtieron en "zonas de sacrificio" por la degradación del medio ambiente, y el dinero quedó en manos de unos pocos. Todo ello influyó en la frustración que condujo al referéndum constitucional.