ROMA - Por primera vez, un cardenal será juzgado en un tribunal del Vaticano junto con otras nueve personas y tres entidades corporativas, todos ellos acusados de varios delitos por su papel en un polémico negocio inmobiliario en Londres orquestado por la Secretaría de Estado del Vaticano.
El cardenal italiano Angelo Becciu, que supervisó las primeras fases de la operación en Londres cuando era el sustituto, o número dos, de la Secretaría de Estado fue acusado el sábado junto con otras nueve personas, entre ellas el conocido abogado suizo René Brülhart, ex presidente de la unidad de vigilancia financiera del Vaticano. La decisión se produce tras una investigación de dos años.
El juicio comenzará el 27 de julio y los cargos van desde extorsión, malversación y fraude hasta lavado de dinero, abuso de funciones y violación del secreto profesional.
Becciu, también ex jefe de la Congregación para las Causas de los Santos del Vaticano, fue destituido de su cargo por el Papa Francisco a finales del año pasado, quien le obligó a renunciar a los derechos y privilegios que le corresponden como cardenal. Se enfrenta a cargos por los delitos de malversación fondos, abuso de funciones y soborno.
Ni el cardenal italiano Pietro Parolin, secretario de Estado, ni el arzobispo venezolano Edgar Peña Parra, actual sustituto, se encuentran entre los acusados, ya que los fiscales determinaron que no estaban "plenamente al tanto" de los detalles de las maniobras financieras.
La solicitud de citación a juicio fue presentada por el Promotor de Justicia del Vaticano, Gian Piero Milano, junto con los asistentes Alessandro Diddi y Gianluca Perone. Entre los acusados se encuentra antiguos empleados de la Secretaría de Estado y de lo que fue la Autoridad de Inteligencia Financiera, así como de financieros italianos externos que tuvieron un papel en la compra de propiedades en el famoso barrio londinense de Chelsea.
La Secretaría de Estado comenzó a comprar el edificio hace siete años como una propiedad de inversión destinada a convertirse en apartamentos de lujo. Según Bloomberg, fuentes del Vaticano afirmaron que la propiedad londinense está valorada en unos 369 millones de dólares, pero la Iglesia Católica perdió unos 100 millones de dólares con la operación.
Otros acusados son Cecilia Maronga, una analista de inteligencia acusada de malversación de fondos; monseñor Mauro Carlino, acusado de extorsión y abuso de poder; y el agente Gianluigi Torzi, acusado de malversación y fraude. Los fiscales alegan que este último extorsionó al Vaticano con 15 millones de euros en concepto de honorarios.
La Fiscalía del Vaticano también acusó a varias instituciones financieras de fraude y malversación de fondos.
La investigación sobre las acusaciones comenzó en julio de 2019, después de que el llamado Banco Vaticano -técnicamente el Instituto para las Obras de Religión- emitiera una denuncia, y fue llevada a cabo por la Oficina del Promotor de Justicia y la Gendarmería del Vaticano, en colaboración con la Fiscalía y las autoridades financieras de Roma, Milán, Bari y otras ciudades italianas.
El comunicado del sábado señalaba que la investigación se llevó a cabo también en Emiratos Árabes Unidos, Gran Bretaña, Luxemburgo, Eslovenia y Suiza, lo que "sacó a la luz una vasta red de relaciones con operadores en los mercados financieros que han generado pérdidas sustanciales para las finanzas del Vaticano, habiendo recurrido también a recursos destinados a las obras de caridad personales del Santo Padre."
"La iniciativa judicial está directamente relacionada con las indicaciones y reformas" del Papa Francisco, dice el comunicado. Esta es la primera vez que se procesa a un cardenal por un delito que no tiene que ver con abusos sexuales, lo que podría marcar un paso decisivo en el proceso de reforma de las finanzas del Vaticano.
Este artículo fue originalmente publicado en Crux, traducido y adaptado por Inés San Martín.
