El gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió una orden el 28 de julio que otorga a la policía estatal la autoridad para detener y confiscar, si es necesario, cualquier vehículo que transporte a migrantes que hayan cruzado la frontera ilegalmente.

Él manifestó que la medida es para evitar que el COVID-19 se propague a la comunidad. Sin embargo, algunos dicen que tal orden equivale a un perfil racial.

La orden se produjo tras un informe sobre una familia de inmigrantes que se encontraba alojada en un refugio dirigido por una organización sin fines de lucro católica. La familia salió a un lugar de comida rápida y, cuando un oficial de policía los interrogó, ellos le dijeron que habían dado positivo por COVID-19.

La hermana Normal Pimentel, de la comunidad religiosa Misioneras de Jesús y directora ejecutiva de Caridades Católicas del Valle del Río Grande en Brownsville, Texas, trató de aclarar lo sucedido en un video de Facebook Live el 29 de julio.

La familia involucrada había sido puesta en cuarentena en un hotel, donde la organización católica sin fines de lucro los había llevado después de que fueron liberados por la Patrulla Fronteriza y de dar positivo por el virus.

Caridades Católicas del Valle del Río Grande, en la Diócesis de Brownsville, tiene una larga historia ayudando a migrantes liberados de la custodia federal, dándoles comida y refugio antes de que vayan a sus destinos finales en Estados Unidos.

Debido al COVID, explicó la hermana Pimentel, familias que tienen un miembro que da positivo son puestas en cuarentena en un hotel. Aunque no es un requisito que todos los miembros estén en cuarentena, algunas familias quieren permanecer juntas. Es una práctica que Caridades Católicas RGV puso en marcha desde la pandemia.

El incidente, acotó Pimentel, se produjo porque "una de las familias decidió salir de la habitación (del hotel) e ir a comprar una hamburguesa". Pero eso no significa que todos hace eso, dijo.

"Lo que estamos viendo hoy, esta desinformación, que son todos, que las familias están por todas partes, exponiendo a todos a COVID, es falso. No es cierto", señaló en la entrevista de Facebook Live realizada por la Diócesis de Brownsville.

El obispo de Brownsville, Daniel E. Flores, hizo una publicación en Twitter el 28 de julio, después de que se anunciara la medida.

"Caridades Católicas RGV ayuda a familias que nos son referidas por la Patrulla Fronteriza, una entidad federal. ¿Cómo puede la orden del gobernador identificarlas como 'ilegales' y cómo buscarlas no constituye un perfil racial de personas que están legalmente en Estados Unidos?" tuiteó.

Caridades Católicas RGV generalmente transporta a migrantes a sus refugios y ahora a hoteles para ponerlos en cuarentena. Esta orden podría afectar en gran medida las operaciones diarias de esta organización benéfica como también las de otras organizaciones sin fines de lucro.

La orden del gobernador republicano decía que "ninguna persona, que no sea un funcionario policial federal, estatal, o local, deberá proporcionar transporte terrestre a un grupo de migrantes que hayan sido detenidos por CBP (Aduanas y Protección Fronteriza) por cruzar la frontera ilegalmente o que habrían estado sujetos a expulsión bajo el Título 42".

La política del Título 42 es una medida de salud pública promulgada por la administración de Donald Trump en marzo de 2020 en un esfuerzo por evitar que migrantes crucen las fronteras de Estados Unidos, indicando que es para proteger a las personas de la propagación del COVID-19. La administración de Joe Biden la ha mantenido vigente, pero se han hecho algunas excepciones y no se aplica a menores.

Refiriéndose al incidente que involucró a la organización católica sin fines de lucro, la orden del gobernador sostenía que "autobuses llenos de migrantes -- de los cuales un número desconocido estarían infectados con COVID-19 -- están siendo transportados a comunidades en todo el estado de Texas, exponiendo a los tejanos a la propagación de COVID- 19, como ya se ha informado en ciudades como La Joya, entre otras".

Sin embargo, una declaración de la hermana Pimentel publicada por Caridades Católicas RGV decía que "en ningún momento" las familias de inmigrantes con COVID positivo han estado caminando, exponiendo a otros en la comunidad.

"Se mantienen aislados hasta que dan negativo", expresó la hermana Pimentel. "El incidente de La Joya es un caso aislado, en un nuevo lugar que recién comenzamos a utilizar. Este incidente ha provocado mucha desinformación y lamentablemente con graves consecuencias".

Ella dijo que la comunidad puede permanecer segura mientras otros ayudan a "nuestros huéspedes que necesitan nuestra atención con dignidad y respeto".

Refiriéndose a la orden del gobernador, la hermana Pimentel dijo que "cualquier ley o política que contribuya al sufrimiento humano es incorrecta y debe corregirse".

"Insto a líderes estatales y locales que reconsideren sus acciones y trabajen con nosotros y otros socios comunitarios para ayudar a garantizar que todas las personas, ya sean miembros de la comunidad a largo plazo o recién llegados que huyen de la violencia, sean tratados con dignidad y que trabajemos juntos para mantener a nuestra comunidad segura," ella dijo.

Un informe local en valleycentral.com dijo que las autoridades fueron llamadas al lugar de comida rápida después de que "alguien llamó a la policía para alertarlos de que había una familia tosiendo, estornudando, y sin máscaras, según dijo la policía".