El cardenal Sean P. O'Malley, presidente de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, es fotografiado durante un seminario sobre la salvaguarda de los niños en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma el 23 de marzo de 2017 (CNS/Paul Haring)
ROMA - En los últimos días se produjo en Italia una historia deprimentemente familiar: la detención de un sacerdote de confianza y veterano dirigente de la educación católica por presuntos abusos a un antiguo monaguillo, que comenzaron cuando el joven tenía sólo 12 años y se prolongaron durante años.
Aunque la orden de detención se centra en esa acusación, el sacerdote, el padre Andrea Melis, de 60 años y miembro de los escolapios de la región septentrional italiana de Génova, también está siendo investigado por la presunta captación de al menos otras siete posibles víctimas.
Según los investigadores, Melis, que actualmente se encuentra en régimen de reclusión domiciliaria, presionaba a sus víctimas con besos, abrazos y otros favores sexuales, a cambio de regalos como cigarrillos electrónicos, ropa de marca y videojuegos.
Para empeorar las cosas, se ha sabido que Melis es seropositivo, debido a una infección que contrajo hace 12 años durante un viaje misionero a África. Sus abogados insisten en que está en tratamiento desde hace una década y que sus medicamentos han hecho que el virus no pueda transmitirse, y una prueba de VIH realizada a su supuesta víctima dio negativo.
Hasta ahora, el propio Melis se ha acogido al derecho que le confiere el procedimiento penal italiano de no responder a las acusaciones, ni declararse inocente ni confesarse culpable.
Aunque se trata de una historia atroz, hay otros detalles que merece la pena mencionar.
En primer lugar, nadie en la cúpula eclesiástica ha tratado de sugerir que Melis es objeto de un frenesí mediático o de un chantaje impulsado por los abogados, como se oía a menudo hace apenas una década.
En cambio, el obispo Calogero Marino de Savona-Noli, donde se encuentra la actual parroquia de Melis, hizo leer una carta en las misas del pasado domingo en la que expresaba su dolor y cercanía a las víctimas y añadía: "Los abusos son aún más graves si los comete un ministro de Dios".
Tampoco ha habido ningún esfuerzo de encubrimiento.
Cuando aparecieron los primeros informes sobre Melis, la archidiócesis de Génova, donde había trabajado durante años en el sistema de escuelas católicas, inició inmediatamente un procedimiento canónico e informó al Vaticano. De acuerdo con los nuevos protocolos, Melis fue rápidamente suspendido de todos sus cargos en la archidiócesis de Génova, en su diócesis actual y en su orden, y los funcionarios de esas sedes están cooperando en la investigación de las autoridades civiles.
La federación de escuelas católicas que presidía Melis también ha emitido un comunicado en el que expresa su dolor por lo ocurrido, su cercanía a las víctimas y su plena confianza en el sistema de justicia civil, además de revelar que, cuando surgieron las acusaciones, Melis fue despojado de todas sus funciones en la organización.
Menciono todo esto porque, aunque más de 6.000 kilómetros separan Génova de Boston, hay sin embargo una línea recta que conecta Beantown y su pastor saliente, el cardenal Sean O'Malley, con los sucesos de la capital de la región italiana de Liguria.
El cardenal Seán P. O'Malley de Boston dirige un paseo al amanecer para poner fin a los abusos el 18 de noviembre de 2021, frente al hotel de Baltimore donde se celebraba del 15 al 18 de noviembre la asamblea general de otoño de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. (CNS/Bob Roller)
Si nunca hubiera habido un escándalo de abuso sexual clerical en el catolicismo, O'Malley, cuya renuncia fue aceptada por el Papa Francisco el 5 de agosto, todavía habría sido uno de los líderes eclesiásticos más notables de principios del siglo XXI. Habría destacado por su firme defensa de la vida a pesar de servir en una de las ciudades políticamente más liberales y proabortistas del país, por no mencionar su apasionada defensa de los inmigrantes basada en toda una vida de atención pastoral a migrantes y refugiados.
Quizá lo más llamativo habría sido su forma de encarnar el centro católico en una época profundamente polarizada, en la que las cosas parecen desmoronarse y el centro no puede sostenerse. Irrita alternativamente a la derecha y a la izquierda, la clásica prueba de equilibrio.
Pero, por supuesto, hay una crisis de abusos sexuales en la Iglesia católica, y el párrafo principal del obituario de O'Malley, cuando quiera que llegue ese día para el prelado octogenario, sin duda destacará su papel como pionero de la reforma.
Seamos claros.
El hecho de que ya no se considere aceptable que los obispos rodeen los vagones, al menos en público, cuando surgen acusaciones de abusos; el hecho de que los obispos cooperen ahora generalmente con las investigaciones civiles, en lugar de invocar la autonomía de la Iglesia; el hecho de que se espere de los obispos que se pongan en contacto con las víctimas, que inviten a otros a denunciar y que no hagan de los derechos procesales de los clérigos acusados su prioridad; todas esas transiciones, en cierta medida, se deben al ejemplo y al liderazgo de O'Malley, que se vio inmerso en el infierno de Boston en 2003 y ha tenido que seguir apagando fuegos durante los últimos 20 años.
Aunque nadie lleva estadísticas sobre este tipo de cosas, estaría dispuesto a apostar que pocos prelados católicos han pasado más tiempo en las últimas dos décadas reuniéndose con supervivientes de la guerra que O'Malley.
Aunque nadie lleva estadísticas sobre este tipo de cosas, estaría dispuesto a apostar que pocos prelados católicos han pasado más tiempo en las últimas dos décadas reuniéndose con supervivientes de abusos clericales, escuchando sus historias, rezando con quienes lo desean y llorando con quienes lo necesitan.
O'Malley lo ha hecho no solo como arzobispo de uno de los epicentros de la crisis, sino también como presidente de la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores, el organismo que el Papa Francisco puso en marcha en 2014 para asesorarle sobre la reforma.
Cierto es que la trayectoria de O'Malley no es incontestable.
De hecho, poco después de que se anunciara su dimisión, el grupo de reforma BishopAccountability.org publicó una declaración en la que se refería a lo que denominaba el "legado de fracasos" de O'Malley, citando varias omisiones en una lista de clérigos acusados de Boston que publicó en 2011 y que, según el grupo, nunca se subsanaron.
La declaración también aludía a interrogantes sobre el liderazgo de O'Malley al frente de la comisión pontificia y, sinceramente, es más fácil citar a antiguos miembros que se han marchado por protesta o frustración (Peter Saunders, Marie Collins, el padre Hans Zollner, SJ) que identificar algún éxito brillante que haya tenido el grupo.
A muchos observadores todavía les resulta difícil articular exactamente cuál es la misión de la comisión, o cómo se supone que debe funcionar su nueva configuración como parte del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Aunque no todo sea culpa de O'Malley, él es el presidente y la responsabilidad recae sobre su mesa.
Sin embargo, esto es lo esencial: Aunque sigue siendo un trabajo en curso, y aunque todavía hay demasiados casos en los que la retórica y la realidad no se alinean - testigo, por ejemplo, de la reciente gestión del caso del padre Marko Rupnik, que no ha sido exactamente una lección de transparencia o sensibilidad - es indiscutible que el catolicismo de 2024 frente a la tragedia de los abusos sexuales está muy lejos de la defensiva automática, la negación y la desviación de hace 20 años.
Sólo por eso, los católicos de todo el mundo tienen una deuda de gratitud con O'Malley. Eso incluye, ahora mismo, a la buena gente de Génova.