CIUDAD DE MÉXICO -- El cardenal Álvaro Ramazzini de Huehuetenango, Guatemala, ha advertido que los cárteles de la droga controlan la frontera entre México y Guatemala, provocando espasmos de violencia que han hecho huir a cientos de mexicanos a su diócesis.

En declaraciones a la prensa en Panamá tras la X Reunión de Obispos y Agentes de Pastoral Migratoria de América del Norte, Centroamérica y el Caribe, el cardenal Ramazzini cuestionó la inacción del gobierno mexicano mientras cárteles de la droga rivales se disputan territorios en el sureño estado de Chiapas.

"Estamos en un área donde los cárteles de la droga tienen el poder total", dijo el cardenal el 22 de agosto. "No logro entender verdaderamente qué es lo que el gobierno mexicano ha dejado de hacer para haber llegado a este punto de perder el control total de ese de ese lado de la frontera nuestra".

Sus comentarios siguieron a una declaración conjunta del 21 de agosto de las Diócesis de Huehuetenango y San Marcos, Guatemala, y San Cristóbal de las Casas, México, en la que describían siete comunidades de Chiapas, convertidas "en un campo de batalla por la disputa del territorio entre grupos criminales que obligan a los hombres (de la zona) a ir al frente, a cuidar las plumas, a cerrar caminos, ellos y sus familias enfrentar un terror que nunca imaginaron".

La declaración continúa: "Son puestos como escudos humanos por causas de un sistema de muerte que ningún nivel de gobierno ha querido escuchar y atender en sus raíces".

La declaración está firmada por el cardenal Ramazzini, el obispo de San Marcos, Bernabé Sagastume, y el obispo de San Cristóbal de las Casas, Rodrigo Aguiar Martínez. El obispo José Guadalupe Torres Campos, obispo de Ciudad Juárez y director de la Pastoral de Movilidad Humana del Episcopado Mexicano.

Mons. Martínez leyó de nuevo la carta el 25 de agosto y anunció que Cáritas organizaría una colecta de enseres domésticos para los desplazados en Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas, donde es administrador apostólico.

El llamamiento de los prelados a la paz y a la acción del gobierno se produce mientras continúan vaciándose comunidades a lo largo de la frontera entre Guatemala y México en medio del conflicto entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación.

La violencia previa a las elecciones presidenciales del 2 de junio acabó con la vida de cinco candidatos y obligó al menos a otros 200 a abandonar sus candidaturas, según informan los medios de comunicación mexicanos.

En ese entonces, la Diócesis de San Cristóbal de las Casas advirtió que no había condiciones para celebrar elecciones en algunas zonas de Chiapas. La diócesis repitió esa declaración el 24 de agosto, un día antes de que se celebraran elecciones especiales en el municipio de Chicomuselo, donde los enfrentamientos han sido especialmente intensos.

"Esta situación que los condiciona (a los habitantes) para votar según los intereses de los cárteles que se disputan el territorio y han ocasionado el desplazamiento forzado de los habitantes", decía el comunicado. "Por este éxodo de la población, significa que la elección no sería representativa por los habitantes del municipio".

Fuentes católicas han informado a OSV News de personas que huyen del reclutamiento forzoso por parte de los cárteles de la droga. Al menos 500 de los desplazados han huido a Guatemala. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México dijo que estaba proporcionando asistencia consular a los mexicanos desplazados en Guatemala.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien ha promovido una política de seguridad no confrontacional de "abrazos, no balazos", ha insistido repetidamente en que la región estaría "muy pronto... pacificada".

Los sacerdotes católicos de Chiapas se han preguntado en voz alta por qué el presidente no ha actuado con más contundencia.

"Nos preguntamos: ¿Qué tiene que pasar para que el gobierno acepte que hay inseguridad y cumpla con el deber que tiene de darnos seguridad?", dijo el padre Heyman Vázquez Medina durante una marcha por la paz celebrada el 17 de agosto en Suchiate, localidad fronteriza con Guatemala.

"Estamos de acuerdo con la política de 'abrazos no balazos', cuando se respeta a los ciudadanos", continuó el padre Vázquez, según el diario El Universal. "Pero cuando hay muertes, secuestros, cobro de piso, enfrentamientos de cárteles donde se pone en peligro la vida de las personas, el gobierno tiene que actuar velando por la seguridad de la sociedad".

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David Agren escribe para OSV News desde Ciudad de México.