ROMA - Con una audiencia maratónica de siete horas, el juicio del Vaticano contra el cardenal Angelo Becciu y otras nueve personas, junto con tres entidades corporativas, se abrió con una ráfaga de cuestiones procesales y mociones de la defensa. La próxima audiencia fue fijada para el 5 de octubre.
Becciu y los demás están acusados de varios delitos, entre ellos fraude, peculado, abuso de poder, apropiación indebida, reciclaje y auto-reciclaje, corrupción, extorsión, publicación de documentos reservados, falsificación de documentos públicos y privados., relacionados con la compra de un edificio en Londres por valor de 400 millones de dólares que se inició en 2014.
Becciu es el primer cardenal en ser acusado y juzgado por un tribunal penal del Vaticano, así como el primer cardenal en el que su destino es decidido por jueces laicos y no por otros cardenales, según los términos de una reciente reforma del Papa Francisco.
El cardenal y monseñor Mauro Carlino, ex secretario personal de Becciu, fueron los únicos dos acusados presentes durante la audiencia del martes.
El caso se basa en una extensa investigación de dos años sobre la gestión supuestamente delictiva de los activos de la Secretaría de Estado, el departamento central de coordinación del Vaticano, incluidas las donaciones de innumerables católicos de todo el mundo como parte de la colecta anual del Óbolo de San Pedro.
El martes, en una sala de los Museos Vaticanos convertida en tribunal, se agolpaban unos 30 abogados, 27 en representación de la defensa y los otros tres en representación de diversas partes interesadas. La mitad de los abogados intervinieron durante la audiencia.
De traje gris, cruz pectoral plateada y barbijo celeste, el Becciu -que no perdió el título de cardenal- se sentó en la última fila, se mostró tranquilo y confiado en que este proceso -que podría durar años-, pueda demostrar su inocencia.
"Siempre he sido obediente al Papa", dijo a los periodistas presentes. "Me ha encomendado muchas misiones en mi vida, ha querido que venga a juicio y estoy viniendo a juicio".
"Estoy sereno, tengo la conciencia tranquila, tengo la confianza de que los jueces verán los hechos correctamente y mi gran esperanza es la certeza de que reconocerán mi inocencia", dijo.
Becciu, que en su día fue el jefe de gabinete en el Vaticano del Papa Francisco, también anunció que demandará a otras dos conocidas personalidades del entorno del Vaticano por difamación por las declaraciones que hicieron a los fiscales y que repitieron en entrevistas a los medios de comunicación.
Uno de los abogados de Becciu, Fabio Viglione, planteó la nulidad de la citación de su defendido por “omisión de interrogatorio. “Su eminencia jamás fue llamado a defenderse personalmente. Antes de ser enjuiciado, el inculpado debe poder ser escuchado. Y no se hizo”, denunció.
El abogado del purpurado también reclamó reclamó la nulidad de los cinco interrogatorios a los que se sometió monseñor Alberto Perlasca, durante años jefes de la oficina de administración de la Secretaría de Estado, y el gran arrepentido en este proceso. Becciu es acusado de haber intentado sobornar a Perlasca, para que se retractara.
El resto de los acusados no acudieron a la audiencia del martes, entre ellos la laica italiana Cecilia Marogna, antigua confidente de Becciu y la única mujer que entre los acusados; el laico suizo René Brülhart, ex presidente de la Unidad de Inteligencia Financiera (AIF) del Vaticano; y la antigua mano derecha de Brülhart, Tommaso Di Ruzza.
El abogado de Enrico Crasso, un financiero italiano y antiguo asesor de la Secretaría de Estado, presentó una moción a la que se sumaron otros equipos de defensa para que se desestimara el caso por errores en la presentación de pruebas, es decir, la obligación de los fiscales de entregar todos los archivos en el momento oportuno, y también por falta de jurisdicción, ya que los presuntos delitos de Crasso no se produjeron en territorio vaticano.
En el centro del caso de los fiscales está la inversión de la Secretaría de Estado en un edificio del lujoso barrio londinense de Chelsea. El Vaticano habría perdido millones en la transacción, incluyendo unos 15 pagados a un corredor italiano, Gianluigi Torzi, que también está siendo juzgado, en lo que los fiscales han descrito como "un podrido sistema depredador y lucrativo" en la Secretaría de Estado bajo la mirada de Becciu.
Todos los procesados han negado haber cometido delitos. Se enfrentan a penas de prisión, multas o ambas cosas si son condenados.
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