La administración Biden anunció el 2 de agosto que continuaría implementando una regla de salud pública impuesta por la administración Trump, diciendo que los migrantes en los cruces fronterizos de Estados Unidos serían rechazados al intentar entrar al país mientras se trata de controlar un alza de casos de COVID-19.
El gobierno sigue las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), que dijeron en una declaración del 2 de agosto que permitir la entrada a personas "no ciudadanas", por los cruces fronterizos de Canadá o la frontera con México, "crea un grave peligro de la introducción de COVID-19 a los Estados Unidos".
Los menores no acompañados están exentos y se han hecho algunas excepciones para algunas pero no todas las familias.
Los defensores de la inmigración habían escuchado que la regla se suspendería a fines de julio para todas las familias que cruzaran la frontera, a pesar de que habían pedido que se eliminara por completo.
Pero las últimas instrucciones de los CDC dicen que la suspensión temporal de permitir la entrada de estos migrantes es necesaria para proteger la salud pública dada la amenaza de variantes emergentes y dijo que se revisará cada 60 días.
La noticia fue un golpe a quienes habían anticipado al menos un levantamiento parcial de la medida.
Grupos como la Unión Americana de Libertades Civiles intervinieron de inmediato y dijeron que presentarán una orden judicial preliminar para parar el uso del Título 42, una disposición de la ley de salud pública de EE. UU. que los funcionarios de la administración Trump implementaron para mantener alejados a los migrantes a medida que las infecciones por COVID-19 comenzaron a aumentar en los EE. UU. en 2020.
Debido a esta disposición, se ordenó a los agentes de la Patrulla Fronteriza de los EE. UU. que expulsaran a cualquier persona que intentara ingresar ilegalmente a los EE. UU. en vez de procesarlos según la ley de inmigración existente.
Las cifras publicadas al 16 de julio en el sitio web de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. estiman más de 752,000 expulsiones bajo el Título 42 durante el año fiscal 2021 del gobierno federal.
David Shahoulian, subsecretario de política fronteriza e inmigratoria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dijo en una presentación judicial del 2 de agosto que "Estados Unidos se encuentra actualmente con un número récord (de ingresos) de no ciudadanos, incluso familias, en la frontera".
"Estos encuentros han abrumado las operaciones del DHS y han provocado que las instalaciones fronterizas se llenen más allá de su capacidad operativa normal, lo que ha afectado la capacidad de emplear el distanciamiento social en estos entornos congregados", dijo.
El departamento también está viendo "tasas significativamente altas de no ciudadanos" con COVID-19, según la presentación, lo que significa que el hacinamiento en sus instalaciones "crearía riesgos significativos para la salud pública".
El 28 de julio, solicitantes de asilo, grupos de derechos humanos y líderes religiosos participaron en una vigilia frente a la Casa Blanca pidiendo el fin de la medida y exigiendo que en vez de expulsar a los migrantes, la administración "cree un sólido sistema de recepción humanitaria que incluya centros de bienvenida en la frontera y gestión de casos", dijo un comunicado de prensa de la Coalición de Inmigración Interreligiosa.
Pero la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo el 2 de agosto que la administración seguiría siguiendo la información de los CDC para obtener orientación sobre cómo proceder.
"No sabemos cuándo ... levantarán el Título 42, pero seguiremos lo que (los CDC) nos brinden esa orientación", dijo.
