El juicio contra el Cardenal Angelo Becciu y otros nueve acusados de delitos de malversación de fondos, fraude y abuso de oficio, entre otros, podría ser declarado nulo.

Este martes 5 de octubre se realizó la segunda sesión en una sala multiusos de los Museos Vaticanos habilitada de forma especial para este proceso.

El proceso juzga la malversación de fondos de la Secretaría de Estado y del Instituto de Obras de Religión (IOR), conocido como “Banco del Vaticano”, en la compra de un edificio por parte del Vaticano en 2014 en Londres para transformarlo en apartamentos de lujo.

Además del Cardenal Becciu, están siendo sometidos a juicio el empresario Raffaele Mincione, Gianluigi Torzi, Enrico Carasso, Cecilia Marogna, René Brülhart, Mons. Mauro Carlino, Tommaso di Ruzza, Nicola Squillace y Fabrizio Tirabassi.

Cada uno está acusado de diferentes delitos. Además de la malversación, el fraude y el abuso de oficio, se imputan delitos de apropiación indebida, blanqueo y autoblanqueo, extorsión, desvío de fondos y falsificación.

Las empresas HP Finance LLC, Logsic Humanitarne Dejavnosti, D.O.O., Prestige Family Office SA y Sogenel Capital Investment también están siendo juzgadas por su implicación en los hechos.

La parte civil del juicio está formada por el IOR, la Secretaría de Estado y la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA).

La sesión de hoy, presidida por el fiscal Giuseppe Pignatone, presidente del Tribunal Vaticano, duró 2 horas y 10 minutos, y solo asistieron Mons. Carlino y el Cardenal Becciu.

En las diferentes intervenciones de los abogados de los acusados se ha puesto de relieve una serie de errores procesales que afectan a los interrogatorios previos y que, en su opinión, implican la nulidad de la citación a juicio.

En ese sentido, también el Promotor de Justicia solicitó que se reenvíe a su despacho toda la documentación para poder comenzar desde el principio con los interrogatorios.

El juicio contra el Cardenal comenzó el pasado martes 27 de julio con una primera sesión en la que se expusieron los cargos que se atribuyen a los acusados. Ante estas solicitudes, el tribunal ha decidido aplazar a mañana, miércoles 6 de octubre, la toma de una decisión al respecto.

El caso contra Becciu y los demás acusados tomó forma tras una denuncia del IOR y de la Oficina del Revisor General que permitió iniciar en julio de 2019 la investigación en la que participaron organismos de control del Estado de la Ciudad del Vaticano y del Estado Italiano.

Las diligencias, llevadas a cabo por la Fiscalía de Roma, la Unidad de Policía Económica y Financiera, la Guardia de Finanza, así como las fiscalías de Milán y de otras localidades italianas, junto con sus respectivos departamentos de la policía judicial, han tenido lugar tanto en Italia como en el extranjero.

En concreto, se ha investigado ramificaciones del caso en Emiratos Árabes Unidos, Gran Bretaña, Jersey, Luxemburgo Eslovenia, Suiza.

Según un comunicado de prensa de la Santa Sede publicado el 3 de julio, las investigaciones “han sacado a la luz una vasta red de relaciones con operadores de los mercados financieros que han generado cuantiosas pérdidas para las finanzas vaticanas, habiendo recurrido también a los recursos destinados a las obras de caridad personal del Santo Padre”.

Las autoridades judiciales vaticanas juzgan ahora la presunta malversación entre 2014 y 2018 de 300 millones de dólares procedentes de la Secretaría de Estado para adquirir un inmueble de lujo en la Sloane Avenue de Londres.

Cuando se produjo la controvertida operación, el Cardenal Becciu era el Sustituto de la Secretaría de Estado del Vaticano. También participaron en la operación el empresario italiano Raffaele Mincione y el agente inmobiliario Gianluiggi Torzi, que administraba grandes cantidades de dinero de la Secretaría de Estado.

El Cardenal Becciu habría, presuntamente, solicitado 150 millones de euros al IOR para completar los 300 millones de dólares de la Secretaría de Estado destinada a la inversión en Londres.

Otros 200 millones de euros se habrían obtenido por medio de un crédito concedido por el banco suizo BSI, implicado en diferentes casos de blanqueo y fraude.

Para evitar que se descubriera estos extraños movimientos de fondos de la Secretaría de Estado, el Cardenal habría disfrazado los préstamos en los balances del Vaticano cancelándolos contra el valor de la propiedad comprada en Londres.

También está implicado en el caso el financiero Enrico Crasso, que había sido directivo del Credit Suisse. A Crasso se le habría dado el control de millones de euros de fondos de inversión del Vaticano procedentes de la Secretaría de Estado y del Óbolo de San Pedro, el fondo del Santo Padre para obras de caridad.

Sin embargo, la operación fue un fracaso. El inmueble no se pudo reformar porque el proyecto incumplía la legislación urbanística de la capital británica. La cancelación del proyecto supuso un grave perjuicio en las arcas vaticanas pero, al mismo tiempo, habría generado no pocos beneficios a los socios de Becciu.

En concreto, la venta de las acciones generó una ganancia de 10 millones de euros a los acusados Raffaele Mincione y Gianluiggi Torzi.

Las ramificaciones del caso son numerosas y complejas e implica también a los hermanos del Cardenal Becciu, que se habrían recibido fondos desviados del Óbolo de San Pedro para financiar proyectos empresariales propios.

También está implicada una colaboradora del Cardenal, la acusada Cecilia Marogna, que también habría recibido dinero por un trabajo como consultora diplomática del Vaticano, dinero que gastó en la adquisición de complementos de lujo.

Al trascender las acusaciones contra Becciu a la opinión pública, el Cardenal renunció el 24 de septiembre de 2020 a su cargo de prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y a los derechos al cardenalato.

El Papa Francisco, preguntado por el caso durante la entrevista que concedió a la cadena COPE emitida el 1 de septiembre, aseguró que “quiero de todo corazón que sea inocente”.