Grupos católicos están pidiendo al gobierno mexicano que investigue una posible masacre de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México.
Las autoridades mexicanas encontraron 19 cuerpos calcinados en dos vehículos quemados el 23 de enero en el municipio de Camargo, un área plagada por el crimen organizado que se encuentra frente al Valle del Río Grande de Texas. Este lugar es popular para traficantes que trabajan con grupos delictivos organizados, trasladando migrantes a través de la frontera.
Sin embargo, la escena del crimen inmediatamente generó sospechas ya que no se encontraron casquillos de bala, lo que generó sospechas de que las víctimas fueron asesinadas en otros lugares, según informaron medios mexicanos.
Familias de los migrantes -- quienes habían salido de Guatemala -- expresaron su preocupación de que las víctimas pudieran ser sus familiares.
"Tienen la certeza de que son familiares suyos", expresó el padre jesuita José Luis González, coordinador de la Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica, quien pudo comunicarse con algunas de las familias que han perdido contacto con sus seres queridos.
Las familias dijeron que sus familiares partieron de las comunidades mayas de San Marcos, un departamento en el altiplano guatemalteco, cerca de la frontera con México. Ellos recibieron noticias sobre la posible desaparición de otro grupo de migrantes que también viajaba hacia el norte, dijo el padre González.
Para los grupos católicos que trabajan con migrantes, la noticia revivió dolorosos recuerdos de masacres de migrantes en México. Se sabe que los grupos criminales en el estado de Tamaulipas, donde se encontraron los cuerpos, secuestran a migrantes que no pagan el pasaje -- o, también, los obligan a pagar para permitirles cruzar el río Bravo.
"Nos gustaría que las fuerzas policiales, la guardia nacional, y el ejército que combate el crimen organizado" trabajen en esto "de la misma manera que se organizaron para detener la caravana", señaló un comunicado del Ministerio de Migración de los obispos guatemaltecos, refiriéndose a una reciente caravana de Hondureños que fue detenida antes de llegar a México.
"Denunciamos la tolerancia de estados con territorios dominados por el poder de facto de los delincuentes, que acechan a las personas que huyen de la violencia y acaban encontrando aún más violencia", decía un comunicado de la Red Jesuita con Migrantes.
"Recordamos que en la misma región (en el noreste de México) se han producido masacres sin resolverse, algunas contra migrantes ... en cuyo caso han desaparecido expedientes y se ha destruido evidencia", expone el comunicado, refiriéndose a las masacres en San Fernando y Cadereyta en 2010 y 2012, respectivamente.
En una conferencia de prensa del 27 de enero, la ministra del interior de México, Olga Sánchez Cordero, dijo que los asesinatos en Tamaulipas estaban siendo investigados y no serían una repetición de la impunidad en la masacre de San Fernando, en la que miembros de un cártel de droga asesinaron a 72 migrantes en un rancho.