CIUDAD DEL VATICANO -- El Papa Francisco ha erigido el Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana como una asociación pública internacional de fieles para continuar su labor de educación y defensa del respeto de los derechos humanos, especialmente de los indígenas y los pobres, en los tribunales de todo el continente americano.

Al anunciar su decisión el 18 de agosto, el Vaticano dijo que el Papa también aprobó la creación por parte del comité del Instituto para la investigación y promoción de los Derechos Sociales "Fray Bartolomé de las Casas", cuyo propósito, dijo el Papa, sería promover la investigación y la educación sobre los temas de "derechos sociales, migración y colonialismo".

El grupo, conocido como COPAJU, comenzó informalmente en Buenos Aires, Argentina, en 2017 y se estableció formalmente dos años después en el Vaticano durante la reunión del Papa Francisco con 120 jueces, magistrados y otros funcionarios judiciales de América del Norte, Central y del Sur.

Los miembros, dijo el Papa Francisco en una charla dirigida a COPAJU en 2019, se comprometen a trabajar individual y mancomunadamente "para garantizar que la justicia, y especialmente la justicia social, pueda llegar a todos".

Ya se han establecido capítulos locales en Argentina, Chile, Colombia, Perú, Brasil, México, Estados Unidos y Paraguay. Nuevos capítulos en otros países ya se encuentran en las fases iniciales de fundación.

"Un sistema político-económico, para su sano desarrollo, necesita garantizar que la democracia no sea sólo nominal, sino que pueda verse plasmada en acciones concretas que velen por la dignidad de todos sus habitantes bajo la lógica del bien común, en un llamado a la solidaridad y una opción preferencial por los pobres,: había dicho el Papa a los jueces en 2019.

Las acciones concretas necesarias incluyen "máximas autoridades, y por cierto del poder judicial, para reducir la distancia entre el reconocimiento jurídico y la práctica del mismo", había dicho el Papa.

El Papa Francisco nombró presidente de la comisión a Roberto Andrés Gallardo, juez de Buenos Aires. Había sido presidente del comité desde su formación. Ana Inés Algorta Latorre, jueza federal de Porto Alegre, Brasil, fue nombrada vicepresidenta. Los miembros del Consejo proceden de Colombia, Chile, Perú y Estados Unidos, que está representado por Tamila Ipema, recientemente jubilada como jueza del tribunal superior de San Diego.