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Tribunal exime temporalmente a cuatro órdenes de religiosas de la ley de suicidio asistido de Nueva York

El 30 de julio, un juez federal eximió temporalmente a cuatro órdenes religiosas femeninas y a ministerios católicos de salud de la aplicación de una ley del estado de Nueva York que permite a los médicos ayudar a adultos con enfermedades terminales a morir mediante el suicidio.

Las entidades católicas --las Hermanas Carmelitas para los Ancianos y Enfermos (Carmelite Sisters for the Aged and Infirm), las Hermanas Dominicas de Hawthorne, las Hermanas Misioneras de San Benito y las Hermanitas de los Pobres-- demandaron al estado el 17 de julio, argumentando que la ley las obligaría a facilitar ese tipo de muertes a sus pacientes, lo cual violaría su fe.

“Las familias nos confían a sus seres queridos porque saben que nuestros hogares serán lugares de ternura, dignidad y cuidado fiel”, dijo la Madre Mary Rose Heery, priora general de las Hermanas Carmelitas para los Ancianos y Enfermos, en un comunicado del 31 de julio. “Estamos agradecidas de poder seguir honrando esa confianza y permanecer al lado de cada residente hasta el final”.

La orden de restricción temporal de la jueza federal de distrito Anne M. Naracci también establece el 20 de agosto como fecha límite para que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, responda a la moción de emergencia.

La oficina de James no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de OSV News.

Los defensores del suicidio asistido por un médico sostienen que esta práctica protege la autonomía de las personas que sufren o padecen una enfermedad terminal en sus últimos días, pero los opositores argumentan que la práctica ignora la dignidad de la vida humana y deja a quienes están enfermos o moribundos vulnerables a la coacción, entre otras preocupaciones.

El Catecismo de la Iglesia Católica condena explícitamente la práctica de la eutanasia y el suicidio asistido por un médico como “moralmente inaceptable” y una violación del Quinto Mandamiento: “No matarás”.

La gobernadora Kathy Hochul, demócrata de Nueva York y de religión católica, firmó en febrero la Ley de Asistencia Médica para Morir (Medical Aid in Dying Act), argumentando que había “asegurado” medidas de protección durante el proceso legislativo que garantizaban la “integridad de la decisión del paciente y la preparación de las instituciones médicas”. Los obispos católicos del estado se encontraban entre quienes se opusieron a la ley, la cual autoriza a los neoyorquinos con enfermedades terminales y menos de seis meses de vida a solicitar el suicidio asistido por un médico.

“Obligar a religiosas católicas a participar en el suicidio --y privar a los neoyorquinos de la opción de recibir atención fiel y que defienda la vida-- es tanto ilegal como injusto”, afirmó Mark Rienzi, presidente de Becket, un bufete de abogados especializado en libertad religiosa, y abogado principal de los ministerios de salud, en un comunicado del 31 de julio.

“Este acuerdo protege a las hermanas y a quienes atienden mientras luchamos para poner fin de una vez por todas al mandato de suicidio de Nueva York”, dijo.

El obispo John O. Barres, de Rockville Centre, Nueva York, dijo en un comunicado emitido a través de Becket: “Este acuerdo es un primer paso importante hacia la protección de la libertad religiosa”.

“Nueva York no puede obligar a la Iglesia a responder al sufrimiento con el suicidio ni a abandonar a los enfermos y moribundos cuando más necesitan atención”, señaló. “Hasta que se resuelva nuestra batalla legal, este acuerdo provisional permite que nuestros ministerios sigan funcionando con libertad para atender a todos los pacientes según el Evangelio. Seguimos proclamando que toda vida humana es sagrada y digna de amor hasta su fin natural”.

Asimismo, el 31 de julio, la Conferencia Católica del Estado de Nueva York presentó un comentario público ante el Departamento de Salud del estado en el que calificó a la Ley de Asistencia Médica para Morir como “la legislación de salud pública más significativa --y errónea-- de los últimos años”.

Argumentaron que las regulaciones propuestas por el estado para implementar la ley no logran “proporcionar una supervisión adecuada de la práctica de la ayuda médica para morir” y no logran “resolver las fallas en las disposiciones de protección de la conciencia en la ley de ayuda médica para morir”.

La demanda de las entidades católicas contra la ley de suicidio asistido es una de varias demandas presentadas por monjas católicas contra leyes recientes del Estado de Nueva York.

A principios de este año, las Hermanas Dominicas de Hawthorne, que administran un programa de cuidados paliativos de 42 camas para personas pobres en fase terminal, impugnaron una ley que establecía requisitos sobre adaptaciones relacionadas con la identidad de género para los residentes de hogares de ancianos.

Nueva York es uno de los 13 estados del país, además del Distrito de Columbia, que han legalizado el suicidio asistido. Está previsto que la ley estatal entre en vigor el 5 de agosto.

Kate Scanlon
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Kate Scanlon