Abuso eclesial: La legislatura española iniciará una investigación

Después de que la Conferencia Episcopal Española (CEE) se negara a poner en marcha una comisión independiente para investigar los casos históricos de abusos por parte del clero, el Gobierno ha dado luz verde para que el Congreso ponga en marcha su propia comisión.

El Gobierno español de izquierdas, presidido por el presidente Pedro Sánchez, ha decidido desempeñar un papel activo en la investigación de los casos de abusos a menores en el seno de la Iglesia católica. La decisión llega días después de la petición realizada por los aliados de este gobierno de coalición, entre los que se encuentra Unidos Podemos, para que el Congreso cree el organismo.

Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado -dirigida por la exministra socialista Dolores Delgado- ha iniciado su propio procedimiento. Se ha pedido a los 17 fiscales superiores de todas las comunidades autónomas de España que remitan en un plazo de 10 días todas las denuncias y querellas que se estén tramitando sobre agresiones sexuales y abusos a menores en el seno de cualquier institución religiosa.

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, dijo este martes en rueda de prensa que el "Gobierno está del lado de las víctimas y queremos que se investigue."

El Ejecutivo "está estudiando con determinación todas las fórmulas posibles para hacerlo de la mejor manera y evitar que esto vuelva a ocurrir", dijo. "Lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien".

También dijo que aún están estudiando cuál es el "mecanismo más adecuado", que permita "esclarecer los hechos y ayudar a las víctimas con su dolor."

No se espera una votación final sobre la propuesta antes del 17 de febrero. Sin embargo, los medios locales informan ampliamente que la propuesta será aprobada.

Ya en 2018 se presentó una iniciativa similar en el Congreso, pero no consiguió apoyos. En aquel momento, los socialistas argumentaron que no correspondía al Gobierno "hacer este tipo de requerimientos". Si hay noticias de la posible comisión de un delito, lo que corresponde es ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal, no elaborar un informe."

Los obispos españoles se han negado a poner en marcha la investigación -que ha sido encargada por otras conferencias episcopales nacionales, como la de Portugal, Francia y Alemania- alegando que todas las diócesis del país ya están recopilando esta información.

Además, algunos obispos han argumentado que recopilar todos los datos en un informe, en lugar de investigar realmente las denuncias, no ayuda a las víctimas. Lo que proponen, en cambio, es centrar la atención y los recursos en escuchar y acompañar a las víctimas, invitándolas a presentar sus denuncias ante las autoridades eclesiásticas o civiles.

El Partido Popular, de izquierdas, votó en contra de la Comisión cuando se debatió la propuesta el martes, porque quería ampliar el alcance del estudio para estudiar los casos de abusos sexuales contra menores que pudieran haberse producido en otros ámbitos, incluidos los colegios públicos.

Según el Center for Decease Control, una de cada cuatro chicas y uno de cada trece chicos sufren abusos sexuales infantiles antes de cumplir los 18 años, y en el 91% de los casos, el abusador es conocido por el niño o la familia, y se calcula que el 60% de los casos tienen lugar en el seno de la familia.

La solicitud de una comisión gubernamental se produce tras una investigación realizada por El País, un periódico nacional de izquierdas alineado con el gobierno. Su informe fue entregado al Papa Francisco en diciembre. Según el periódico, la investigación es "sin precedentes" para la Iglesia en España. Incluye denuncias de abusos sexuales a menores presentadas contra 251 miembros del clero y algunos laicos de instituciones religiosas. La investigación se abrió en octubre de 2018.

Al menos nueve diócesis, y la mayoría de las órdenes religiosas nombradas en el informe, han pedido ayuda a este periódico para contactar con los supervivientes que están dispuestos a presentar las denuncias ante las autoridades.

Fuentes han dicho a Crux que una de las razones por las que los obispos se han negado a hacer una investigación histórica es porque están convencidos de que el gobierno, a través del periódico, los ha señalado y lanzar una comisión sería "ceder".

Otros prelados, sin embargo, argumentan que han seguido todas las peticiones de la Santa Sede. Afirman que durante sus visitas ad limina a Roma -realizadas entre diciembre y enero- el Papa Francisco, la Congregación para la Doctrina de la Fe del Vaticano y la Congregación para los Obispos expresaron su satisfacción por los pasos dados para investigar las denuncias, acompañar a las víctimas y prevenir los abusos.

"Es cierto que la Iglesia en España ha cometido errores", dijo a Crux una fuente de la conferencia episcopal. "Pero pasar de 'no lo hemos hecho todo bien' a acusarnos de 'no haber hecho absolutamente nada' es rotundamente una mentira".

La conferencia episcopal no ha emitido ninguna declaración sobre la comisión propuesta, y sólo un obispo -Luis Argüello, secretario general de la CEE y auxiliar de Valladolid- se ha pronunciado al respecto.

Durante una entrevista con Vatican Media tras la visita ad limina, expresó su preocupación por la propuesta.

"Estamos asistiendo también a una utilización de esta situación: Un uso mediático, un uso político en estas últimas horas y eso nos preocupa", dijo Argüello. "No sólo porque afecta a la vida de la Iglesia y sin abordar el problema de los abusos en el conjunto de la sociedad. Sobre todo, porque nos parece especialmente doloroso que la situación de las víctimas pueda ser utilizada como disputa política, en la confrontación del Parlamento o de la vida social y política española."

El español Yago De la Cierva, laico miembro del Opus Dei que formó parte del equipo consultor de la cumbre del Vaticano de 2019 sobre abusos clericales, dijo a Crux que la situación en España es particular porque es un periódico, y no los obispos, el que ha tomado la iniciativa de hacer lo que la Santa Sede exigió al final de esa reunión.

"El Vaticano dijo que debían ser los obispos quienes investigaran y tomaran la iniciativa en este asunto, porque nadie está más interesado en garantizar espacios seguros en los contextos eclesiales", dijo. "De ahí la paradoja de la situación: Un periódico de izquierdas, y un gobierno socialista-comunista, están más interesados en llevar a cabo una investigación que la conferencia episcopal."

"No es que los obispos lo estén haciendo todo mal. Es que no sabemos lo que están haciendo", añadió.

Esto, argumentó De la Cierva, ha dejado a los fieles laicos en una "preocupante situación de abandono", al ver por un lado la agresividad de El País, y por otro, la nula respuesta de los obispos.

"Estos temas son imposibles de obviar en la plaza pública, y cuanto menos frontal sean los obispos a la hora de abordar esta lacra social, peor va a ser", dijo.

Además, si no son responsables de limpiar su propia casa, no tendrán credibilidad para abordar el problema en la sociedad en general".

Como cada país es diferente, dijo, las normas de la Santa Sede se aplican de forma distinta. Pero al final de la cumbre de presidentes de conferencias episcopales en Roma, la Santa Sede pidió a los prelados que investigaran las denuncias de abusos, que fueran a buscar a los supervivientes y que hicieran reparaciones. Si los obispos españoles pueden garantizar que esto ocurra a nivel diocesano, "quizá no sea necesaria una investigación a nivel nacional".

"Pero la opinión pública no está dividida por diócesis, y es muy difícil que cada diócesis haga lo mismo, con el mismo espíritu, metodología y dedicación, que la diócesis de al lado", dijo De la Cierva. "Por eso, las conferencias episcopales de todo el mundo han decidido prestar un servicio a las diócesis particulares para que haya una sistematización".

Sin embargo, dijo que los obispos españoles son muy celosos de sus diócesis, y dudan que la conferencia episcopal pueda hacer un mejor trabajo.

De la Cierva dijo que teme que esto signifique que la Iglesia española se quede en el camino a la hora de abordar los abusos de forma sistemática.

"No hay peor injusticia que la comparativa. No tiene sentido tratar peor a un abusado de Madrid que a uno de Huelva o a uno abusado por un hermano marista. Porque ni los fieles ni la sociedad aceptan esta diferencia", dijo.