Los obispos de Estados Unidos y otros grupos católicos han presentado comentarios públicos expresando preocupación por propuestas de regulaciones federales --que aún necesitan ser aprobadas-- que restringirían aún más el acceso de solicitantes de asilo y otros migrantes, así como de sus familias, a permisos de trabajo y asistencia de vivienda.
Erin Corcoran, profesora asociada y directora ejecutiva del Instituto Kroc de Estudios Internacionales para la Paz de la Universidad de Notre Dame, dijo a OSV News que, en conjunto, las dos normas --que aún no han sido finalizadas-- forman parte de las "barreras procesales para los solicitantes de asilo" impulsadas por la segunda administración Trump.
Las barreras procesales para solicitar autorización de trabajo, explicó, generan "más consecuencias económicas para estas personas", lo cual puede ser "muy deshumanizante". También señaló que las restricciones al trabajo aumentan la necesidad de beneficios de vivienda.
Las regulaciones propuestas por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU. (HUD, por sus siglas en inglés) prohibiría que personas que no sean ciudadanos estadounidenses o ciertas categorías de no ciudadanos elegibles participen en programas de vivienda asistida del departamento. Esta propuesta, según reportes, podría resultar en la eliminación de los subsidios federales de vivienda para familias con estatus migratorio mixto.
En un comunicado de prensa emitido en febrero sobre la propuesta, HUD argumentó que el reglamento cerraría lo que llamó la "laguna del compañero de cuarto", afirmando que quienes no tienen estatus legal "ya no podrán aprovechar beneficios financiados por los contribuyentes destinados a ciudadanos estadounidenses o personas con estatus elegible".
Pero los críticos sostienen que la propuesta --a veces denominada la regla de estatus mixto-- obligaría a familias que cuentan con miembros ciudadanos elegibles para los subsidios de vivienda y con no ciudadanos no elegibles a quedar totalmente excluidas de la asistencia de vivienda, en lugar de mantener la práctica actual de ofrecer tarifas prorrateadas para los miembros elegibles.
"Actualmente, las familias de estatus migratorio mixto solo reciben el subsidio federal por cada integrante que cuenta con un estatus legal en el país; quienes son indocumentados no reciben la ayuda", explicó un reportaje de Telemundo sobre la norma propuesta. Según un comunicado de HUD, el gobierno estima que aproximadamente 24.000 inmigrantes inelegibles y 20.000 más que habitan en "hogares de estatus mixto" se benefician de la asistencia.
Pocos días después, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) emitió una propuesta de reglamento que modificaría los requisitos de presentación y elegibilidad para solicitantes de asilo que solicitan autorización de empleo, introduciendo además un período de espera más prolongado. DHS argumentó que la normativa reduciría solicitudes frívolas o fraudulentas, sin embargo, los críticos afirman que introduciría nuevas ineficiencias debido a las nuevas demoras en el proceso de solicitud.
Ambas regulaciones fueron emitidas en febrero. El período para comentarios públicos sobre cada una cerró en abril.
La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés) y Catholic Legal Immigration Network Inc. (CLINIC) escribieron en una carta de comentarios públicos enviada al DHS el 24 de abril que los cambios propuestos "socavarían los derechos de las personas desplazadas que buscan asilo en Estados Unidos al excluirlas del trabajo en la economía formal, limitando no solo su capacidad de acceder a asesoría legal y pagar las tarifas ahora requeridas para solicitar asilo, sino también su capacidad de mantenerse a sí mismas y a sus familias con seguridad y dignidad".
Corcoran subrayó que la autorización de trabajo no significa "garantizarle a alguien un empleo, sino simplemente garantizarle la posibilidad de solicitar uno".
La regulación del DHS fue propuesta antes de que Kristi Noem fuera removida como secretaria del Departamento de Seguridad Nacional. Desde entonces, Markwayne Mullin fue confirmado para ese cargo.
Karen Sullivan, directora de incidencia política de CLINIC, dijo a OSV News: "Solo podemos esperar que el nuevo liderazgo lea este reglamento propuesto con ojos frescos y reconozca el daño que causará a quienes ya han sufrido tanto".
"Todos queremos asegurar la integridad del sistema de asilo, para que no sea abusado y sus beneficios estén disponibles para quienes más los necesitan. Pero las medidas de integridad que perjudican tanto a solicitantes creíbles como a quienes presenten solicitudes frívolas degradan la integridad del sistema de asilo al perjudicar precisamente a quienes pretende proteger", añadió Sullivan.
Cecilia Esterline, analista senior de políticas migratorias del centro no partidista Niskanen Center, quien también presentó comentarios críticos sobre la propuesta, dijo a OSV News en una entrevista del 11 de mayo que el reglamento del DHS introduciría nuevas ineficiencias en el proceso de solicitud, como exigir la presentación de datos biométricos cada 18 meses, lo que implicaría tomar huellas digitales a los solicitantes cada año y medio.
Introducir nuevos retrasos en ese proceso, argumentó Esterline, sería "un desastre operativo, porque USCIS (el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos) es una agencia financiada por tarifas, y por lo tanto no necesariamente recibe muchos fondos del Congreso".
Por ello, explicó, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. depende de esas tarifas para "mantener sus puertas abiertas", por lo que añadir un período de espera probablemente no mejoraría la eficiencia ni la rapidez, ya que resultaría en una reducción de fondos disponibles.
El Center for Immigration Studies, el cual apoya bajos niveles de inmigración, presentó comentarios públicos a favor de algunos aspectos de la propuesta, como la entrega de datos biométricos por parte de los solicitantes, argumentando que eso "reduciría brechas de seguridad en el sistema de asilo".
Esterline dijo que "la premisa de que personas sin una solicitud válida de asilo están utilizando el sistema actual y sus ineficiencias para obtener acceso a permisos de trabajo es un diagnóstico correcto del problema".
"Pero ese problema está impulsado por las ineficiencias de nuestro sistema, y las propuestas del DHS en realidad aumentan la ineficiencia", afirmó. "La idea de que alguien tenga que ir personalmente a entregar sus huellas digitales cada 18 meses, para algo que simplemente es una renovación, es un requisito bastante absurdo".
En una carta con comentarios públicos, con fecha del 21 de abril, la USCCB, Catholic Charities USA, la Sociedad de San Vicente de Paúl de Estados Unidos, CLINIC y la Asociación Católica de Salud de Estados Unidos dijeron que querían "expresar nuestra profunda preocupación" al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) respecto a la regulación propuesta que busca imponer requisitos más estrictos de elegibilidad para las familias que reciben asistencia de vivienda, al exigir que todos los integrantes del hogar tengan un estatus migratorio elegible. Esto impactaría a familias de estatus mixto, donde --según varios expertos-- miembros ciudadanos podrían perder ayuda si conviven con familiares indocumentados.
"Nuestras organizaciones tienen serias preocupaciones sobre la regla propuesta, la cual creemos que es contraria a la ley y entra en tensión con la dignidad de la persona, la santidad de la familia y el bien común que estamos llamados a apoyar", señala la carta.
Corcoran señaló que el reglamento propuesto de HUD probablemente provocaría que las familias no puedan vivir juntas, ya que "la mayoría de las familias inmigrantes viven en hogares mixtos o familias de estatus mixto por diversas razones".
Añadió que las dos regulaciones afectan "directamente" a quienes tienen solicitudes de asilo pendientes y aún no han recibido autorización de trabajo.
"Además de no poder trabajar, no eres elegible para recibir beneficios federales, así que no puedes recibir asistencia de vivienda, cupones de alimentos, ayuda en efectivo, Medicaid ni Medicare, porque no tienes estatus. Solo tienes este estatus pendiente", explicó. "Y entonces realmente dependes de la generosidad de otras personas".
Kate Scanlon es reportera nacional de OSV News en Washington. Sígala en X @kgscanlon.
