La Conferencia Episcopal Española ha advertido de crecientes tensiones antes de las elecciones parlamentarias anticipadas en julio, mientras que organizaciones católicas expresaron la esperanza de que la votación pueda frenar la agenda radical del gobierno, liderado por el primer ministro Pedro Sánchez del partido socialista.

"Vivimos en una sociedad fuertemente ideologizada, que lleva a polarizaciones y tensiones", expresó el Comité para la Acción Caritativa y Social de los obispos en un mensaje del 11 de junio.

"Asimismo, estamos profundamente entristecidos por la situación de las personas que sufren de una creciente precariedad laboral, especialmente los jóvenes y las familias que viven en una exclusión social grave, y por aquellos más afectados por el deterioro psicoemocional", señaló el comité.

Publicado en la fiesta de Corpus Christi, el mensaje afirmaba que España enfrenta "crisis acumuladas", con uno de cada tres ciudadanos que no cuenta con ingresos suficientes para "vivir dignamente", e instaba a los cristianos "abrir los ojos al sufrimiento de nuestros hermanos más pobres".

Mientras tanto, un católico laico de alto rango manifestó a OSV News que las leyes polémicas podrían ser derogadas si los partidos de oposición conservadores prevalecían en las elecciones de julio; sin embargo, añadió que ya se estaban formando pactos políticos a nivel local para obstaculizar su aplicación después de la pobre actuación del gobierno de Sánchez en las elecciones regionales y municipales del 28 de mayo.

"Con fechas definidas para la realización de las elecciones generales, hay grandes expectativas de cambio", dijo Juan Carlos Corvera, presidente de la asociación Educatio Servanda de España, fundada para defender la educación cristiana en 2006.

"Aunque las crisis económicas siempre han sido el principal catalizador del cambio político en España, esta podría ser la primera vez que un gobierno sea reemplazado por razones fundamentalmente ideológicas".

Sánchez anunció que las elecciones para las Cortes Generales del Congreso de los Diputados y el Senado español se adelantaban de diciembre de 2023 a julio de 2023 después de que los partidos de oposición conservadora -- el Partido Popular (PP) y Vox -- obtuvieran importantes triunfos en la votación del 28 de mayo, ampliamente vista como un referéndum de facto sobre su gobierno de coalición.

Mientras tanto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acogió con satisfacción el desafío de las elecciones, y expresó a los periodistas que el pueblo español estaba a favor de "otra forma de hacer política".

En una entrevista con OSV News, Corvera señaló que los católicos esperaban que el PP y Vox cumplieran sus promesas de derogar la Ley de Educación de noviembre de 2020 propuesta por el gobierno de Sánchez, que degradó la enseñanza religiosa y restringió el financiamiento estatal para las escuelas católicas, y que redactaran inmediatamente un nuevo proyecto de ley que reflejara un "mayor consenso".

Añadió que algunas de las 17 regiones de España, incluyendo la capital, Madrid, ya habían buscado modificar la implementación de la ley, para proteger y extender las subvenciones a las escuelas católicas.

"Necesitamos una ley práctica, no una ley política, que permita a cada región desarrollar proyectos educativos según sus propios criterios y modelos pedagógicos, respetando los valores constitucionales", dijo el experto en educación católica a OSV News.

"Debe ser una ley que fomente la pluralidad, la competencia, y la excelencia educativa, garantice igualdad de oportunidades y deje atrás paradigmas desastrosos de igualitarismo en favor de paradigmas de libertad", señaló Corvera.

Sánchez se convirtió en el primer ministro del gobierno de España en rechazar el prestar juramento inaugural sobre la Biblia en junio de 2018, y formó una coalición de izquierda con el partido Podemos en enero de 2020 bajo un programa que prometía cambios liberales.

Además de la Ley de Educación, la Iglesia Católica se ha enfrentado con el gobierno por leyes que liberalizan el aborto y la eutanasia que son financiadas por el estado, y por leyes que permiten a jóvenes de 16 años cambiar su género y registrarlo nuevamente a través de una declaración judicial.

Una Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre, prohibirá cruces y monumentos considerados como una exaltación de la antigua dictadura del general Francisco Franco (1892-1975), mientras que las exenciones fiscales a las donaciones a la iglesia y las obras públicas, establecidas en 2001 mediante un acuerdo con el Vaticano, también se eliminaron el 29 de marzo.

Sin embargo, en un editorial del 8 de junio, la revista católica semanal Alfa y Omega de la Archidiócesis de Madrid acusó al gobierno de Sánchez de priorizar "proyectos ideológicos" por encima de las leyes contra la trata y la negligencia médica, y señaló que al menos 50 iniciativas legislativas se habían suspendido a la espera de las elecciones de julio, incluyendo un proyecto de ley sobre la familia que reconoce 16 tipos diferentes de familia.

Mientras tanto, Corvera dijo que la Ley de Educación había infligido una "asfixia financiera" a las 2.548 escuelas católicas de España, que emplean a 106.000 profesores y acogen a una cuarta parte de todos los alumnos, y que ahora reciben menos de la mitad del apoyo público asignado a las escuelas estatales.

Agregó que la mayoría de las escuelas católicas están buscando desesperadamente sobrevivir bajo la ley -- que es la octava promulgada desde la restauración de la democracia en España en 1978 -- a través de donaciones de los padres de familia y salarios más bajos para los profesores.

"La educación es usada, especialmente por la izquierda, como una herramienta para el adoctrinamiento ideológico, una cantera donde se puede modelar el futuro cambio social para conveniencia de los políticos gobernantes", añadió Corvera.

"Todas las leyes ideológicas aprobadas por el gobierno de coalición contienen cláusulas específicas que se aplican a las escuelas y amenazan seriamente la autoridad de los padres", agregó. "Si el Partido Socialista gana las elecciones nuevamente y forma un nuevo pacto de extrema izquierda, continuará su agenda ideológica con mayor virulencia".

Aunque el 53,7% de los 47 millones de habitantes de España todavía se identifican como católicos, según datos de marzo, las vocaciones religiosas y la asistencia a Misa han disminuido drásticamente en las 70 diócesis de la Iglesia y sus 23.000 parroquias, mientras que más de la mitad de todos los jóvenes entre 18 a 34 años se declaran no religiosos.

En su mensaje del 11 de junio, el comité de obispos afirmó que la inflación y los crecientes costos de la energía habían aumentado "la pobreza, la desigualdad, y la desesperanza", y que aproximadamente la mitad de los españoles se veían obligados a reducir los gastos en alimentos y suministros para el hogar, de acuerdo a un informe reciente de Cáritas.

Agregó que los líderes de la iglesia estaban preocupados por una "desvinculación social creciente en nuestro entorno" y una "crisis de cuidados y de pertenencia" en toda España, y manifestó que los cristianos estaban llamados a "abrir puertas, dar la vida, aliviar la soledad, y sanar el alma".