ROMA - Con el objetivo de racionalizar y reformar sus prácticas de inversión, el Vaticano anunció el martes que prohíbe las inversiones en empresas cuyas actividades sean contrarias a las enseñanzas de la Iglesia Católica, como la pornografía y la prostitución, el juego, la industria armamentística, centros que ofrecen aborto y la anticoncepción.
Todas las organizaciones que forman parte de la Santa Sede o del Estado de la Ciudad del Vaticano están ahora obligadas a optar por inversiones de bajo riesgo guiadas por criterios éticos, sociales y medioambientales.
Con un documento publicado esta semana y que entra en vigor el 1 de septiembre, la Secretaría de Economía del Vaticano, dirigida por el jesuita español Juan Antonio Guerrero Alves, las diversas inversiones del Vaticano se consolidarán ahora en la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA).
El documento establece que el dinero debe servir para "contribuir a un mundo más justo y sostenible", teniendo siempre en cuenta que debe preservar "el valor real del patrimonio de la Santa Sede y generar un rendimiento suficiente para contribuir de forma sostenible a la financiación de sus actividades".
Las inversiones también deben "estar alineadas" con las enseñanzas de la Iglesia católica, por lo que se excluyen las inversiones que "contradicen principios fundamentales, como la santidad de la vida o la dignidad del ser humano o el bien común".
A partir de septiembre, todas las inversiones pasarán por una cuenta en el llamado Banco Vaticano (técnicamente, el Instituto para las Obras de Religión o IOR) controlado por APSA.
"Invertir en un lugar y no en otro, en un sector productivo y no en otro, es siempre una opción moral y cultural", dice el documento.
En el pasado, a través de un fondo de inversión parcialmente financiado por la Secretaría de Estado, el Vaticano habría invertido millones en empresas que producen bienes que chocan con las enseñanzas de la Iglesia católica, incluyendo una empresa farmacéutica que producía la píldora del día después, la industria del porno, e incluso en la producción de la película "Rocketman", un biopic del cantante Elton John.
Aunque se prevé una moratoria de un año para adaptarse a los criterios exigidos, antes de finales de octubre todas las organizaciones deberán comunicar a la APSA las inversiones que tienen y quién las gestiona, así como los contratos, información bancaria u otros documentos relacionados.
Simultáneamente, el Vaticano ha creado un Comité de Inversiones, órgano previsto en la nueva constitución apostólica Praedicate Evangelium, que entró en vigor en junio.
Este comité, dirigido por el cardenal estadounidense Kevin Farrell, se encargará de realizar las consultas necesarias para desarrollar "la estrategia de inversión" y evaluar al mismo tiempo "si las decisiones son adecuadas, con especial atención a la conformidad de las inversiones con los principios de la Doctrina Social de la Iglesia, además de los parámetros de rendimiento y riesgo según las políticas de inversión."
La medida podría evitar potencialmente grandes escándalos financieros del Vaticano, como el polémico acuerdo sobre un edificio en Londres. Entre 2014 y 2018, la Secretaría de Estado del Vaticano invirtió más de 200 millones de dólares en la compra del inmueble londinense. Además, los pagos a intermediarios y las deudas cobradas por el inmueble elevaron la inversión total a casi 400 millones de dólares.
En julio, el Vaticano anunció que había vendido la propiedad que sigue siendo el centro de un juicio a 10 personas, entre ellas el cardenal Angelo Becciu, acusado de prevaricación financiera. Se calcula que la Iglesia perdió 217 millones de euros (242 millones de dólares) en la inversión fallida.