La Arquidiócesis de Los Ángeles ha llegado a un acuerdo, que equivale, en principio, a utilizar 880 millones de dólares para compensar más de mil demandas de abuso sexual infantil ocurridas durante el curso de varias décadas.
El convenio global —anunciado el miércoles mediante una declaración conjunta del representante legal de la Arquidiócesis y de un consejo de abogados de los demandantes— pone fin a un proceso de mediación de un año que fue consecuencia de la reactivación por tres años de las demandas civiles de abusos sexuales antiguos que afectaron a menores de edad en California.
Las 1,353 demandas que serán compensadas mediante el convenio están basadas en acusaciones contra sacerdotes u otros clérigos y laicos de la Arquidiócesis, al igual que contra sacerdotes y clérigos de órdenes religiosas de otras diócesis, quienes estaban prestando sus servicios en la Arquidiócesis.
“Desde el fondo de mi corazón lamento todos y cada uno de estos incidentes”, escribió el arzobispo José H. Gómez en una carta del 16 de octubre, dirigida a los católicos de Los Ángeles. “Tengo la esperanza de que este acuerdo proporcione alguna medida de sanación para lo que estos hombres y mujeres han sufrido”.
La mayoría de las acusaciones cubiertas por el convenio tuvieron lugar hace más de cincuenta años e incluyen algunas que se remontan a la década de 1940. Estas acusaciones habían anteriormente prescrito según la ley de prescripción de California, que requiere que las denuncias de abuso sexual infantil se presenten antes del cumpleaños número 26 de la presunta víctima.
Pero en el año 2019, el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó el Proyecto de Ley 218 de la Asamblea, que abrió un “plazo de retrospección” de tres años, el cual permitió que se presentaran denuncias antiguas desde principios del año 2020 hasta fines del 2022. Extendió también la edad para denunciar acosos sexuales infantiles, de manera permanente: elevándola de los 26 años, a los 40.
Esta ampliación dio lugar, en total, a unas 4,000 denuncias dirigidas contra las diócesis católicas de California, dentro de las cuales se incluyeron unas 1,900 en las que se mencionó a la Arquidiócesis de Los Ángeles.
En el convenio global que se anunció el miércoles, la arquidiócesis afirmó que ninguna de las denuncias resueltas incluía acusaciones contra sacerdotes que estén actualmente desempeñando su ministerio.
Se presentaron algunas acusaciones contra personas que ejercen actualmente un ministerio. Éstas fueron investigadas por la junta directiva de revisión independiente de la Arquidiócesis, pero ninguna fue corroborada “en base a la información disponible durante la investigación”, según menciona una página informativa publicada por la arquidiócesis.
En su carta, el arzobispo Gómez enfatizó que, como resultado de las reformas a los procedimientos de la Arquidiócesis, “los casos nuevos de conductas sexuales inapropiadas por parte de sacerdotes y clérigos que involucren a menores son poco comunes en la arquidiócesis”. Agregó que “Ninguna persona que haya sido encontrada culpable de haber dañado a un menor se encuentra sirviendo en ningún ministerio actualmente”.
Heather Banis, responsable del Ministerio de Asistencia a las Víctimas de la Archidiócesis de Los Ángeles, visita la fuente de un «Jardín de Curación» para víctimas de abusos sexuales el pasado mes de abril en el Centro de Atención Pastoral San Camilo, cerca del este de Los Ángeles, donde los fieles asistieron a una misa con motivo del Mes Nacional de Prevención del Abuso Infantil. (Archidiócesis de LA)
El convenio de $880 millones se ajusta a los planes del acuerdo anunciados por otras diócesis católicas de los Estados Unidos, en las que las legislaturas estatales habían aprobado leyes similares de ampliación de plazos.
Con esta ley es posible también que surjan acuerdos derivados de la AB 218 relacionadas con otras instituciones de California. Los funcionarios del condado de Los Ángeles predijeron el año pasado que posiblemente tendrían que destinar hasta $3 mil millones, como compensación de unas 3,000 denuncias antiguas de abuso sexual presentadas por víctimas agredidas en instalaciones del condado, tales como hogares de acogida y establecimientos de libertad condicional.
En California, se citaron las consecuencias de la AB 218 en recientes declaraciones de insolvencia emitidas por otras diócesis católicas, tales como Fresno, Oakland, Santa Rosa, Sacramento, San Diego y la Arquidiócesis de San Francisco.
En el caso de Los Ángeles, la arquidiócesis católica más grande del país y una de las más grandes del mundo, los funcionarios de la Arquidiócesis indicaron que una declaración de insolvencia no era una solución financiera equilibrada.
El arzobispo Gómez dijo que la arquidiócesis financiaría el acuerdo mediante una combinación de reservas de la Arquidiócesis y de otros activos, así como también de préstamos y pagos que pueden esperarse por parte de otras entidades mencionadas en las demandas, tales como las órdenes religiosas.
El arzobispo enfatizó que no se utilizarían fondos de parroquias ni donaciones escolares ni tampoco provenientes de colectas realizadas a nivel de la Arquidiócesis o de campañas como Juntos en Misión y Llamados a Renovar.
Él reconoció que “durante los próximos meses habrá mucha incertidumbre y será necesario tomar decisiones difíciles”.
El acuerdo alcanzado significa, “en principio” que su implementación final está supeditada a la aprobación de los casos de una cantidad específica de demandantes involucrados en el acuerdo global.
Si esto se aprueba, la Arquidiócesis realizaría los pagos en 2025 y 2026.
Ésta es la segunda vez en que la Arquidiócesis de Los Ángeles ha llegado a un acuerdo global por denuncias de abusos. La primera vez que California levantó el estatuto de limitaciones en el año 2003, se presentaron más de 500 denuncias contra la arquidiócesis, lo que resultó en el acuerdo al que se llegó en 2007.
El examen del testimonio de los testigos, la realización de nuevas entrevistas y la revisión de los expedientes antiguos hace que el proceso de litigio resultante de las “leyes de enfoque retrospectivo” lleve siempre mucho tiempo y que sea tedioso, le dijo a Angelus la ex funcionaria del FBI y experta en protección contra el abuso sexual, Kathleen McChesney.
“Nada es fácil en todo esto”, dijo McChesney, hoy directora ejecutiva de Kinsale Management Consulting. “No siempre cuenta uno con la mejor información porque los recuerdos de la gente se van desvaneciendo, porque no necesariamente existen evidencias documentales, y porque los testigos o los presuntos agresores han desaparecido o han fallecido”.
McChesney fue la primera directora de la Oficina de Protección Infantil de los Obispos de Estados Unidos, lanzada en el año 2002, cuando la crisis de abuso clerical impactó por primera vez a la Iglesia de Estados Unidos.
Desde esa época, dice ella, la Arquidiócesis de Los Ángeles se ha destacado entre las diócesis de Estados Unidos en cuanto a la búsqueda de soluciones en materia de protección infantil y de procurar la rendición de cuentas.
“Ahí se cuenta con un programa muy sólido para abordar los casos que se relacionan con las denuncias nuevas y ofrecen un excelente amparo y apoyo para las víctimas”, dijo McChesney.
Cuando se le preguntó si este tipo de convenios representan un nuevo capítulo en la lucha de la Iglesia de Estados Unidos contra el abuso sexual infantil, McChesney comentó que ella considera que la marcada disminución de casos recientes demuestra que diócesis como la de LA han adoptado el enfoque correcto.
“La Iglesia está actuando muy bien en general”, dijo McChesney. “Éste tal vez no sea un problema fácil de eliminarse al cien por ciento, pero ése es el objetivo”.
