ROMA - Al celebrar el domingo la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado, el Papa Francisco imploró al mundo "no cerremos las puertas a su esperanza".
"Es necesario caminar juntos, sin prejuicios y sin miedos, poniéndose junto a quien es más vulnerable: migrantes, refugiados, desplazados, víctimas de la trata y abandonados", dijo Francisco el domingo.
Sus palabras tuvieron lugar cuatro días después de que el papa recibiera en el Vaticano con un grupo de refugiados afganos, algunos de los cuales habían recibido ayuda de la Santa Sede cuando intentaban huir de su país en agosto.
"Estamos llamados a construir un mundo cada vez más inclusivo, que no excluya a nadie", insistió, antes de invitar a los presentes a pasar un rato contemplando un monumento llamado "Ángeles inconscientes" instalado en la plaza de San Pedro en 2019. Creada por el artista canadiense Timothy Schmalz, fue la primera escultura instalada en la Plaza de San Pedro en más de 400 años. Representa a 140 migrantes y refugiados, incluida la Sagrada Familia.
Francisco instó a los fieles reunidos en esta cita semanal a contemplar la "barca con los inmigrantes, y concéntrense sobre la mirada de esas personas y a acoger en esa mirada la esperanza que hoy tiene cada inmigrante de empezar de nuevo a vivir”.
"No cerremos las puertas a su esperanza", insistió Francisco.
En una línea similar, el máximo diplomático del Vaticano, el cardenal italiano Pietro Parolin, dijo el sábado en la 76ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas que "nuestras sociedades son hoy el teatro de muchas injusticias en las que se maltrata, explota, ignora, mata o deja languidecer a seres humanos en situaciones de emergencia humanitaria."
Las situaciones en las que los refugiados, los emigrantes y los desplazados internos son "cada vez más abandonados en el limbo o que se ahogan, sin ser bienvenidos y sin poder encontrar un nuevo hogar para criar a su familia con dignidad, paz y seguridad" son una realidad en todos los continentes, dijo Parolin, con personas de todos los orígenes religiosos, indígenas, raciales y étnicos que experimentan violencia y opresión, o son reducidos a ciudadanos de segunda clase.
Por ejemplo, al menos cinco inmigrantes murieron esta semana tras ser deportados de la Unión Europea por las tropas fronterizas polacas, cerca de la frontera con Bielorrusia, donde hombres y mujeres están varados en un bosque, sobreviviendo a temperaturas nocturnas bajo cero y con poco o ningún apoyo material.
Los miembros de la UE, Polonia, Letonia y Lituania, han declarado el estado de emergencia ante la oleada de miles de personas que intentan cruzar sus fronteras desde Bielorrusia. La Unión Europea acusa al Presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, de utilizar a los inmigrantes como arma, abandonándolos en la frontera. Polonia ha prohibido el acceso a su zona fronteriza a los trabajadores humanitarios y a los periodistas.
El enfrentamiento se prolonga desde hace más de 40 días, dejando varados a miles de refugiados procedentes de Irak, Afganistán y otros países con acceso limitado o nulo a agua potable y alimentos, asistencia médica, instalaciones sanitarias y refugio.
En Chile, unas 3.000 personas atacaron violentamente un campamento de refugiados improvisado por migrantes venezolanos que huyen del régimen de Nicolás Maduro.
Desde hace varios años la crisis en Venezuela ha sido calificada por Naciones Unidas como la peor del mundo sin ser una zona de guerra, y hay más personas que han huido de esta nación latinoamericana que los refugiados y desplazados internos de Siria, consumida por el conflicto desde hace casi una década.
El domingo, la fiscalía chilena abrió una investigación sobre el violento ataque a los migrantes venezolanos indocumentados, cuyas pertenencias fueron quemadas el sábado en la ciudad norteña de Iquique.
La manifestación reunió a miles de personas con banderas chilenas y pancartas con lemas antimigrantes. En medio de gritos xenófobos, los manifestantes más radicales quemaron las pertenencias de los migrantes que acampaban en las calles de esta ciudad de la región de Tarapacá, a unos 1.800 kilómetros al norte de Santiago.
La protesta se produjo un día después del desalojo de una plaza pública llena de familias migrantes con niños.
El ministro del Interior de Chile, Rodrigo Delgado, expresó su desacuerdo con la violenta protesta. Sin embargo, dijo que "continuaremos con los desalojos en todos los espacios públicos que sean necesarios" y también "con el plan de expulsión" de los migrantes indocumentados.
Cientos de miles de migrantes, la mayoría de ellos procedentes de Venezuela y Haití, se enfrentan a la deportación a menos que el gobierno de Sebastián Piñera cambie su actual ley de inmigración, que entró en vigor el 20 de abril. Ésta sólo permite cambiar su estatus migratorio a aquellos que entraron al país por un punto de paso autorizado antes del 18 de marzo de 2020. Aquellos que entraron de forma clandestina por pasos no autorizados tienen 180 días para abandonar el país sin penalización. Chile tuvo sus fronteras cerradas a los extranjeros durante la mayor parte de 2020, debido a la pandemia del COVID-19.
Según el Servicio Jesuita a Migrantes, la población extranjera en Chile pasó de 305.000 personas en 2010 a 1,5 millones en 2020, pasando de representar el 1,8% de la población total al 7,5%.
Esto se explica en parte por el explosivo aumento de la migración venezolana -que pasó de una comunidad de 8.000 personas en 2012 a 500.000 en 2020- y la haitiana -que pasó de apenas 1.600 personas en 2012 a más de 185.000 en 2019-.
Luego de que las protestas se tornaran violentas, Waleska Ureta, directora del Servicio Jesuita a Migrantes, dijo a la prensa que "una solución real y seria a lo que hoy ocurre debe incluir el acceso a albergues con condiciones sanitarias adecuadas, salud, alimentación y el inicio de procesos de regularización. De lo contrario, sólo se perpetuará un círculo de irregularidad, exclusión e incluso rechazo."
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